Cómo el Juez Kavanaugh cambiará a la Corte Suprema de Estados Unidos

Brett Kavanaugh juró como flamante magistrado en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América este pasado sábado, en tanto el martes 7 de octubre dio inicio a sus presentaciones, al regresar la Corte del receso por el feriado por Columbus Day.

Aquellos que esperaban cambios veloces y radicales en la jurisprudencia de la corte probablemente se vean decepcionados. Pero, en el largo plazo, parece haber pocas dudas al respecto de que el arribo de Kavanaugh conducirá hacia un importante refuerzo de derechos constitucionales tales como libertad religiosa, el derecho a tener armas, un mayor respeto por los límites al poder del Congreso y del Poder Ejecutivo, y, acaso más importante, habrá menos chances de que la corte considere nuevos derechos que no estén explícitamente tipificados en la Constitución.

Mucho se ha dicho en relación a las desagradables estratagemas empleadas por algunos senadores del Partido Demócrata y por sus aliados, al tener lugar la batalla por la confirmación de Kavanaugh. Pero la razón por la cual se involucraron en esa estratagema se debe a que los juzgados federales se han vuelto muy importantes en los intentos Demócratas para cambiar a EE.UU. y acercarlo a la utopía progresista por ellos ideada.

Durante décadas, el progresismo ha estado empleando los juzgados federales para implementar los cambios que no han podido consolidar a través del Congreso o de legislaturas estatales. Cuando no pueden convencer a votantes ni a legisladores, se empeñan en movilizar sus causas en jueces federales, para ignorar las leyes y a la Constitución, buscando imponer sus políticas públicas de orden social.

La batalla legal vinculada a la terminal Millennium de exportación de carbón en Longview se amplió, esta semana, hasta cosechar alcance nacional. Los Demócratas aún cuentan con cuatro magistrados federales en la Corte Suprema, sólidamente instalados, que probablemente se pronuncien en favor de su agenda progresista en el grueso de los temas pendientes, particularmente en cuestiones relacionadas con 'justicia social': aborto, preferencias raciales, matrimonio homosexual, y financiamiento de campañas políticas. Desde la perspectiva progresista, existe solamente una visión aceptable para la totalidad de esos temas.

Kavanaugh está reemplazando al magistrado Anthony Kennedy, para quien Kavanaugh trabajó. En numerosos terrenos, Kennedy era un simpatizante de línea dura de la Constitución. Naturalmente, votó para proteger a la Primera Enmienda en muchos casos previo a arribar a la Corte, particularmente en lo que tiene que ver con la ley de financiamiento electoral. Publicó su opinión en Citizens United, la decisión del año 2010 que eliminó límites existentes contra discurso político y gastos, decisión que ha sido criticada tanto de manera uniforme como injusta desde el espectro progresista.

Kennedy consignó el quinto voto decisivo, en el caso District of Columbia v. Heller, decisión de 2008 que confirmó el derecho de tener armas para todo ciudadano estadounidense, a la luz de la Segunda Enmienda. De tal suerte que existen muchos casos en los que Kennedy representó el quinto voto necesario para defender los derechos del ciudadano americano promedio, considerándose el Enunciado de Derechos (Bill of Rights) y otras enmiendas efectuadas a la Constitución.

De hecho, en su último periodo en la Corte, Kennedy personificó el quinto voto necesario en 19 casos de magnitud, incluyendo las resoluciones que respaldaron la prohibición de viajar a territorio estadounidense para ciudadanos extranjeros -propuesta del presidente Trump- y el descarte de una legislación del estado de Illinois en donde se forzaba a empleados gubernamentales a pagar las deudas a sindicatos a los cuales se rehusaban a unirse.

Por otro lado, desde el Caso Heller y la decisión de la Corte que le siguió en McDonald v. la Ciudad de Chicago, el tribunal ha tenido por costumbre evitar el tratamiento de casos vinculados a la Segunda Enmienda. Esto dio lugar a que jurisdicciones en todo el país impongan leyes y regulaciones restrictivas contra el derecho a tener armas, particularmente en lo que hace a derechos de portación -resoluciones restrictivas que han sido respaldadas por juzgados federales de menor instancia.

Dado el sólido historial de Kavanaugh en lo que respecta a la Segunda Enmienda, por lo cual ha sido duramente criticado por senadores del Partido Demócrata, uno puede esperar que, finalmente, la Corte Suprema se haga cargo de ese tipo de casos y refuerce sus precedentes. Kennedy también tenía, en ocasiones, la costumbre de tomar partido por el ala progresista de la Corte, creando derechos inexistentes sobre temáticas políticamente correctas, como ser pena capital, aborto y derechos para ciudadanos gay.

El punto central aquí no es que deba imponerse una de dos perspectivas. El punto es que muchos de tales temas no han sido tratados en la Constitución, y deberían ser resueltos en procesos legislativos; no por los tribunales.

Tómese, por ejemplo, el caso del matrimonio gay. Kennedy consignó el quinto voto esencial en el caso Obergefell v. Hodges, resolución de 2015 que creó un 'derecho' constitucional sobre matrimonio gay. Las leyes sobre matrimonio siempre han sido una prerrogativa de los gobiernos estatales, nunca del gobierno federal.

El matrimonio homosexual fue tratado por las legislaturas estatales, en tanto algunos decidieron reconocerlo; otros, no. Conforme lo expresara el magistrado Antonin Scalia en oportunidad de su crudo disenso, al descartar los derechos de los estados y los de sus votantes para decidir sobre el tema: Scalia sentenció: 'Se trata de una amenaza contra la democracia estadounidense'. Incluso Kennedy supo votar contra lo que el progresismo buscaba para la Corte; Kennedy votó demasiadas veces a favor de la agenda progresista pero, aún así, los referentes de esta ideología política conntinuaron buscando a los juzgados federales (y en particular, a la Corte Suprema) como sendero sustituto para implementar las políticas de orden social que no pudieron lograr implementar a través de los canales democráticos normales. Con Kavanaugh, no volverán a contar con esta posibilidad.

Lo cual, a su vez, podría reducir el poder de la Corte Suprema en torno de cuestiones políticas, sociales y culturales del país. Y esto será algo positivo.

La Corte Suprema jamás fue pensada por los Padres Fundadores de los Estados Unidos de América para desempeñarse como árbitro definitivo en la toma de decisiones sobre todo tema existente, ya fuere extranjero o de orden interno. Es, precisamente, la extensión del poder de la Corte en temas allí donde no debería ejercitar su poder, la variable que ha terminado por convertir a la confirmación de magistrados en una campaña política plagada de rencor. Lo cual perjudica la credibilidad del tribunal, en tanto daña seriamente todo esfuerzo de perseguir justicia en tribunales federales.

Artículo original, en inglés, en éste link