Colombia: ni prórroga ni reelección para alcaldes y gobernadores

El voto programático para alcaldes y gobernadores está establecido en Colombia a partir de la Constitución de 1991, por un periodo de cuatro años. Así se estipuló, y así debe mantenerse, por el bienestar de nuestra democracia. Los electores más que por un nombre, votan por una propuesta determinada, por tanto, no puede ni debe modificársele  a los representantes que estos eligen, el término de gestión para ejecutar un programa de gobierno determinado. Ello, además de inconstitucional, es arbitrario con los grupos y movimientos alternativos que esperan integrar una contienda para gobernar.

Complementariamente, para todas las regiones y municipios, resulta positivo que exista una renovación constante del mandato de sus gobernantes, pues de esta manera se satisfacen con mayor probidad las necesidades ciudadanas que emergen de la descentralización administrativa. Ergo, resulta más que desacertado atornillar en el poder a mandatarios locales o regionales. Y así se traduce, porque bien sabemos que la clave para progresar en las regiones se presenta cuando contamos con una renovación constante -el único modo aceptable para recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

Por ello, creemos que para aspectos regionales y municipales un término de cuatro años es más que suficiente para desarrollar cualquier plan de gobierno. De lo que surge que no debe haber opción para prórroga ni mucho menos para reelección. La prórroga es antidemocrática y la reelección es, sencillamente, descabellada. En nuestra opinión, reelegir  a un alcalde o a un gobernador es limitar el sano ejercicio del voto programático. Adicionalmente, de dicha manera se incrementaría la corrupción electoral por vía del clientelismo, favoritismo y compraventa de votos, convirtiéndose la situación en un aliciente para la ilegalidad.

Las regiones y los municipios demandan progreso social, generación de oportunidades, garantía de derechos sociales, e incentivos en las actividades económicas agrarias y, esto lo obtenemos cuando le damos oportunidad a múltiples personas de gobernar. No es admisible imaginarse en pueblos donde pelechan los cacicazgos y la corrupción al alcalde de turno  enquistado seis años en el poder. Mucho menos, podríamos imaginar su reelección. ¿Cómo fuera el clientelismo y la burocracia?

De solo imaginarnos la cacería de votos y las triquiñuelas electorales nos invade  en dimensiones mayúsculas un escozor descomunal. Por ello, debe mantenerse el período actual para alcaldes y gobernadores sin modificar las reglas esenciales de la Constitución y la ley. Ante todo, deviene en trascendental respetar los baluartes sagrados de la democracia.