El futuro de Chile, en el espejo argentino

Chile: logros nacionales en franco repliegue. La izquierda y la guerra cognitiva

Durante la primera semana de junio pasado, el analista Axel Kaiser (Director Ejecutivo en el think tank chileno Fundación para el Progreso), publicó un breve desarrollo en medios de su país y del extranjero, intitulado 'Administra Piñera; gobierna Bachelet'. Someramente, Kaiser exponía lo que parecieran ser los caracteres principales de la República de Chile actual, luego de dos períodos de permanencia en el poder del espectro político de centroizquierda por entonces conocido como Nueva Mayoría (NM).

Sin que ello resulte en modo alguno sorpresivo, el Chile post-Concertación fue arrojado veloz y eficientemente a los brazos de un concierto político-social de confesión progresista que, en muchos aspectos, comparte paralelos con los desbarajustes registrados en la vecina República Argentina y otras naciones del orbe latinoamericano. En el caso chileno, las proposiciones de la ex presidente Michelle Bachelet -sentencia Kaiser- llevaron al país a transitar la conocida senda del asistencialismo por vía de la dilapidación de dinero público, con foco en la proverbial 'redistribución del ingreso', caballo de batalla de un neosocialismo/progresismo de moda.

Toda vez que Kaiser eligió centrar la mira en el inclaudicable convencimiento ideológico de la izquierda, que privilegia la imposición de su ideario, aunque siempre ignorando la ausencia de resultados positivos en la implementación de semejante agenda, es factible colegir que los simpatizantes de Bachelet y del progresismo chileno se esmeran hoy en demoler los logros que Administraciones previas supieron edificar, y por los que Chile ha obtenido reconocimiento mundial. Así sucede, por estas horas, con el intento de reforma del sistema de pensiones vecino, allí donde la izquierda ha alzado la voz para retornar a un sistema de reparto -por intermedio de acciones militantes de sus personeros en el pretendido 'movimiento ciudadano' NO+AFP. Sin mayores recursos argumentales, ese núcleo reitera arengas desde el recurso inclusivo del speech feminista, mientras que responsabiliza a 'los ricos' de nutrir una serie de indescrifrables desperfectos. 'Iniciativa Popular de ley para cambiar el sistema de pensiones en Chile', reza algún texto publicado en su web. El problema remite a la insistencia en ignorar los ejemplos negativos que ese modelo trae aparejados, y que no admiten mayor contraargumento. Ya en la Argentina, no solo la recurrencia inflacionaria, sino también el desvencijado y vetusto sistema de jubilación de reparto, llevan décadas edificando un sino devastador para jubilados y pensionados. Tras la eliminación del esquema de administradoras de pensión a manos del kirchnerismo (y con marcada complicidad legislativa opositora), la previsión social (ANSES) viene protagonizando los más funestos episodios de defraudación de dinero público, en donde los fondos que el Estado acopia en el apartado de las jubilaciones futuras fueron impunemente dilapidados en el enfermizo ejercicio de acciones populistas de baja factura moral, como ser la financiación de acciones proselitistas para que el gobierno de turno cimentara sus aspiraciones políticas entre masas de aparentes desposeídos. Hacia 2008, la aniquilación de las AFJPs en Argentina significó una confiscación de un aproximado de US$ 30 mil millones, caja que fue a parar a manos de los Kirchner y que terminaría siendo evaporada en un brutal electoralismo. Ningún funcionario fue jamás llevado a los tribunales por ese histórico acto de corruptela en todo concepto pero, hoy, el consenso comienza a explicitar que habrá costos: el Estado argentino ha comenzado a ser demandado en tribunales internacionales (CIADI) por el episodio. Al mirarse en el deformado espejo argentino, Chile bien podría estar echándole un vistazo a su propio futuro.

