Argentina: la inclaudicable voracidad tributaria de 'Cambiemos'

En lo que ha consignado un renovado avance en perjuicio de ahorristas e inversores, el Gobierno Nacional anunció que intentará -por todo medio disponible- reglamentar el impuesto a la renta financiera, previo al fin del año en curso. Se pagará a partir de las ganancias que excedan los AR$67 mil, y será del 5% para inversiones en pesos y del 15% para inversiones en dólares. La Ley 27.430 dispuso, en su oportunidad, gravar con ganancias a las rentas de fuente argentina obtenidas por personas humanas y por sucesiones indivisas residentes en el territorio nacional, que sean producto de distintas alternativas de inversión financiera (esto es, colocaciones en entidades financieras del país, títulos públicos, ON, FCI, bonos y otros valores)

 

El origen de este nuevo impuesto se remonta a diciembre del año pasado, instancia en la que la Administración Macri (una vez más, apelando a políticas de confesión progresista y populista) llevó a la práctica la idea de aprobar el proyecto de este gravamen; el cual supo ser fogoneado por el aprendiz incompleto en materia bursátil y financiera, el entonces Diputado Nacional Sergio Tomás Massa. Massa amenazaba con no dar quorum legislativo ni respaldar la reforma tributaria del oficialismo. A fin de cuentas, este tributo fue el causante directo del éxodo en masa de dólares a los mercados financieros extranjeros en el mes de abril de 2018, evento que concluyó con el proceso megadevaluatorio y de licuación que padecieron los ahorros en pesos de la ciudadanía, y que se agudizaría después, hacia agosto de 2018. Aquí deben rastrearse los albores de la la crisis financiera, al comenzar a estar vigente el gravamen contra los inversores externos.

En la práctica, el Impuesto a la Renta Financiera es el proverbial disparo en el pie y que se conoce en el peor momento en la consideración que el ciudadano tiene sobre la Administración; si acaso en el seno de ella primaran la cordura y el pensamiento estratégico, se procedería al veto inmediato de la iniciativa: en rigor, ésta la emprende contra el corazón del desarrollo del país (el ahorro y la inversión). En un mercado de capitales de diminutas proporciones como lo es el mercado argentino, el monto de lo recaudado por este concepto a lo mucho ascendería a US$ 200 millones, amén de que no son importantes las cifras que los ahorristas invierten aquí. A título de ejemplo, baste decir que se ha llegado al sinsentido de cobrar impuestos a tenedores de bonos de deuda argentina (en limpio: se le cobra impuestos a particulares que le prestan dinero al Estado Nacional y, tiempo más tarde, es el propio Estado quien le confisca un porcentual sobre la renta obtenida con esos papeles).

 

Será, pues, difícil determinar cuál es la verdadera ganancia que surja de las rentas, habida cuenta de la volatilidad de algunos de los instrumentos financieros, y considerándose que una proporción destacable de esas operaciones registran pérdidas comprobables de capital. Si a tal escenario se le suman más tributos forzados, pues ello tendrá por eventual resultado una reiteración de la fuga de capitales, al menos en idéntica magnitud a la que tuviera lugar en abril. Y, como es obvio, este escenario sentaría un oneroso precedente de cara al futuro.

 

En octubre pasado, también se conoció la marcha atrás en la rebaja y eliminación del impuesto a los Bienes Personales, contemplada en la Reforma Fiscal aprobada a fines de 2017. Por estas horas, no solamente se avanza en la paulatina eliminación del gravamen, sino que la presión continuará en ascenso: en muchos casos, habrá que pagar más, aún con un incremento del mínimo no imponible. Incluso se especula con que, ni bien inicie el próximo ejercicio fiscal, entre 300 mil y 400 mil personas terminarían siendo incluídas en el régimen. Algo similar sucedió con el blanqueo de capitales motorizado por la Gestión Macri años atrás, que funcionó como una verdadera trampa para quienes entraron en el mismo: hoy mismo, deben pagar mas impuestos.

 

No obstante, el viraje de Cambiemos hacia políticas confiscatorias nada tiene de novedoso. La forma de gobierno sobre la que se ha respaldado la coalición gobernante ni bien aterrizó en la Casa Rosada, se centró en un compendio de medidas asfixiantes de máxima presión tributaria, que operaba en directo perjuicio sobre su propia base electoral. Desde luego que el fenómeno es interesante a la hora del análisis, en vistas de que Cambiemos ha puesto la mira en ciudadanos pertenecientes a lo que queda de las clases medias en el país, en definitiva, el espectro socioeconómico que ha sostenido sobre sus hombros los errores del gobierno en las últimas dos elecciones nacionales. Momento en el que será conveniente resaltar las declaraciones del Jefe de Gabinete, Marcos Peña Braun, al matutino El País (Madrid, España) durante junio de 2016; en aquel entonces, el funcionario afirmó: 'El gobierno de Cambiemos es parte de la internacional socialista y de la internacional popular. El radicalismo está en la socialista y en el PRO estamos en la popular, tenemos gente que proviene de la izquierda y también otra que se denomina liberal'.

 

Tan certeras fueron las sentencias de Peña Braun al periódico español, que la Administración no ha dado marcha atrás ni ponderado una eliminación sistemática del sistema de subsidización social que heredó de la era kirchnerista; 'Cambiemos' prorrogó la modalidad socialista de repartir dinero ajeno a sectores improductivos (Asignación Universal por Hijo o AUH; Asignación por Embarazo, etcétera), los cuales continúan siendo abonados religiosamente a sus beneficiarios, lo cual también sumará eventuales bonos de fin de año y sin importar que los receptores de estos interminables beneficios inviertan la totalidad de su tiempo a generar caos en las calles con piquetes e interrupciones en el tránsito -como ya se ha visto, son organizaciones de extrema izquierda las encargadas de reclutar a los participantes de estas 'marchas'. Y no sería conveniente confundir a esos sectores con los jubilados y la clase pasiva en general, que es otro de los destinatarios de las cruentas políticas implementadas por Balcarce 50.

 

Finalmente, el Presidente Mauricio Macri y sus funcionarios de primera línea, ya no tendrán problema alguno a la hora de apropiarse del título que el periodista dominical Joaquín Morales Solá ideara para definir al gobierno del ex presidente Raúl Ricardo Alfonsín: un 'Asalto a la ilusión'.