Colombia: aspectos necesarios de cara a una reforma judicial

Desde hace ya años, Colombia viene precisando la implementación de una reforma sustancial y estructural de su sistema jurisdiccional, toda vez que la Constitución Política de 1991 no ha pasado la prueba frente al funcionamiento de aquél. Lo cual es motivo de peso suficiente para preocuparse, y rasgarse las vestiduras. Cuando una nación carece ostensiblemente de un sistema que no imparte justicia de manera sólida, pronta, eficaz y oportuna, pues entonces, los ciudadanos y habitantes de esa nación jamás contarán con verdadera paz, tranquilidad, ni convivencia pacífica en comunidad. La justicia está por encima de todo; prevalece incluso ante cualquier anhelo de paz.

Las consecuencias de un mal funcionamiento en el aparato judicial conduce a conflictos de magnitud entre los administrados. En efecto, es de público conocimiento que el proceso judicial es la manifestación más pacífica y civilizada en el seno de una sociedad dada.

 

Así, pues, y a los efectos de contar con un sistema jurisdiccional-procesal sano, corresponde modificar innumerables aspectos pero, fundamentalmente, es menester comenzar por aquellos sujetos inescrupulosos -jueces o magistrados- que han hecho de la justicia un espectáculo soez en cuyo escenario la corrupción y la comercialización de fallos se han presentado como móviles para satisfacer agendas políticas y enriquecer las propias alforjas. El público ha tomado nota sobre escándalos como el cártel de la toga o la muy conocida congestión jurisdiccional, entre otros. Episodios que han derivado en situaciones lamentables y que motivan a enumerar las siguientes propuestas, de tal suerte que sea factible contribuir con la muy necesitada mejoría de nuestro aparato judicial.   

1.    El precedente judicial habrá de ser obligatorio: de esta manera, se evitará el denominado activismo de los jueces, que permite al operador excederse en sus funciones. Esta realidad, en no pocas ocasiones, ha devuelto resultados en donde ha debido tolerarse la arbitrariedad y discrecionalidad de un juez, a raíz de explicitar éste razonamientos, argumentos y posturas ideológicas, anteponiendo sus creencias sobre sus verdaderas funciones. 

2.    Asimismo, es menester ampliar -por vía de la Ley 640 del 2001- el requisito de procedibilidad de la conciliación extraprocesal a muchas más situaciones. Bajo este esquema, será posible dirimir mayores causas sin tener la necesidad de incurrir en un proceso jurisdiccional, tortuoso, largo y congestionado para el sistema.

3.    Suprimir, de plano, las potestades electorales de los magistrados. Solo a través de este instrumento, será posible derrotar al lobby gracias al cual funcionarios bien identificados obtienen prebendas, beneficios y canonjías en las que prima el denominado ‘Yo te elijo, tú me eliges’. Adicionalmente, esos mismos funcionarios dejarían de exhibirse condicionados, siendo imposible para ellos el obrar conforme a derecho, habida cuenta del favoritismo con el que los ha elegido. En este punto, es en el que consideramos que la Constitución de 1991 confiesa numerosos fracasos.

4.    Eventualmente, proceder a la creación de un organismo tipo jurisdicción que conozca en su totalidad únicamente las acciones de tutela. Iniciativa que permitirá contrarrestar efectivamente la discrecionalidad de la Corte Constitucional para elegir a dedo las acciones que discrecionalmente considera pertinentes y dignas de estudio o análisis. A partir de este novedoso organismo, el sistema optimizaría su proceso de selección de tutelas, conforme el mismo incrementaría las que se evaluarían -siendo muchas más que las actuales. Amén de ello, lograría evitarse la comercialización de fallos vía tutela, como infortunadamente sucedió pocos años atrás en la Corte Constitucional.

5.    Paralelamente, fortalecer el sistema de concurso de méritos, provisto que el mismo deviene en vital a la hora de considerar que jueces y magistrados han llegado a ejercer sus cargos por sus cualidades profesionales, técnicas y científicas -y no gracias a la cosecha de favoritismo político alguno, en donde el ya mencionado lobby desempeña un rol crítico. El fortalecimiento del concurso también logrará fortalecer la imparcialidad y la independencia como principios regidores de la actividad jurisdiccional.

6.    Se habrá de prohibir, de inmediato, y taxativamente en la norma y jurisprudencia, que tanto operadores jurisdiccionales como apoderados presenten intervenciones en medios de comunicación sobre los procesos que llevarán o están llevando. Aspecto fundamental si de lo que se trata es de hacer que prevalezca la reserva sumarial necesaria que garantice el trámite oportuno del proceso, y ofreciendo las debidas garantías al administrado. Naturalmente que no deberá tolerarse la filtración del contenido de los procesos a los medios masivos de comunicación. A tal efecto, vale remitirse al reprensible ejemplo ofrecido por cierto magistrado de la Corte Suprema de Justicia en el caso del llamado a indagatoria del ex presidente Alvaro Uribe. Conforme es de sencilla comprensión, esta actitud contribuye de manera explícita al incremento de la inseguridad jurídica, construyéndose un escenario negativo de falta de credibilidad y de legítima desconfianza en las funciones instituidas de cualquier tribunal.

Finalmente, los seis puntos mencionados se exhiben hoy como variables centrales, cuya implementación consolidará mejoras cualitativas sustanciales en la administración de justicia en la República de Colombia; en tanto la prioridad resulta indiscutible. A partir de aquí, la ciudadanía tomará nota sobre hasta qué punto las altas cortes tendrán interés en esta necesaria reforma, o si la rechazarán.