Ex congresista de Honduras, Juan Antonio Hernández Alvarado, acusado en los EE.UU. por contrabando de estupefacientes
La agencia antinarcóticos del gobierno de los Estados Unidos de América (DEA)...
26 de Noviembre de 2018
Ciudad de Nueva York.- La agencia antinarcóticos del gobierno de los Estados Unidos de América (DEA) y fiscales federales anunciaron durante este lunes 26 de noviembre el arresto del ex legislador hondureño Juan Antonio Hernández Alvarado, alias "Tony Hernández" -foto, LaPrensa.hn-, quien fue acusado en una corte federal de Manhattan bajo cargos de contrabando de estupefacientes y de armamento, amén de haber incurrido en falso testimonio contra agentes federales. Hernández, dicho sea de paso, es hermano del actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. El acusado fue arrestado el próximo-pasado 23 de noviembre de 2018 en la ciudad de Miami, y comparecía en la tarde de este mismo lunes ante una corte federal de esa ciudad americana, ante un Juez Magistrado de los Estados Unidos.
"El tráfico de drogas y la corrupción mundial amenazan al Estado de derecho, fogonea violencia e inestabilidad, y daña a familias inocentes y a sus comunidades", sentenció el Agente Especial a Cargo de DEA, Raymond Donovan, quien encabeza la División de Operaciones Especiales. "Hernández y sus socios criminales supuestamente conspiraron junto a algunas de las redes criminales transnacionales más peligrosas de México y Colombia, a los efectos de inundar las calles de las ciudades de EE.UU. con drogas letales. DEA tiene su objetivo puesto en lograr que Hernández haga frente a la justicia de los Estados Unidos, respondiendo por los delitos tipificados".
"Conforme se ha comunicado, el ex congresista hondureño Tony Hernández estuvo involucrado en la totalidad de las fases del tráfico, a través de territorio de Honduras, de múltiples toneladas de cocaína cuyo destino final eran los Estados Unidos", afirmó el Fiscal de los Estados Unidos por Manhattan, Geoffrey S. Berman. "Supuestamente, Hernández convino custodia de seguridad con individuos que portaron ametralladoras, a criterio de proteger los embarques de cocaína; sobornó a funcionarios del gobierno, a cambio de contar con información sensible con la cual proteger esos embarques; y solicitó importantes sobornos de parte de importantes traficantes de drogas. Gracias al trabajo de DEA, Hernández se encuentra ahora en territorio estadounidense, para hacer frente luego a juzgados de este país".
Tal como fuera descripto en la acusación sin sellar, y que resultara de la investigación llevada a cabo por DEA, desde al menos el año 2004, e incluyendo 2016, numerosas organizaciones dedicadas al contrabando de estupefacientes en Honduras y otras geografías trabajaron en connivencia, y con respaldo de parte de prominentes figuras públicas y reconocidos individuos del ámbito privado. Entre estas personas, se constató la participación de políticos hondureños y de funcionarios de seguridad, los cuales hicieron las veces de receptores de múltiples toneladas de cocaína enviadas hacia Honduras desde, entre otros sitios, Colombia, por vía aérea y marítima, a los efectos de transportar esos estupefacientes hacia territorio occidental en Honduras, en cercanías de la frontera con Guatemala y, eventualmente, hacia los Estados Unidos de América. Con la meta de consolidar protección frente a cualquier interferencia oficial, y a los efectos de facilitar el salvoconducto de varios centenares de kilos de cocaína a través de Honduras, los traficantes de drogas pagaron sobornos a funcionarios públicos, incluyendo a ciertos miembros del Congreso Nacional de Honduras, en conformidad con los alcances de la investigación de DEA.
Otros detalles que surgen de los cargos coinciden en que Hernández es un ex legislador del Congreso Nacional de Honduras, hermano del actual presidente de ese país, y narcotraficante de gran escala, quien trabajó con otros contrabandistas de drogas en, entre otras locaciones, Colombia, Honduras y México, con el fin de importar cocaína en territorio estadounidense. Desde al menos 2004, y hasta 2016, Hernández se involucró en el procesamiento, la recepción, el transporte y la distribución de múltiples cargas de cocaína en tonelaje, que llegaron a Honduras en aeronaves, navíos de gran velocidad y, al menos en una oportunidad, en un submarino. Asimismo, Hernández contó con acceso a laboratorios de cocaína en Honduras y en Colombia, instancia en la cual parte del embarque de cocaína fue sellado con el símbolo "TH", esto es, "Tony Hernández". Adicionalmente, Hernández coordinó, e incluso participó, en la provisión de seguridad fuertemente armada para los embarques de cocaína transportados en el seno del territorio hondureño, accionar que incluyó también a miembros de la Policía Nacional de Honduras y a narcotraficantes armados con, entre otros artículos, ametralladoras.
