Crimen organizado en América Latina: ágil, letal y a la ofensiva

De acuerdo a Naciones Unidas, América Latina es la región más peligrosa del planeta; y las estadísticas así lo certifican. El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal (CCSPJP; México) estableció, en su más reciente investigación, que, de las cincuenta ciudades con mayor índice de homicidios, 41 se ubican en la región (17 en Brasil; 12 en México; 5 en Venezuela; 3 en Colombia; 2 en Honduras; una en El Salvador; una en Guatemala, y otra en Puerto Rico). Los Cabos, Caracas, Acapulco, Natal, Tijuana -en ese orden- se exhiben como las cinco urbes con mayor riesgo para sus ciudadanos. Las siguientes 9 también pertenecen al orbe latinoamericano y, en solitario, Ciudad del Cabo (capital de Sudáfrica) ocupa el puesto #15.

En rigor, estos guarismos no tienen relación con una indiscriminada sarracina, sino con la consolidación de elementos insurgentes o declaradamente subversivos, y del fortalecimiento de organizaciones armadas de accionar violento y de carácter ilegal o clandestino. El grueso de ellas porta una retórica ideológica, ha logrado equipar a sus miembros con armas de guerra y, por lo general, revela vínculos de orden transnacional ligados al contrabando de estupefacientes a gran y pequeña escala. Marginalmente, sus ingresos ilícitos se derivan también de la extorsión y delitos conexos.

Desde una perspectiva estructural y operacional, las organizaciones paramilitares se agrupan, entrenan, equipan y presentan una subcultura similar a las de un ejército regular, pero difieren en el hecho de que se comportan efectivamente como núcleos de poder al margen de la ley, no obedecen convenciones nacionales ni internacionales que versan sobre las leyes de la guerra, y cometen, en el proceso, atrocidades en las que son protagonistas el empleo excesivo de la violencia y los delitos de lesa humanidad. En muchos casos, estas organizaciones cuentan con el poder suficiente como para desplazar y reemplazar al poder real del Estado en el territorio en el que operan, cooptando las funciones de aquél. En el caso latinoamericano, es lícito echar mano del concepto paramilitarismo, más como un medio que como un fin al que recurren estos núcleos de delincuencia organizada regionales, y que observan ramificaciones en el resto del mundo.

Estas estructuras criminales no solo constituyen una amenaza real y recurrente en abierto perjuicio de la propiedad privada y de la actividad económica (sus objetivos de primer orden); también son utilizadas por gobiernos, especialmente por aquellos que explicitan una ideología de izquierda, que las encuadran y emplean para la perpetración de tareas de intimidación y control social. Toda vez que se considera necesario, los elementos de tales organizaciones son convocados para concretar acciones con fuerza letal. En muchos de estos ejemplos, esos núcleos siguen al pie de la letra el bien conocido manual marxista-leninista que ilustra sobre la toma, control y perdurabilidad en el poder.

En la República Federativa del Brasil, el liderato del Primer Comando de la Capital y del Comando Vermelho, entre otros, justifican su accionar en argumentaciones de retórica izquierdista. A tal efecto, alcanza con repasar las declaraciones del alias 'Marcola', sentencia John Marulanda, Coronel de la Reserva Activa de Colombia. 'En enero de 2007, Marcos Camacho, alias 'Marcola', jefe del PCC, concedió una polémica entrevista desde su sitio de reclusión. En esa oportunidad, declaró: "Para nosotros, la muerte es la comida diaria, tirados en una fosa común. Ustedes, los intelectuales, ¿no hablan de lucha de clases, de ser marginal, de ser héroe? Entonces, llegamos nosotros..."', comparte el oficial colombiano.

En Ecuador, 'en el interior del país, gobiernos de izquierda como el del ex presidente Rafael Correa, fortalecieron a organizaciones paraestatales, las cuales le han servido de fuerza de choque en la defensa de su proyecto revolucionario. Algunos ejemplos de estas organizaciones son la Brigada Simón Bolívar, una estructura de respaldo del Movimiento Alianza País, que contribuyó en la cedulación de los miembros del Secretariado de las FARC y los Comités de la Revolución Ciudadana (CRC), estructura con capacidad para la activación y movilización inmediatas, con el objetivo de defender el proyecto político; en definitiva, una fuerza de choque para enfrentarse a la oposición', consigna el Coronel en Retiro del Ejército del Ecuador, Mario Pazmiño.