Otro tanto ha sucedido con la pretendida 'reforma educativa' chilena. Propiciado por Michelle Bachelet y sus huestes progresistas, en pocas palabras, el proyecto de 2016 incorporó propuestas centradas en torno de la gratuidad para la educación superior, hasta alcanzarse eventualmente al ciento por ciento de los 'estudiantes más pobres'. Naturalmente, acompañado ello de la creación de un ampuloso espectro de nuevas reparticiones públicas (en la práctica, puestos políticos). Ya en aquel año, un informe financiero oficial consignó que la reforma educativa tendría, para los contribuyentes chilenos, un costo superior a los US$ 3 mil millones, los cuales se sumarían a los US$ 13 mil millones en su momento destinados al presupuesto educativo nacional anual.

A plena luz del día , no en un camino rural si no que en la carretera más importante de Chile Terroristas Mapuches impunemente y sin oposición alguna ,transitan armados a bordo de camionetas último modelo provocando incendios NO hay Estado de Derecho.pic.twitter.com/oxNVMnDePK

— guaton davalos (@guatondavalos) December 29, 2018

Con el correr de los años, la reconfiguración refrendada por Bachelet y sus consorcistas ha convertido a Chile en una fiel reproducción del desquicio educativo público argentino, a partir de la entrada en escena de núcleos radicalizados que recurren a episodios de violencia -ya sea en pos del reclamo de potenciar los derechos ya obtenidos gracias a la reforma, con el fin de manifestarse en favor de la agenda de impetuosos grupos subsidiarios vinculados al espectro de las autoritarias 'políticas de género', o tomando partido por una cerrada defensa de operadores antidemocráticos en el seno de la comunidad mapuche (recurrente interdicto que tiene peso específico propio). Así lo evidencian los hechos: en Chile, la infiltración de las estructuras estatales por parte de la izquierda ha rematado en un proscenio en donde es la propia función pública la que financia a los portadores de proposiciones violentas. Problemática que, en la vecina República Argentina, por estas horas no observa visos de solución: el retroceso del Estado en materia preventiva (tras la implementación simultánea de la moda de un sistema penal en extremo benévolo y confesamente abolicionista) ha rematado en la cooptación del sistema estatal por superestructuras estudiantiles, sindicales y parasindicales que no ocultan ya su objetivo de demoler al mismísimo Estado que, en gran medida, abona sus haberes. 

Hoy estudiantes de la @uchile estaban lanzando molotovs, yo miraba cuando un capucha me reconoció como "facha" de la Centro Derecha Universitaria, se vinieron encima y MUJERES CAPUCHA me pegaron y empujaron contra una pared. Un compañero me defendió y le pegaron igual. pic.twitter.com/cKKLEyxHkp

— Polette Evelyn Vega G. (@PoletteVegaG) July 11, 2019

A primera vista, la realidad político-social chilena no escapa a un síndrome de índole regional con inocultables aristas: derrotada en las urnas, la izquierda y la centroizquierda fusionan agendas y blanquean su radicalización, recurriendo al accionar violento a través de grupos subsidiarios (proxies) de formulación convenientemente flexible: estudiantes universitarios ficticios, agents provocateurs de extracción ideológico-revolucionaria indigenista, supuestos migrantes enfurecidos, y otros alter egos. Naturalmente, la impetuosidad emparentada con la agitación callejera se complementa con principios de guerra cognitiva, en donde todos los ciudadanos sin distinción se convierten en presa y target de esa puja en pos de conquistar mentes y corazones (y tal como ya se observara en los procesos electorales estadounidense y brasileño). La agenda de esta miríada de grupos incorpora (y propicia) la existencia de un enemigo común al que es preciso aniquilar, en una guerra de atrición que no admite pausas: el Estado Nacional. En esa invectiva gramsciana, los pasos intermedios para consolidar esa victoria se nutren de una convocatoria a combatir -frontal y subrepticiamente- al Estado de derecho, a sus instituciones y Poderes, a sus fuerzas de seguridad, sus fuerzas armadas, etcétera. En definitiva, se exige poner en duda toda noción de orden, comenzando por la demolición controlada de los contratos sociales más elementales.

