Lomas Cash Servicios Financieros S.A., o la Temporada del Timador Semiprofesional
En la República Argentina, poco tiene de novedoso explayarse sobre la destacada amplificación que ha acusado...
En la República Argentina, poco tiene de novedoso explayarse sobre la destacada amplificación que han acusado los subrubros del fraude y de la estafa, en variopintos formatos.
Por caso, analistas económicos y dignatarios de prestigiosos estudios de abogados certifican que el incremento exponencial de estos episodios cobró particular fuerza a partir de la crisis de 2001, instancia en que la debacle macro del sistema dio lugar, entre sus principales y devastadores efectos, a una ruptura en la cadena de pagos y a una insoportable extensión en los plazos en el cobro de cheques (del estándar de treinta días, se pasó a los noventa, llegándose incluso a los ciento ochenta). Notablemente, la urgencia de numerosos titulares de pequeñas y medianas empresas por hacerse de fondos frescos con los cuales mantener vivas sus operaciones y evitar aterrizar de cabeza en un deshonroso concurso de acreedores, contribuyó a la proliferación de intermediarios y 'compradores' de cheques quienes -a cambio de onerosas comisiones- se propusieron como auténticos mesías para aquellos atribulados dueños de PyMEs.
Conforme era de esperarse, el Estado oteó una jugosa alternativa para apalancarse con dinero ajeno para, de esta manera, consolidar el cash flow del Tesoro, aumentando reiteradas veces el impuesto al cheque. El efecto multiplicador negativo de la iniciativa terminaría por encarecer las comisiones en las operaciones con esos documentos de pago, lo que a su vez engrosaría las ganancias de los intermediarios -particularmente los ingresos de los personeros de la piratería financiera. En éste lóbrego proscenio (como en muchos otros), el Estado Nacional argentino ha hecho las veces de franco aceitador de servomecanismos defraudatorios en el andarivel de los negocios privados y, lo que es más importante, puso de suyo para motorizar como nadie el auspicioso auge de las denominadas mesas de dinero. Como regla de oro, encumbrados traders y brokers que caminan a paso cansino por la Citi porteña, suelen enrostrarle a todo aquel que investigue estos pormenores una conmovedora sentencia: 'Detrás de toda mesa de dinero, siempre hay un político'. En la caída del telón, el credo en torno de las coincidencias quedará para dominio exclusivo del ingenuo o del negacionista destinado al tropiezo.
En el ínterin -y esto tampoco constituye novedad-, las diversas modalidades de estafa y defraudación jamás llegan a condenas de prisión efectiva, como tampoco a embargos ni confiscación de bienes -condición sine qua non para, eventualmente, depurar el sistema. Así las cosas, los incisos contenidos en el Artículo 172 y el Artículo 173 del Código Penal argentino (que tipifican prístinamente sobre fraudes y estafas) se ofrecen como mera regla de consulta o adorno bonito para manuales de Derecho, particularmente cuando la jurisprudencia argentina tiene por deleznable costumbre el respaldarse en la exigencia de certificación o prueba de dolo; en la práctica, un ejercicio cartesianamente imposible. A la sazón, el timador profesional tiene garantizada su impunidad desde el inicio, con lo cual retomará su riesgoso negocio. Otra consecuencia -si se quiere, no prevista- de la inacción del Estado es de inconveniente tratamiento: una multitud de diferendos terminan dirimiéndose en el cenagoso sendero de la justicia por propia mano. Aquí también debe rastrearse la responsabilidad de la dirigencia política argentina en otra resultante, a saber, la intensificación en las acciones emparentadas con el sicariato. La sobrecarga en la faena de las fuerzas de seguridad logrará que, ante tales escenarios, el esfuerzo investigativo se declare nulo, caratulándose rápidamente al hecho como vinculado al 'ajuste de cuentas'. Si la resolución del pago remite a una plausible negociación, el damnificado tomará contacto con algún ex comisario de la Policía Bonaerense dedicado a incobrables. Si, por el contrario, el cliente pondera que las palabras no ayudarán en nada, se hará del esquivo Whatsapp de algún hitman recomendado (en donde los matices empiezan por el barrabrava de barrio, para rematar en el 'mecánico', el sicario o el ejecutor profesional).
Sirva el prólogo aquí expuesto para acercar al lector al intrincado laberinto de irritación que ha generado el desfalco -bajo formato de trillado Esquema Ponzi- protagonizado por el trader Ariel Martín Barrio Otegui (alias 'Luli'; en la foto, hacia la derecha). Presentándose como empleado de Lomas Cash Servicios Financieros Sociedad Anónima (foto; sita en la calle Juan Segundo Fernández 67, San Isidro, Provincia de Buenos Aires), el individuo -otrora 'productor asociado' en obras de teatro junto al entrañable Ignacio 'Nacho' Laviaguerre- embaucó a un núcleo de inversores políticamente vinculados.