Otros ejemplos que arrojan luz sobre el empleo de organizaciones civiles armadas por parte de subsistemas de gobierno emparentados con la izquierda, se han visto en la Nicaragua de Daniel Ortega, y el caso de las 'turbas' orteguistas. En Bolivia, se asiste al ejemplo de los 'ponchos rojos'; y, en Venezuela, los hoy mundialmente conocidos 'colectivos'. Acaso todos ellos se hayan inspirado en los Comandos de Defensa de la Revolución, de Cuba.

En América Latina, el concepto de paramilitarismo comporta diferencias conceptuales en lo que respecta a sus actores y ejecutores, dependiendo del país y del contexto en el cual llevan a cabo sus acciones. Por ejemplo, en Colombia, la acuñación del término fue en su oportunidad atribuído a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y, más recientemente, a un núcleo denominado Águilas Negras; en Costa Rica, existe un grupo denominado 'Patrulla 1856' que, pretendidamente, cumple funciones de defensa en la Isla Calero, ante la eventualidad de una invasión armada nicaragüense. En Venezuela, el término 'colectivos' remite a grupos armados que atacan e intimidan a empresas, organizaciones e individuos considerados todos ellos como oposición al gobierno revolucionario encabezado por Nicolás Maduro Moros. Así, pues, Human Rights Watch los ha definido, genéricamente, como 'bandas armadas que utilizan la violencia con impunidad' y que acosan a los opositores políticos del régimen venezolano. En las últimas horas, el senador estadounidense Marco Rubio ha solicitado a Mike Pompeo, Secretario del Departamento de Estado en Washington, que su repartición proceda a designar al régimen de Maduro y a sus 'colectivos' como Organizaciones Terroristas en el Extranjero (FTO).

En América Central, y particularmente en México, los cárteles de la droga y sus subsidiarias o proxies, esto es, Mara Salavatrucha (MS-13) y MS-18 (*), ejemplifican la gravedad de la amenaza contra la seguridad pública en cada nación del orbe. El año 2016 fue crítico, por cuanto fue en esa instancia histórica en que se produjo el resurgimiento de pandillas de 'Maras' en territorio mexicano, en donde el protagonismo central fue ocupado por los núcleos 'MS-13' y 'Barrio 18'. Ambas son antagónicas entre sí, y mayormente letales en relación con sus antecesoras de inicios del siglo XXI.

En enero de ese año, las citadas organizaciones desataron una oleada de vandalismo en numerosos municipios fronterizos del estado de Chiapas, escenario que eventualmente pudo ser puesto bajo control por las fuerzas del orden, registrándose como resultado la detención de más de tres centenares de elementos pertenecientes a dichas organizaciones, coincidiendo las acciones estatales con el convenio firmado por las tres naciones del denominado Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras, y El Salvador) cuyo fin es neutralizar a las bandas. Por su parte, la Corte Suprema de El Salvador otorgó el calificativo de organizaciones terroristas a esos grupos, factor que contribuyó en gran medida a que el violento elemento procediera a un éxodo hacia el norte del continente. No obstante el carácter extensivo de la problemática, se coordinan esfuerzos entre distintos países. En julio de 2018, anuncióse la creación del Centro Antipandillas Transnacional (CAT), con la participación de los tres andariveles del gobierno mexicano (federal, estatal y municipal). Dicho Centro complementa su faena con el Centro Antipandillas Transnacionales de la Policía Nacional Civil de Guatemala, Honduras y El Salvador, elemento que asiste a la hora de agilizar la identificación de las 'clicas' (células de pandilleros) que, de acuerdo con las investigaciones pertinentes, se espera estén iniciando su retorno a los países centroamericanos de donde son originarios, a consecuencia de las medidas implementadas por las autoridades mexicanas.

'El tema bajo tratamiento remite a la incapacidad del Estado, por intermedio del gobierno de turno en cada país, al momento de ejercer un control efectivo del propio territorio y de sus fronteras; sucediendo lo propio a la hora de ofrecer respuestas a la violencia, echando mano de los medios tradicionales otorgados por mandato en la legislación. En el caso de Chile, esa disfuncionalidad se ha trasladado hacia el sur del país, forzando a la actual Administración a decretar el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe en las Regiones de Biobío, La Araucanía y Los Ríos. La gestión decidió involucrar a las Fuerzas Armadas, particularmente al Ejército, en actividades no tradicionales', completa el Coronel (R) del Ejército de Chile, Christian Slatter Escanilla.