No obstante, y si de lo que se trata es de profundizar un análisis sobre el infortunado paralelismo chileno con la Argentina, la información es más abundante de lo que podría presuponerse. En rigor, la destrucción ex profeso de los logros del Chile contemporáneo no estaría completa sin la cooptación de sus fuerzas armadas (en particular, de sus sistemas de comando y control) por parte de la ideología vigente -operatoria que la Administración Sebastián Piñera, muy a pesar de las expectativas iniciales, no ha podido desactivar.

Ricardo Martínez Menanteau -Comandante en Jefe del Ejército de Chile desde 2018, gracias a su designación al frente del Arma por la ex presidente Michelle Bachelet-, es conocido en el vecino país como el 'Comandante Millonario', a raíz de hacerse pública en su oportunidad una serie de coloridos informes periodísticos que profundizaron sobre su abultado patrimonio. Para el analista entrenado, el personaje acusará un remarcable parecido con el hoy detenido ex tristemente célebre general argentino -ex jefe del Ejército en la era cristinista- César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani. En tal sentido, una vasta exploración de los antecedentes y contactos del uniformado chileno deviene en un imperativo categórico, conforme el plató chileno de cooptación -tal como sucediera en la Argentina- ha cobrado forma en la adjudicación discrecional de oportunidades y negocios para los propios, marginando (o jubilando, cuando fuere necesario) a terceros inconvenientes. Circunstancialmente, ese meduloso sistema de connivencias se conjuga en una yuxtaposición de delitos, en donde destacan la defraudación pública y la asociación ilícita.

Prólogos aparte, este primer capítulo sobre Chile habrá de centrarse en esta peculiar variable.


Martínez Menanteau: aceitado networking político

Jorge Burgos Varela. Ex Ministro de Defensa en 2014, y ex Ministro del Interior en 2015 y 2016, se desempeñó junto al propio Martínez durante 2014, realizando tours en tándem hacia interior y el exterior del país; de hecho, fue protagonista de los periplos que le fueran cuestionados al Comandante en Jefe del arma. Un destacado trabajo de investigación desarrollado por Jorge Arellano, Sergio Rodríguez y Daniel Labarca para el matutino La Tercera (fechado el 24 de noviembre de 2018), refirió al respecto: 'Burgos -ministro de Defensa entre 2014 y 2015- trabajó un año directamente con Martínez, cuando éste se desempeñaba como subjefe del Estado Mayor Conjunto. Ahí, compartieron en varias ocasiones, sobre todo cuando les tocó enfrentar varias emergencias, como el terremoto de Iquique y los incendios en Valparaíso. Una buena relación (...)'. 

Marcos Robledo Hoecker, de profesión periodista y cientista político, ganó notoriedad tras desempeñarse como asesor privado de la ex Jefe de Estado Bachelet, al ocupar ésta el Ministerio de Defensa. Durante el primer período de la ex presidente, entre 2006 y 2010, Robledo Hoecker ofició de asesor de política exterior y Defensa. Ya en el segundo período de la ex mandataria, fue designado Subsecretario de Defensa (desde enero del 2014 hasta marzo 2018), instancia en la que coincidió con Martínez, cuando este último ocupó el puesto de subjefe del Estado Mayor Conjunto (2014-2015). A posteriori, mientras Martínez Mentaneau era el Jefe de Estado Mayor del Ejército, compartía almuerzos de trabajo periódicos con Robledo, con rigor semanal.
 

Pero el listado no deja de compartir valiosos apuntes marginales -y personajes. Ergo, será imposible obviar el rol de íntimos y acólitos del ex Jefe del EMGE chileno:

General de División Shafick Nazal Lázaro. En el año 2012, al ser Martínez Comandante de la II División, Nazal fue designado como su Jefe de Estado Mayor (segundo de la referida División). Hacia fines de 2013, Nazal evidenció un curioso ascenso a general. Para producir el milagro, resultaron críticas las gestiones de Martínez -conforme ya no deberían existir sorpresas al respecto.

