Apuntes sobre una eventual intervención militar en Venezuela

En los últimos días, ha cobrado relevancia la idea de una eventual intervención militar al narcorégimen, socialisto-comunista y revolucionario del dictador Nicolás Maduro -el cual también tiene por costumbre echar mano de la ejecución extrajudicial.

Los ciudadanos venezolanos así lo exigen, conforme han sido las víctimas primigenias de la opresión totalitaria. Los ciudadanos de la hermana república anhelan el retorno del Estado Democrático, realidad que solo podrá garantizarse por vía de una operación militar externa, pues no se conoce de otras alternativas que sirvan a efectos de retomar el orden y las libertades políticas, económicas y sociales de los venezolanos.

Por su parte, el gobierno de los Estados Unidos de América ha explicitado intenciones para proceder en consecuencia, no obstante, previendo las implicancias tras el escenario pues, en medio de la crisis, probablemente emerjan a la superficie las agendas e intereses de terceras superpotencias involucradas -tal es el caso, por ejemplo, de la República Popular China, cuyo régimen ha otorgado un notable espaldarazo a la dictadura del analfabeto Maduro. Motivo de preocupación suficiente para la región, conforme no es sencillo imaginar una inédita crisis diplomática regional de la que tomen parte naciones ajenas al continente. En tal caso, ¿cuál será, por ejemplo, la posición real de Naciones Unidas o de la Organización de Estados Americanos, ante la ponderación de una intervención militar externa en Venezuela? ¿Habrá neutralidad, o acaso se emitirán posturas claras desde tales organismos? Se trata de interrogantes de complejo planteo y resolución.

Entretanto, hemos de considerar que cualquier opresión dictatorial enquistada en un Estado determinado es ciertamente negativa para la democracia, habida cuenta de que es el conglomerado social el principal afectado. A tal efecto, deviene en vital el respaldo de la comunidad  internacional, por cuanto esta categoría de decisiones emerge estrictamente a partir de suscitarse un interés diplomático colectivo. No habrá margen para la duda: por estas horas, el problema de Venezuela compete a la totalidad del continente.

Ahora, bien; tampoco existen dudas al respecto de que el régimen criminal venezolano debe derrocarse. Sin embargo, el respaldo para estas acciones deberá ser mayoritario y contundente, tomándose como base que la consolidación de la miseria en la dirección de un Estado determinado es inadmisible. Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Tarek El Aissami y su Cártel de los Soles monopolizan el crimen organizado, delinquen a partir de haber infiltrado eficientemente la estructura del Estado, se enriquecen con el tráfico de estupefacientes, y, como si fuera poco, contribuyen  con un éxodo espantando a los ciudadanos débiles, tristes y desesperados que no soportan esa maligna realidad que los aqueja.

La cartelización del hambre, la escasez de rentabilidad en todo el alcance de la actividad económica, la violenta supresión de la empresa privada, la prominente estatización del aparato productivo y el sectarismo en los derechos sociales, se alzan como elementos de sobra para desear con alborozo la caída de esos bandidos arraigados en el poder. Naturalmente que, en el caso de la República de Colombia, será menester hacer que imperen la cautela y la debida prudencia, por cuanto el país podrá acusar grave impacto, en su carácter de vecino. En tal sentido, a nadie debería extrañar que Nicolás Maduro, en medio de la crisis y avizorando su caída, tome la decisión de agredir a Colombia -ya fuere con sus propias fuerzas armadas o recurriendo a sus aliados. Factor que, per se, justifica la adecuada gestión de firmeza -sin manchar una postura de neutralidad.