Colombia: razones para la implementación de una política antidrogas

'La política antidrogas del Estado debe proteger a los consumidores para contribuir con su rehabilitación sin que medie algún matoneo, repudio, linchamiento o sanción social'.
 

La política antidrogas propuesta por el gobierno de la República de Colombia resulta sumamente acertada, considerándose la realidad que hoy aqueja a la juventud en el país. Día a día, la ciudadanía asiste como mudo testigo ante la infinidad de jóvenes adolescentes que acusan el golpe y las consecuencias de recaer en un flagelo inmisericorde que destruye las vidas, los hogares y las familias colombianas.

El consumo de sustancias alucinógenas se incrusta en el sano desarrollo de los jóvenes para arrebatarles la felicidad, sus sueños, metas, y proyectos de vida. La droga se presenta como un demonio encubierto de diversión, con la meta de corroer todos los aspectos positivos de la condición humana. No pueden existir tranquilidad, concentración y superación en el crecimiento de una nueva generación, cuando esta se encuentra extraviada por los vicios momentáneos. 

Tesis desacertadas proferidas por la Corte Constitucional, tales como la dosis de aprovisionamiento y el libre desarrollo de la personalidad, jamás debieron constituirse como prerrogativas para alcahuetear la drogadicción de las personas. En términos simples, lo que la Corte hizo fue permitirles a nuestros jóvenes perderse en las drogas alucinógenas bajo ciertos parámetros maquillados de legalidad. Como si consumir marihuana fuera positivo para la democracia y las generaciones venideras. ¡Habráse visto semejante despropósito! 

Por tal razón, debe prohibirse de tajo en cualquier evento el consumo, pues este es nocivo para los ciudadanos. Si bien quieren utilizar la marihuana, que lo hagan para efectos medicinales y con un previo dictamen médico; pero no para el uso personal de los colombianos. Este escenario solo conducirá a desgracias comunitarias.

Ahora, bien; es razonable considerar que cada uno pueda hacer con su vida lo que le plazca hasta el punto de drogarse; no obstante, no deja de resultar indispensable que el Estado, en su deber de garante, eche mano de todas las acciones necesarias a la hora de combatir un flagelo universal, lesivo para la salud pública nacional. Para ello, aunque curioso, es adecuado que decomisen la denominada dosis personal a quien se la encuentren. Sin embargo, la política antidrogas no puede ni debe reducirse a dicho aspecto de manera exclusiva, pues corresponde ejecutar una iniciativa integral, en la que se lidie con la producción, distribución y comercialización, combatiendo de manera vehemente el microtráfico, y el narcotráfico a través de la sustitución y fumigación de cultivos ilícitos por vía del glifosato.

Asimismo, es importante que el Estado garantice rehabilitación, regeneración y resocialización a los drogadictos que anhelan salir de su infierno, pero que no cuentan con las posibilidades socioeconómicas para hacerlo. Eso sí, sin señalarlos y estigmatizarlos por su condición mental, pues estos deben ser tratados meramente como potenciales enfermos y no como criminales deleznables, toda vez que no constituyen un peligro para la sociedad dado que son apenas las víctimas de quien les ha proveído alguna sustancia maligna.

En síntesis, el criminal que comercializa debe ser sancionado y el enfermo que consume debe ser rehabilitado. No podemos tratar al criminal desaforado como un enfermo consumidor, ni al enfermo consumidor como un criminal desaforado. El primero es el culpable de la crisis; el segundo es una simple víctima de la sustancia.