Al arribar Martínez Menanteau al puesto de Jefe del EMGE, Nazal sería nombrado director de Inteligencia, durante los dos años del ya citado Jefe del Estado Mayor. Nazal Lázaro sería luego ascendido a General de División, siempre a instancias del respaldo de Martínez, siendo destinado luego a la encumbrada posición de Director de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto, lo cual coincidió con la designación de Martínez como Comandante en Jefe del Ejército de Chile por parte de Bachelet.

General de División Jorge Peña Leiva. En 2012, el citado concretó su ascenso a General y, ya en 2015, tras verificarse la llegada de Martínez Menenteau al EMGE, Peña Leiva fue designado subjefe del Estado Mayor. Lo interesante es que el cargo de referencia fue creado recién ese año, granjeándole responsabilidades nulas y labores secundarias de asesoría en la línea de mando. No obstante, Martínez, aún sin contar aquél con las atribuciones necesarias, cortó por lo sano y decidió otorgárselas discrecionalmente. El jefe del Estado Mayor dejó en manos de Peña Leiva un abarcativo criterio de supervisión, tras lo cual Martínez Menanteau contaba luego con margen suficiente para dedicarse a su agenda. Parte de ella tenía que ver con la nueva ley del Estado Mayor Conjunto, factor que será comentado más adelante. Tiempo después, Peña sucedió a Martínez en la Dirección de Proyectos del Ejército, en donde un andarivel interesante fue el de curiosos criterios elegidos para adquisiciones. Finalmente, Peña fue designado titular de la Contraloría del Ejército de Chile.

Hacia fines de 2018, Peña Leiva se acogió a su retiro, no sin que manos no tan anónimas le consiguieran un contrato en la ANEPE (Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos).

General de División Rafael Fuenzalida Carmona. Este General se desempeñó como subdirector de la Escuela de Suboficiales, al momento de ser Martínez el director. Fuenzalida consolidó su ascenso a General en el año 2015, siendo designado luego como Director del Personal. Al año siguiente, en 2016, se produjo su reencuentro con el ya Jefe del Estado Mayor, Martínez Menanteau. Es éste quien ascendió como GDD a Fuenzalida Carmona, nombrándolo como Comandante de Operaciones Terrestres en el ínterin.

General de División Hernán Araya Santis. Araya Santis ocupó el puesto de Director de Proyectos e Investigación del Ejército, en el período en que la Contraloría llevó adelante una auditoría por la compra de los helicópteros de transporte Cougar (entre 2015 y 2016) -episodio que tuvo lugar en 2016, con Martínez como Jefe del Estado Mayor; instancia en la que no debe descartarse que el referido había oficiado como Director de Proyectos, cuando se definió la adquisición de las máquinas. A posteriori de este hecho, Martínez ascendió a Araya Santis como General de División.

General de División Javier Iturriaga del Campo. Hombre de confianza extrema de Martínez Menanteau, ni Iturriaga del Campo ni su amigo tenían en buena estima al General Augusto Pinochet, mediando cuestiones familiares. En el ejército chileno, fuentes bien informadas recuerdan que el padre de Martínez había sido dado de baja por haber incurrido en malversación como Comandante de regimiento, aunque Martínez solo se hizo eco de discrepancias de su progenitor frente al evento del golpe militar. Por su parte, el padre de Iturriaga del Campo había llegado a General, pero Pinochet dispuso su pronto retiro. Al ascender Martínez Menanteau a Comandante en Jefe del Ejército, quien quedó como su segundo fue John Griffiths (Jefe de Estado Mayor). En un franco despliegue de habilidad, Martínez logró imponer a Iturriaga como subjefe del EM y, al evidenciarse la renuncia de Griffiths, Iturriaga fue designado como jefe de Estado Mayor interino -hasta registrarse el nombramiento del ya mencionado Nazal.

Por estas horas, Iturriaga del Campo se encuentra bajo atenta observación, a raíz de la non sancta enajenación de pasajes aéreos.


