El Salvador: sombras del pasado

Señaló alguna vez George Santayana que aquellos quienes no pueden recordar la historia, se exhiben condenados a repetirla. Existen signos bien claros al respecto de que esto bien podría suceder en El Salvador, país en donde muchas personas confiesan una ignorancia cabal sobre los procesos históricos sino que, además, se muestran incapaces de distinguir la dirección del progreso de la del retroceso. En los últimos días, ha habido dos eventos que nos regresan como mínimo al siglo XX y, en rigor, al siglo XIX.

 

El primer signo es la toma del Tribunal Supremo Electoral perpetrada por GANA y Nuevas Ideas, con el pretexto de que creían que se estaba fraguando un fraude allí —supuestamente manifestado en que el color aprobado en las pruebas de imprenta para las boletas de votación no era el de GANA. Ellos se pronunciaron en tal sentido, a pesar de que un representante de GANA lo había aprobado. Esta queja fue solo un pretexto de GANA + NI para intimidar al Tribunal y a la ciudadanía con la amenaza de usar métodos violentos, de suceder que el resultado no caiga en agrado de aquéllos en los próximos comicios. Se asiste, entonces, a un retorno al siglo XIX y principios del siglo XX, instancia en que los partidos se tomaban los puestos de votación para controlar los resultados de las elecciones.

 

El segundo evento fueron las declaraciones del Ministro de Defensa (Munguia Payes, foto) en las que amenaza con la intervención de las Fuerzas Armadas en los procesos políticos del país. Estas declaraciones han sido muy criticadas porque evidencian una participación política del ministro, en nombre de las Fuerzas Armadas que son y deben ser apolíticas —críticas que el ministro ha contestado diciendo que él es el representante político de las Fuerzas Armadas por ser miembro del gabinete y, por lo tanto, un político.

 

Esta defensa muestra que el problema es mucho más profundo, que el pasado al que está regresando es más arcaico y primitivo que lo originalmente pensado. El ministro no parece saber que el ejército no es un cuerpo deliberativo, y que no tiene ninguna legitimidad para ser representado políticamente. Según la Constitución, el único que puede ser representado políticamente es el pueblo. Según la Constitución, las Fuerzas Armadas son y deben ser obedientes y, como corresponde a todas las Fuerzas Armadas profesionales, no está en ellas el poder de cuestionar las órdenes del verdadero Comandante General de las Fuerzas Armadas, que es el Presidente de la República, y que, aunque fuera un militar, no ejerce su puesto ni habla en nombre de los militares sino del pueblo, que es el verdadero soberano. El ministro no es más que el representante de la autoridad civil, el Presidente, que manda sobre las Fuerzas Armadas. Y en esta función, el que lo puede remover no son los militares (que sería el caso si él los representara) sino el Presidente mismo.

 

En sus declaraciones el ministro evidencia que él cree que él es el soberano, como lo creían los militarones del siglo XIX, o como mínimo, que los soberanos son los militares en su conjunto, como casta privilegiada, y que ellos, por habérseles confiado las armas, pueden juzgar si algo es o no un fraude (que le toca al TSE), Constitucional o no (que le toca a la Sala de lo Constitucional) y que pueden tomar acción en estas cuestiones por su propia decisión y darse golpes de estado entre ellos—que es lo que los militares del siglo XX creían y hacían.

 

El problema no está en que el caudillo de GANA + NI y el ministro crean esto sino que el pueblo permita que actúen sobre estas creencias con tomas y con amenazas al pueblo de que si no votan como ellos quieren van a retornar al país al pasado terrible de prepotencias basadas en la posesión de las armas, y de las tiranías sostenidas sobre acciones violentas y sobre la presunción de que los soberanos en este país no son los ciudadanos sino los caudillos y los militares que los mantienen a base de fusiles y bayonetas.

La ciudadanía salvadoreña no debería permitir este regreso al pasado.