Los damnificados refieren que Luli operaba tomando cheques en modalidad 'gestión de cobranza', ofreciendo jugosos rendimientos. Entre sus víctimas, Otegui ponía especial atención en cooptar a inversores con efectivo contante y sonante nunca declarado a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), aspecto que ya revelaba sus verdaderas intenciones: defraudar a particulares que, tiempo después, se inclinarían por no denunciarlo judicialmente. El mecanismo empleado por el timador consistía en dedicar los cheques tomados a operaciones de 'gestión'; a posteriori, los bancarizaba vía la firma Lomas Cash, depositaba los fondos en una miríada de cuentas bancarias -redistribuyéndolos convenientemente- y percibiendo, al cierre, una comisión de entre 3 y 4.5 puntos porcentuales del dinero al momento de la acreditación.
En conformidad con el listado de perjudicados que hoy se agiganta, la maniobra de Barrio Otegui se sintetizó en la captura del negocio de los cheques y de las inversiones posteriores con los fondos representados por los mismos, explotando en el proceso la trayectoria de alguna firma relativamente conocida (Lomas Cash). El procedimiento defraudatorio se condice con el utilizado por otros muchos como él: se alquilan oficinas temporarias para recibir a las víctimas en la fase inicial; en los albores del esquema, la zanahoria cobra forma en el veloz pago de los cheques y de los dividendos obtenidos de la circulación en mesas de dinero. Estos subcapítulos, ordenados con precisión temporal, aseguran el regreso de los clientes a la oficina para aportar los fondos, pues entienden que el trader ya les ha traído resultados: se asiste al inevitable encandilamiento frente al dinero fácil y rápido. Al aproximarse la etapa de clausura para el mecanismo, el defraudador se alza con la totalidad del dinero recaudado de varias personas, previo a evaluar el instante ideal para hacerlo (el cual suele condecirse con el moméntum de mayor acaparamiento de fondos en ciclo de vida del sistema). Acto seguido, se vacían las oficinas de atención (para este caso, utilizó una unidad en el barrio cerrado Nordelta como oficina para recibir a la clientela actual y potencial), y el timador se moviliza para triangular el dinero apropiado. Pero deberá blanquearlo como propio: para tal fin, la producción en obras teatrales suele mutar en una práctica confortable, aunque herrumbrada. A la sazón, Otegui ha dejado un reguero de migajas de muy sencillo rastreo. Solo resta colegir si sus descuidos se deben a un recalcitrante amateurismo o a una imperturbable sensación de impunidad.
De aquí que, por estas horas, los operadores se aferren a la prerrogativa de huírle a cualquier posibilidad de acercarse a personeros de Lomas Cash, incluso poniendo esmero en diseminar lo que realmente está sucediendo con Ariel Martín 'Luli' Barrio Otegui y sus cercanos, en el muy estrecho círculo de los brokers financieros. Seguramente, los prolegómenos del monumental desbarajuste erigido por el personaje no tardarán en circular.
En la caída del telón, será lícito certificar que la temporada actual potenciará la cautela entre inversores privados y actores vinculados a la dirigencia política con problemas de abundante liquidez, a la hora de buscar con quién operar fondos no declarados. El próximo-pasado 19 del corriente, el periodista investigador Nicolás Pizzi (Infobae) desarrolló y publicó -junto a su colega Federico Mayol- una pieza de alto valor agregado que versa sobre las tropelías de Alejandro Talevi, tristemente célebre 'financista de los radicales'. Cultor del ponzismo como su similar Otegui, Talevi esbozó una suerte de epítome de la estafa a gran escala, apropiándose de un monto de dinero ajeno que extraoficialmente se ha calculado en torno de los AR$ 300 millones. En la clausura de su obra maestra, el carterista de altísimo vuelo puso pies en polvorosa y huyó -carcajada mediante- al Reino de España, mientras en la Argentina, damnificados y profesionales de la investigación se han volcado al arduo proceso de identificación de los defraudados. El condimento, en este caso, cobra forma en el sugestivo denuedo invertido en el ocultamiento: son muchos los interesados en que jamás se corra el velo sobre los apellidos de los grandes tenedores de dinero no justificado, pertenecientes al pantanoso espectro político. Y no habrá de tolerarse lapsus linguae alguno: de lo que se trata es del ilícito botín acumulado por afamados dirigentes.
Es Analista en Medios de Comunicación Social y Licenciado en Publicidad. Es Editor y Director de El Ojo Digital desde 2005.