Acerca de la Dirección de Proyectos

Durante el año 2013, el Ejército de Chile definió la adquisición de los ya citados helicópteros Cougar, pero la operación fue oportunamente cuestionada por la Contraloría, en virtud de haberse abonado un precio en mucho superior al normal. A tal efecto, la Contraloría del Ejército llevó adelante una pesquisa en 2015 y parte de 2016 -cuando, en ese último año, Martínez Menanteau ya oficiaba como Jefe del Estado Mayor del Ejército. El órgano de contralor compartió su dictamen en 2017 pero, en 2018, Martínez -en su rol de Comandante en Jefe- designó como al frente de la Contraloría a un cercano ya bien conocido: el General Peña Leiva.

No existiendo mayores diferencias en lo que hace a evaluación y puesta en marcha de proyectos en los distintos ejércitos de la región, en el caso de Chile, al Arma le tomó entre dos y cuatro años concretarlo, previo al proceso de adquisición. Martínez Menanteau había ocupado el cargo de Director de Proyectos, entre 2011 y 2012. El lector podrá arribar a las conclusiones atendibles: la totalidad de la definición y presentación para esa compra tuvo lugar mientras Martínez era Director de Proyectos. Ya en 2013, el responsable de la Dirección de Proyectos era Peña Leiva.

En 2014, la Dirección de Proyectos había quedado bajo la tutela del General René Palavecino Ponce, reconocido correveidile de Martínez Menanteau. Sin embargo, en la filosa óptica de Martínez, los descuidos de Palavecino Ponce representaban un flanco débil. En consecuencia, el mandamás resolvió quitárselo de encima, por cuanto el primero se hallaba profundamente involucrado en el desbarajuste de los tickets, a lo que se sumó una serie de discrepancias en la contratación de civiles. Mientras Araya Santis actuaba como Director del área entre 2015 y 2017, Contraloría procedía con la ya comentada auditoría por los Cougars de la discordia.


Misceláneos

En las fuerzas armadas de Chile, voces autorizadas conmemoran -y no necesariamente en voz baja- que Martínez logró consolidarse en su puesto como moneda de cambio por un estudio que repasaría lo actuado por el Ejército de Chile durante los últimos cincuenta años. Cualquier investigación que rozare algo más que la superficie, verificará que el discurso ofrecido por el Ministro de Defensa en el inicio del año académico del pasado 19 de marzo, en sus instancias finales, refirió: 'Ustedes deben estudiar el pasado, para aprender lecciones; observar el presente con visión crítica; e imaginar escenarios de futuro que permitan diseñar los mejores cursos de acción'. Asimismo, el Comandante en Jefe del Ejército, en su ponencia del pasado 9 de abril, explicitó: 'En el caso de quienes ejercen el mando, el honor militar está asociado íntimamente a la responsabilidad de mando, aquélla que es inherente al rol de Comandante y que en definitiva, lleva a hacerse cargo, de las órdenes que se emiten o se consienten y, por supuesto, de sus consecuencias. Este último aspecto, entre otros, ha llevado a que el Ejército estudie, durante la presente gestión de mando, el actuar institucional de los últimos cincuenta años, para obtener los aprendizajes que correspondan. Lo hacemos en el entendido de que un Ejército que no aprende de sus errores pasados, corre el riesgo que los puede repetir en el futuro' (dixit).

Luego de lo cual será oportuno recordar las palabras del célebre filósofo británico Thomas Hobbes, quien refiriera: 'Los problemas surgen con los deseos mismos del hombre. Los intereses individuales siempre se tornarán en contra de los otros, generando así un conflicto, especialmente en pos de la búsqueda de poder y riquezas'. Nada más apropiado.

Hace ya dos años que la flamante legislación del Estado Mayor Conjunto ha sido completada, más no presentada. En la letra de la misma, tipificóse que un Jefe del Estado Mayor Conjunto porta mayor relevancia frente a los Comandantes en Jefe, cuyos nombramientos se encuentran atados a un conjunto de medulosos requisitos -aunque pocas veces estos se cumplen, y Martínez Menanteau es un apreciable ejemplo de ello. 

