Colombia: hacer frente al caos criminal

La ola de violencia azota a las regiones colombianas, y la acción contundente del Estado parece desvirtuada. No obstante ello, y a pesar de algunos aciertos militares, aún resulta indispensable fortalecer -con la debida solidez- la lucha frontal contra el crimen organizado. Y así debe ser, en razón de que los bandidos se pasean como Pedro por su casa; los grupos ilegales se fortalecen de manera descomunal; la pillería se apodera de los municipios; y el narcotráfico crece sin cesar.

Las denominadas 'disidencias' de FARC no son más que las mismas FARC, en su conducto regular: asesinan, extorsionan, traquetean, secuestran, y ejecutan todo tipo de vejámenes contra la población colombiana. Bien estimó el General Luis Fernando Navarro, comandante de las fuerzas militares, al manifestar que ese brazo criminal se exhibe integrado por unos 2.700 hombres. En efecto, la situación es preocupante, dado que a esa cifra deben agregarse los genocidas del ELN, quienes lograron fortalecer su posición desde el año 2010, a consecuencia de la negligencia que caracterizó al gobierno de turno. A ellos también en menester derrotarlos, en un bloque que concentre suma verticalidad.

Y así es porque el combate debe dirigirse, de modo implacable, contra dos grupos terroristas de alta peligrosidad que amenazan el orden y la estabilidad institucional. No puede tolerarse, bajo ningún pretexto, que la subversión continúe floreciendo en estas tierras fértiles: lo que corresponde es cercenarla de raíz, y la única vía es por medio de la fuerza institucionalizada. Y es que, ante semejante caos, no existe otra opción: la responsabilidad democráctica radica en neutralizar a los genocidas, para garantizarles paz a todos los ciudadanos colombianos.

Por lo antecedente, es de vital importancia que el Gobierno Nacional incremente de manera proba su pie de fuerza, en regiones como el Catatumbo, Arauca, Cauca, Meta, pero, principalmente, en el Bajo Cauca Antioqueño y en el Sur de Córdoba, donde se han aglutinado y continúan cimentando su fortaleza un número de bandas criminales sumamente cobardes -dado su accionar-, como ser el Clan del Golfo y los denominados Caparrapos; estos últimos, pretendidos disidentes de los primeros. Allí, se disputan el botín por la minería ilegal, por la extorsión y el narcotráfico. Entretanto, han asesinado a importantes líderes de la región, sin que ocurra absolutamente nada. La impunidad, hasta ahora, ha imperado -desde toda perspectiva, algo inadmisible.

Pero, a efectos de ser precisos, en Córdoba y en el Bajo Cauca Antioqueño -territorios agrícolas indiscutiblemente prósperos en su sistema productivo- pelechó la violencia durante más de cuarenta años, toda vez que no se registró presencia institucional alguna, en virtud de que los grupos ilegales se tomaron el territorio para hacer de las suyas, intimidando a la población. En tales geografías de la nación, acribillaron a líderes, empresarios, ganaderos y políticos, sin dar muestras de la menor compasión. Y jamás nadie tomó cartas en el asunto: todos los actores y protagonistas se mostraron permeados de temor. Ahora, bien: ¿será que el Gobierno Nacional permitirá que suceda lo mismo otra vez? Preferimos creer que no.

Por ello, ante la precariedad de la coyuntura actual, es que la acción contundente del Estado no puede tambalear ni claudicar, con su ápice de rigor debido. La fuerza y la legitimidad, ejercitados con el fin de garantizar el bienestar social, deben prevalecer ante cualquier amenaza, pues no existe criminal que pueda atemorizar a una región entera. La regla general es que el temor debe ser experimentado en carne propia por ellos mismos, en su rol de repudiables asesinos, y no los ciudadanos de bien que trabajan duramente por y para la sociedad. Por tal razón, habrán de tomarse las medidas necesarias que garanticen la efectiva y comprobable neutralización de los bandidos.

Históricamente, hemos comprobado el modo en que los criminales desfallecen cuando son combatidos sin misericordia ni consideración. En tal escenario, de inmediato pierden vigor, y su causa se confiesa plenamente ineficaz. Empero, sucede exactamente lo contrario cuando las autoridades son dóciles en su accionar.

Nuestro mensaje es claro: deben organizarse varios bloques de la fuerza pública. El primero habrá de ser dirigido con el objetivo de desbaratar a los disidentes de FARC y Elenos. El segundo habrá de emprenderla contra las bandas criminales del Clan del Golfo y Caparrapos. Solo así podrá erradicarse a tales flagelos pues, de no hacerlo, continuaremos con lo mismo. Adicionalmente, corresponde asignar un número superior de efectivos, con la misión de militarizar el Sur de Córdoba y el Bajo Cauca Antioqueño provisto que, hasta el día de la fecha, ello no ha sucedido. La población clama por protección, y el Gobierno debe obrar con prontitud frente a dicha amenaza terrorista-criminal. Se trata, sin más, de la obligación que le cabe a todo Estado a la hora de atender a la solicitud ciudadana.

Nuestras fuerzas militares y de policía gozan de magno rigor y, en tal sentido, no pueden desfallecer en la labor. Colombia aún cuenta con tiempo suficiente como para obrar en consecuencia. Ya se va haciendo hora de hacer frente, con gallardía y coraje, a esa perniciosa criminalidad.