El Salvador: las maras y el colapso del Estado

El problema de las maras se resume en dos cuestiones en simultáneo: es un problema fundamental de nuestra sociedad, y un síntoma de una problemática aún más grave: el descenso de El Salvador hacia un estado fallido. Es correcto afirmar que en El Salvador, las instituciones funcionan mejor que en las países vecinos -e incluso que en otras naciones de América Latina que exhiben ingresos por persona mucho más elevados que en El Salvador.

 

En las dos últimas Administraciones, se registraron serios enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, el cual se impuso en todos los casos. En incontables oportunidades, el gobierno intentó emascular a la Sala de lo Constitucional, sin éxito, a partir de la condena verbalizada por la opinión pública. Las libertades de pensamiento, de expresión y de prensa no han sido violadas desde hace décadas, aún cuando se han conocido esfuerzos por restringirlas. De igual manera, se han protegido los otros derechos individuales fundamentales consagrados en la Constitución. El sistema financiero goza de estabilidad; las tasas de inflación y de interés son las más bajas de América Latina. A pesar de que los déficits de los últimos años han sido elevados, y de que la deuda gubernamental también lo es, el país ha disfrutado de una marcada estabilidad económica.

 

Naturalmente que éstas no son características de un Estado fallido. Pero existe en El Salvador algo que sí lo es, y se debe a la falta de control territorial por parte del gobierno. El gobierno repetidamente ha afirmado que no es cierto que las maras le han arrebatado el control de las comunidades del país, y esto es parcialmente cierto. Las escuelas y los hospitales continúan funcionando, las calles se pavimentan y se les ofrece mantenimiento. La basura continúa siendo levantada. Pero en numerosas comunidades, el control de quien entra y sale de ellas no está en manos del gobierno sino de las maras, que violan la libertad de tránsito, imponiendo restricciones a quienes quieren pasar. Las maras también extorsionan impunemente a la población, usurpando la facultad exclusiva que tiene el Estado para imponer impuestos. Peor que nada, el Estado está fallando miserablemente en su obligación de proveer la seguridad más elemental a la ciudadanía.

 

Un Estado que falla en esta dimensión de sus obligaciones es un Estado fallido -esta realidad es bien conocida por todo aquel que vive en El Salvador. Es de público conocimiento que quien cae en desgracia de una mara junto a su familia, lo único que pueden hacer es abandonar el país -porque el Estado no puede ni podrá protegerlos. Peor todavía: el Estado no está en condiciones de protegerlos siquiera de la extorsión; no puede proteger a sus hijos en sus escuelas -en donde pueden ser asesinados-, ni puede evitar que terminen enrolados en las mismas maras. Una pequeña porción de la ciudadanía, al experimentar una realidad distinta, no alcanza a ver la magnitud de la tragedia. Infortunadamente, resulta ser que esta fracción es la más influyente en la formación de las políticas del Estado. Y, a tal efecto, los gobiernos se han referido al problema -pero sin hacer nada al respecto.

 

Esta fracción de salvadoreños debe comprender que es de extrema necesidad resolver esta problemática porque, de otro modo, las ventajas de vivir en sociedad irán desapareciendo aceleradamente, asfixiando a las instituciones y hundiendo a El Salvador en un pantano de violencias y crímenes del que ni los que ahora están inmunes a las maras podrán escapar.

 

La solución exige, sin margen para la duda, que el Estado retome el territorio con servicios públicos de buena calidad. Esto se ha repetido tanto, que se corre el peligro de que se convierta en un cliché: comentado por todos, pero que nadie pone efectivamente en práctica.

Pero cierto es también que la solución exige la restitución del orden social, una tarea policial y judicial de la que la mayor parte de la gente prefiere no hablar, porque implica usar la coerción del Estado y resulta más atractivo hablar de cosas alegres y amables.

No obstante, si esa coerción jamás es aplicada con efectividad y justicia, el Estado terminará de confirmar su colapso, arrastrando en su caída a la población entera del país.