En efecto, se asiste a un proscenio de índole compleja, en el que los diferentes gobiernos recurren a una miríada de instrumentos disponibles a efectos de lidiar con la problemática. El 29 de mayo de 2016, Día del Ejército, en el Colegio Militar de la Nación en la Argentina, el flamante primer mandatario, Ingeniero Mauricio Macri, estrenaba su traje de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas frente a los cadetes. Su mensaje fue claro y contundente: 'La sociedad Argentina necesita de Ustedes. Sin dejar de lado la misión esencial para la que se han formado, deben participar activamente en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado, lavado de dinero (…)'. El lugar, el mensaje y su alcance no eran una mera casualidad coyuntural, ni mucho menos una intención que tenía por objeto tergiversar el rol de las Fuerzas Armadas. Antes bien, tales expresiones consignaron una visión global que porta la región frente a un problema que, al día de la fecha, parece haber escapado a todo control.

En tal sentido, el empleo de activos militares a criterio de contener, neutralizar o prevenir la amenaza encarnada por una insurgencia constituída con formato celular y de elementos criminales, no ha retornado resultados eficaces, ni eficientes. Al contrario, la Inteligencia o Investigación Criminal a cargo de las organizaciones policiales parecería ser una herramienta exitosa a cual recurren los Estados para lidiar con el problema. De manera tal que la Inteligencia Criminal y las técnicas empleadas en la investigación del Delito Organizado Trasnacional en las naciones del contexto mundial desarrollado, al ser dotada de una conducción profesional, y al ser implementada correctamente en América Latina, puede convertirse en la herramienta idónea para hacer frente a las amenazas.

De todas maneras, y mientras la dirigencia política de la región discurre sobre los modos de contener el desborde de la violencia urbana y suburbana (especialmente la vinculada al narcotráfico), la izquierda fogonea la conformación de novedosas estructuras civiles armadas y bien versadas en el uso de la fuerza. El costado más grave de este aspecto gana vigor en otro compendio de expresiones compartidas por el ya citado 'Marcola', para referirse a jóvenes delincuentes y sicarios: '(...) Mis soldados son extrañas anomalías del desarrollo torcido de éste país. No hay más proletarios, infelices, ni explotados. Hay una tercera cosa, creciendo allí afuera, cultivada en el barro, educándose en el más absoluto analfabetismo, diplomándose en las cárceles, como un monstruo 'Alien' oculto en los rincones de la ciudad'.

De tal suerte que las perspectivas no son auspiciosas, conforme lo señala el Coronel (R) Marulanda. 'El crecimiento económico previsto por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para América Latina alcanzará, apenas, entre un 3.5% y un 4%, cifra que terminará reduciéndose aún más debido a una eventual recesión en la República Popular China. Factor que, a su vez, escalaría las cifras de desempleo y que incrementaría las limitaciones estatales en el ámbito de la prestación de servicios públicos. Al cierre, esta realidad se certificará en niveles más elevados de corrupción, impunidad y violencia'.

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Apuntes marginales

* Las denominaciones 'Mara Salvatrucha' y 'MS-13' provienen del genérico 'Mara', y dos acepciones: 'Salva', en relación a los ciudadanos salvadoreños que dieron inicio al núcleo en la ciudad estadounidense de Los Angeles y 'Trucha', refiriéndose al término coloquial 'Ponte trucha', que significa 'Ponte [en] alerta'. Así, pues, MS-13 resulta de la conjugación de 'Mara Salvatrucha' y el número 13 (letra 'M' en el alfabeto español, en abierta referencia a México, geografía en donde la referida organización se asienta en la actualidad). En cuanto a la denominación 'Barrio 18', se presume que verifica su origen en el nombre del cuadrante o barriada de la ciudad de Los Angeles en donde surgió inicialmente dicha pandilla, hacia la segunda mitad del siglo XX. A lo largo de los últimos años, en México, los integrantes de las pandillas de 'Maras' se han volcado fundamentalmente a dos actividades criminales centrales: el narcotráfico y la trata de personas. Adicionalmente, es lícito consignar que, como aspecto novedoso en el resurgimiento del núcleo, sus integrantes ya no presentan tatuajes a simple vista en la cara, el cuello, la cabeza o los brazos). Otrora su distintivo o 'trademark', hoy ocultan esas ilustraciones bajo la vestimenta -en el pecho o la espalda.



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