Como parte de sus actividades vinculadas al tráfico de estupefacientes, Hernández y sus co-conspiradores sobornaron a funcionarios del gobierno, para contar con información sensible que sirviera para resguardar a los embarques de drogas, al tiempo que exigieron amplios sobornos en dinero a traficantes de estupefacientes de alto nivel.
Aproximadamente en febrero de 2014, en Honduras, Hernández se reunió con Devis Leonel Rivera Madariaga, ex líder de la violenta organización hondureña (dedicada al narcotráfico) conocida como Los Cachiros, para llevar adelante un encuentro ideado por, entre otros, un ex miembro de la Policía Nacional de Honduras. Al asistirse a segmentos de grabación de audio y video de esa reunión, Hernández acordó ayudar a Rivera Madariaga, logrando que entidades hondureñas del gobierno pagasen dinero adeudado a una o más firmas fachada tuteladas por los Cáchiros, a cambio de sobornos dispensados por Rivera Madariaga. Este último abonó a Hernández un aproximado de US$ 50 mil, al llevarse a cabo la referida reunión.
Hernández, de 40 años de edad, ha sido acusado bajo cuatro cargos: 1) conspirar para importar cocaína en territorio de los Estados Unidos de América; 2) emplear y utilizar ametralladoras y dispositivos de peligro, vinculados a una conspiración para importar cocaína, 3) conspirar para emplear y utilizar ametralladoras y dispositivos de peligro en ocasión de una conspiración para importar cocaína y, 4) compartir afirmaciones falsas ante agentes federales del gobierno de los EE.UU.
De ser sentenciado, Hernández hará frente a una pena de prisión obligatoria de diez años como mínimo para el primero de los cargos, un mínimo de treinta años de prisión efectiva con máximo de perpetua para el segundo cargo, y un máximo de prisión perpetua para el tercer cargo, y un máximo de 5 años de prisión para la última de las acusaciones referidas.
Desempeñaron un rol crítico en la investigación, la Unidad Investigativa Bilateral de Operaciones Especiales DEA, la Fuerza de Ataque Nueva York, y la Oficina Nacional de Tegucigalpa, así como también la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Estado americano.
"El tráfico de drogas y la corrupción mundial amenazan al Estado de derecho, fogonea violencia e inestabilidad, y daña a familias inocentes y a sus comunidades", sentenció el Agente Especial a Cargo de DEA, Raymond Donovan, quien encabeza la División de Operaciones Especiales. "Hernández y sus socios criminales supuestamente conspiraron junto a algunas de las redes criminales transnacionales más peligrosas de México y Colombia, a los efectos de inundar las calles de las ciudades de EE.UU. con drogas letales. DEA tiene su objetivo puesto en lograr que Hernández haga frente a la justicia de los Estados Unidos, respondiendo por los delitos tipificados"."Conforme se ha comunicado, el ex congresista hondureño Tony Hernández estuvo involucrado en la totalidad de las fases del tráfico, a través de territorio de Honduras, de múltiples toneladas de cocaína cuyo destino final eran los Estados Unidos", afirmó el Fiscal de los Estados Unidos por Manhattan, Geoffrey S. Berman. "Supuestamente, Hernández convino custodia de seguridad con individuos que portaron ametralladoras, a criterio de proteger los embarques de cocaína; sobornó a funcionarios del gobierno, a cambio de contar con información sensible con la cual proteger esos embarques; y solicitó importantes sobornos de parte de importantes traficantes de drogas. Gracias al trabajo de DEA, Hernández se encuentra ahora en territorio estadounidense, para hacer frente luego a juzgados de este país".
