Venezuela: Maduro 'gana' segundo período; EE.UU. debe intervenir para asistir en la crisis humanitaria

El pasado jueves, Nicolás Maduro asumió para su segundo período como presidente de Venezuela, pero la elección nada ha tenido de libre ni de justa. Los políticos de oposición o bien fueron enviados a prisión, o bien se les impidió participar del acto. Mientras tanto, los socios del partido socialista del citado mandatario pusieron bajo su control a la totalidad del sistema electoral.

Lejos de representar a una democracia, el venezolano es fiel expresión de un gobierno de cleptócratas en acción. Veinte años de su corrupto modelo administrativo han dejado al país en medio de la peor crisis humanitaria de que la América Latina tenga memoria, a pesar de contar Venezuela con unas de las mayores reservas petroleras del globo.

Sucede que el crudo es la columna vertebral de la economía venezolana, representando esa materia prima el 98% de sus ingresos por exportaciones. Sin embargo, tales ingresos se han desmoronado, a partir de la corrupción y de la malversación perpetrada por la industria tutelada por el Estado. En 2012, Venezuela ganó US$ 106.7 mil millones gracias al petróleo; el año pasado, esa cifra se redujo hasta llegar a escasos US$ 20.9 mil millones. El resultado ha sido grotesco: hiperinflación, escasez de alimentos y una rampante hambruna, ausencia de suministros médicos básicos, y una mortalidad infantil intolerable. 

Más de tres millones de ciudadanos venezolanos, incluyendo a la mitad de los médicos del país, han abandonado el territorio. Se trata de una cifra espeluznante, que por mucho excede al número de norafricanos y ciudadanos de Oriente Medio que han buscado refugio en Alemania, Francia y Suecia, combinados. El grueso de quienes escapan de Venezuela se han relocalizado en varios países de la América Latina, siendo Colombia la nación que soporta la mayor carga de refugiados: recibió a más de 1.6 millones de venezolanos desde el año 2015.

Tras efectuar un viaje a Bogotá durante 2018, me reuní con funcionarios del gobierno colombiano -los cuales me compartieron un panorama desolador. Ellos estiman que, en promedio, casi 50 mil ciudadanos venezolanos cruzan hacia Colombia a diario. Naturalmente, no todos optan por quedarse. Algunos sencillamente hacen el viaje para adquirir bienes que no se encuentran disponibles en su Venezuela natal. Pero muchos deben respaldarse en la generosidad del gobierno en Bogotá, y en la asistencia brindada por grupos internacionales de ayuda. Naciones Unidas estima que, para fines del año próximo, la cifra de refugiados venezolanos ascenderá a 5.3 millones.

Muchas de las personas que huyen del régimen de Maduro lo han hecho porque ya no pueden sustentarse por propia cuenta. Sin embargo, el círculo íntimo del presidente venezolano se ha beneficiado holgadamente tras haber saqueado la riqueza del país, y tras haberse aprovechado de sus puestos en el gobierno para dedicarse a la actividad criminal. La red de corrupción de estos individuos se extiende a lo largo del hemisferio, incluso en los Estados Unidos de América: el Departamento del Tesoro americano ha designado al entonces vicepresidente Tareck el-Aissami como traficante de drogas; las fuerzas de seguridad estadounidenses han podido confiscar un estimado de US$ 500 millones en activos vinculados a narcóticos -como ser propiedades multimillonarias y un jet modelo Gulfstream (el-Aissami se desempeña hoy como ministro de industria y producción nacional). 

Pero el-Aissami no es el único funcionario venezolano vinculado al tráfico de estupefacientes. Los sobrinos de la primera dama están cumpliendo, ahora mismo, con una condena de dieciocho años de prisión obligatoria en los Estados Unidos de América, por haber intentado comercializar drogas a un agente encubierto de la agencia antinarcóticos americana (DEA).

En 2008, Hugo Carvajal también fue designado como traficante de narcóticos por el gobierno estadounidense. En aquella instancia, el mencionado se desempeñaba como jefe de la Dirección de Inteligencia Militar de Venezuela. De acuerdo al Departamento del Tesoro, Carvajal proporcionó protección para embarques de estupefacientes y armamento para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), un núcleo terrorista de extracción marxista en Colombia. Adicionalmente, proporcionó identificaciones del gobierno venezolano a milicianos de las mencionadas FARC.

Como complemento, el respaldo del gobierno en Miraflores a grupos terroristas internacionales y regionales se exhibe bien documentado. El ex ministro del interior y de justicia de Venezuela ha sido acusado por oficiar como principal nexo entre el gobierno de Caracas y las FARC, según se ha informado, con la meta de garantizar un préstamo de US$ 250 millones del gobierno venezolano. En 2008, el gobierno estadounidense acusó al jefe de la diplomacia de Venezuela en Siria, de haber contribuído con financiamiento y salvoconducto a operativos de Hezbolá.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense, lista hoy como traficantes de estupefacientes a más de cien socios de Maduro; siendo docenas de ellos funcionarios de primer nivel del gobierno de Venezuela. El equivalente estadounidense de estos funcionarios serían las cúpulas de Seguridad Interior (DHS), el FBI y la CIA. Existen incluso seis entidades vinculadas a organizaciones terroristas y financieras de la República Islámica de Irán.

Casi cincuenta naciones han desafiado los resultados de los comicios venezolanos de 2018, pero este desafío es cabalmente ignorado por el régimen de Nicolás Maduro. Es necesario hacer más. Las declaraciones emitidas por diplomáticos deberían ser seguidas de acciones. A tal efecto, las sanciones económicas, la reformulación de relaciones diplomáticas (retirando, por ejemplo, embajadores) y los esfuerzos que pongan en la mira a redes financieras ilícitas de Caracas son medidas de sentido común -que otras naciones, además de los Estados Unidos, deberían adoptar.

Debe procederse ahora mismo con todo esfuerzo que ayude en la tarea de deshacer todos los perjuicios causados en veinte años. 


Artículo original, en inglés, aquí