La mencionada ley se encuentra emparentada con la Ley de Financiamiento de las Fuerzas Armadas, hoy en trámite. Renglones después, y asociado al financiamiento de las FF.AA. chilenas y al Jefe del Estado Mayor Conjunto, repoasn la definición de las capacidades estratégicas y las adquisiciones realizadas por el Ministerio de Defensa en acción mancomunada con el EMC. Es la opinión de no pocos entendidos e insiders en la res pública chilena que Martínez Menanteau porta consigo la aspiración de convertirse en el Jefe del Estado Mayor Conjunto cuando éste cargo se apruebe conforme está previsto, esto es, mutar en un Comandante en Jefe de las FF.AA. a quien ningún Comandante en Jefe de institución subalterna alguna pueda, eventualmente, cuestionar.

Por estas horas, esas mismas fuentes han evaluado que el vínculo construído por el General Martínez con el Ministro de Defensa Alberto Espina dista de ser el mejor, para el primero. En cualquier caso, el discurso compartido por el Comandante en Jefe del Ejército de Chile en la la ceremonia de acuartelamiento del 9 de abril, citó: '(...) Creo que es la oportunidad para dar otro paso relacionado con lo anterior, que sea el propio Estado de Chile, a través del Ministerio de Defensa, el responsable de realizar todo el proceso de grandes compras militares, a partir de las capacidades resueltas… '. Subtexto: conforme lo dictan los considerandos de la nueva legislación, ese sistema de adquisiciones o compras se llevará a cabo teniéndose en cuenta la opinión técnica del Estado Mayor Conjunto. Las instituciones podrán emitir opinión, pero la misma sería meramente testimonial, por cuanto la asesoría técnica definitiva quedará en manos del EMC; la ley de referencia buscará que la decisión final (o, si se quiere, el mando) descanse en el Comandante en Jefe del Estado Mayor Conjunto, en desmedro de las instituciones.

Pero el prolífico Martínez Menanteau también ha invertido tiempo en favorecer a familiares directos e indirectos. Por caso, sus hermanos Rafael Eugenio y Leonardo, han sido designados en la Subsecretaría General de Gobierno y en la Fundación Alcázar, respectivamente. Conforme ya es sencillo percibir, estos pormenores no remiten a inocentes actos de prestidigitación, sino a un fulgurante caso judicial condimentado en el tráfico de influencias, en todos sus alcances.

Prólogo, mas no epílogo

Ad extremum, ¿es plausible alimentar esperanzas frente al próximo horizonte político-social de Chile? A la luz de lo expuesto y de otras realidades -como ser la variable judicial- que habrán de ser auscultadas en un próximo capítulo-, una respuesta perentoria invitaría a inclinarse por la negativa.

Décadas atrás, y remitiéndonos nuevamente a la incipiente teoría del espejo aquí planteada, Chile evaluaba a la vecina República Argentina como el rival del vecindario con el cual estaba llamado a disputar reiterados rounds en pos de la preeminencia regional. Mucho tiempo después, el teatro de operaciones para el que muchos se prepararon ha mutado significativamente. A ambos lados de la Cordillera de los Andes, las mesas de arena invitan hoy a un ejercicio intelectual que poco tiene de racional y mucho de inconducente -por cuanto otrora supo darse por zanjado-: si acaso la ciudadanía prefiere orden, o anarquía; institucionalidad, o barbarie; rendición de cuentas, o amiguismo; Estado limitado y responsable, o intervencionismo estatal en abierto desquicio y desenfreno; derechos como fiel y equilibrado correlato de obligaciones, o interminables derechos sin evidencia de contraprestación.

En todos aquéllos apartados, al menos la Argentina cuenta con una ventaja estratégica no menor frente a su vecino: los ciudadanos argentinos tienen bien claras las consecuencias del cataclismo. Sus pares chilenos parecen no tener mayor idea sobre lo que les espera; recién están asistiendo a la inauguración de sus padecimientos.