Tal como fuera descripto en la acusación sin sellar, y que resultara de la investigación llevada a cabo por DEA, desde al menos el año 2004, e incluyendo 2016, numerosas organizaciones dedicadas al contrabando de estupefacientes en Honduras y otras geografías trabajaron en connivencia, y con respaldo de parte de prominentes figuras públicas y reconocidos individuos del ámbito privado. Entre estas personas, se constató la participación de políticos hondureños y de funcionarios de seguridad, los cuales hicieron las veces de receptores de múltiples toneladas de cocaína enviadas hacia Honduras desde, entre otros sitios, Colombia, por vía aérea y marítima, a los efectos de transportar esos estupefacientes hacia territorio occidental en Honduras, en cercanías de la frontera con Guatemala y, eventualmente, hacia los Estados Unidos de América. Con la meta de consolidar protección frente a cualquier interferencia oficial, y a los efectos de facilitar el salvoconducto de varios centenares de kilos de cocaína a través de Honduras, los traficantes de drogas pagaron sobornos a funcionarios públicos, incluyendo a ciertos miembros del Congreso Nacional de Honduras, en conformidad con los alcances de la investigación de DEA.
Otros detalles que surgen de los cargos coinciden en que Hernández es un ex legislador del Congreso Nacional de Honduras, hermano del actual presidente de ese país, y narcotraficante de gran escala, quien trabajó con otros contrabandistas de drogas en, entre otras locaciones, Colombia, Honduras y México, con el fin de importar cocaína en territorio estadounidense. Desde al menos 2004, y hasta 2016, Hernández se involucró en el procesamiento, la recepción, el transporte y la distribución de múltiples cargas de cocaína en tonelaje, que llegaron a Honduras en aeronaves, navíos de gran velocidad y, al menos en una oportunidad, en un submarino. Asimismo, Hernández contó con acceso a laboratorios de cocaína en Honduras y en Colombia, instancia en la cual parte del embarque de cocaína fue sellado con el símbolo "TH", esto es, "Tony Hernández". Adicionalmente, Hernández coordinó, e incluso participó, en la provisión de seguridad fuertemente armada para los embarques de cocaína transportados en el seno del territorio hondureño, accionar que incluyó también a miembros de la Policía Nacional de Honduras y a narcotraficantes armados con, entre otros artículos, ametralladoras.
Como parte de sus actividades vinculadas al tráfico de estupefacientes, Hernández y sus co-conspiradores sobornaron a funcionarios del gobierno, para contar con información sensible que sirviera para resguardar a los embarques de drogas, al tiempo que exigieron amplios sobornos en dinero a traficantes de estupefacientes de alto nivel.
Aproximadamente en febrero de 2014, en Honduras, Hernández se reunió con Devis Leonel Rivera Madariaga, ex líder de la violenta organización hondureña (dedicada al narcotráfico) conocida como Los Cachiros, para llevar adelante un encuentro ideado por, entre otros, un ex miembro de la Policía Nacional de Honduras. Al asistirse a segmentos de grabación de audio y video de esa reunión, Hernández acordó ayudar a Rivera Madariaga, logrando que entidades hondureñas del gobierno pagasen dinero adeudado a una o más firmas fachada tuteladas por los Cáchiros, a cambio de sobornos dispensados por Rivera Madariaga. Este último abonó a Hernández un aproximado de US$ 50 mil, al llevarse a cabo la referida reunión.
Hernández, de 40 años de edad, ha sido acusado bajo cuatro cargos: 1) conspirar para importar cocaína en territorio de los Estados Unidos de América; 2) emplear y utilizar ametralladoras y dispositivos de peligro, vinculados a una conspiración para importar cocaína, 3) conspirar para emplear y utilizar ametralladoras y dispositivos de peligro en ocasión de una conspiración para importar cocaína y, 4) compartir afirmaciones falsas ante agentes federales del gobierno de los EE.UU.
De ser sentenciado, Hernández hará frente a una pena de prisión obligatoria de diez años como mínimo para el primero de los cargos, un mínimo de treinta años de prisión efectiva con máximo de perpetua para el segundo cargo, y un máximo de prisión perpetua para el tercer cargo, y un máximo de 5 años de prisión para la última de las acusaciones referidas.
Desempeñaron un rol crítico en la investigación, la Unidad Investigativa Bilateral de Operaciones Especiales DEA, la Fuerza de Ataque Nueva York, y la Oficina Nacional de Tegucigalpa, así como también la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Estado americano.