Argentina: sobre el resultado de transformar a la democracia en una competencia populista

En nombre de la solidaridad social, muchos que se dicen demócratas, en nombre de la solidaridad social, le quitan el fruto del trabajo a quienes se desloman a diario en su empleo genuino, y lo reparten entre millones. Digamos que 'compran' votos con el dinero del contribuyente. Si uno propusiera desarmar esa competencia populista, la respuesta inmediata de aquéllos se sintetizaría en la sentencia: 'Te incendian el país'.

Mi respuesta es que el país se terminará incendiando de todos modos, si no se sale rápidamente de esta locura en la que cada vez son menos quienes producen, y más los que consumen sin producir, utilizando al Estado para que éste se apropie del trabajo privado y para que, al final, se les transfiera una parte a ellos mismos.

Establecer la relación entre la gente que todos los meses pasa por la ventanilla del Estado a buscar algún cheque y cuántos aportamos para pagar esos cheques, no es tarea sencilla. Los llamados programas sociales están distribuidos a lo largo de todo el Presupuesto. Unos programas son administrados por ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social); otros, por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social; otros, por el Ministerio de Trabajo; otros, por reparticiones que dependen de algún ministerio pero que se exhiben separadas de ese ministerio en el presupuesto. Una tarea titánica es rastrear todos los datos.

De todas maneras, recurriendo al informe del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y al Presupuesto Nacional, es posible contar con una aproximación de cuántos individuos pasan por las ventanillas del Estado a cobrar un cheque todos los meses.

Sin haber incluído todos los planes sociales y tomando el total de empleados públicos nacionales, provinciales y municipales, casi 22 millones de personas pasan todos los meses por alguna ventanilla del Estado para cobrar algún tipo de subsidio, lo cual impacta en el resultado de la caja del Ministerio de Hacienda.

Me apresuro a aclarar que incluyo a los jubilados porque, en un sistema de reparto, la gente no ahorra a lo largo de su vida laboral, sino que se limita a pagar un impuesto para mantener a los que están retirados de la vida activa. Es decir que trabajadores y empresas pagan un impuesto sobre la nómina salarial, para financiar a los que actualmente están jubilados.

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Trabajo correspondientes a marzo último, en el sector privado trabajan 8,6 millones de personas, incluyendo a asalariados de casas particulares. Los autónomos son una especie en extensión, y el grueso está entre los empleados privados en relación de dependencia y los monotributistas puros, es decir que no tienen otra actividad.

Si se suma los jubilados y pensionados y los que entraron al sistema sin haber aportado, hay, redondeando, 6,8 millones de beneficiarios. Y un interesante trabajo de IDESA ha detectado que 1,2 millones de personas cobran doble beneficio previsional. Es como el caso de Cristina Fernández de Kichner que viene cobrando su pensión como ex presidente y como viuda de Néstor Kirchner.

Ahora, bien; si existen 8,6 millones de personas en el sector privado aportando, surge de allí una relación de 1,26 personas en actividad por cada jubilado y pensionado. Si se agregan los empleados públicos en el orden nacional, provincial y municipal, esa relación se eleva, quedando en 1,7 personas en actividad por jubilado y pensionado. Conforme se precisan 4 activos por cada pasivo para poder estar en equilibrio, se entiende así, porque la mayoría de los jubilados cobran mendrugos. Gracias al kirchnerismo, responsable de haber sumado al sistema unos 3.5 millones de jubilados sin que aportaran nada; en la práctica, todos son pobres.

Lo que surge de las dos infografías previas es que 8,6 millones de personas deben aportar para financiar a, aproximadamente, 22 millones de personas que todos los meses pasan por la ventanilla del Estado a buscar su cheque. No se incluyen todos los programas activos, sino los que figuran en el listado que son los accesibles.

Uno de los datos más impactantes son las pensiones por invalidez laboral, que suma poco más de un millón de beneficiarios.

El gráfico previo muestra la evolución entre 2003 y 2019 de la cantidad de beneficiarios de pensiones por invalidez. Puede diferir en algo con los datos de la primera infografía, porque unos son tomados del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y otros del Presupuesto Nacional para el corriente año.

Entre 2003 y 2015 las pensiones por invalidez saltaron de 81.539 a 1.011.476 ¿El kirchnerismo quiere hacer creer que la Argentina tuvo de golpe casi un millón de inválidos sin tener una guerra, un terremoto o un tsunami?, para poder justificar semejante incremento. Se estima que, durante la Segunda Guerra Mundial, participaron 12,2 millones de soldados estadounidenses. Perdieron la vida unos 407 mil, en tanto 671 mil resultaron heridos.

Y hay datos que circulan en las redes sociales: estos revelan que, en algunas pequeñas poblaciones del norte argentino, por ejemplo, existen 15 personas con el mismo apellido, que no es García, González, ni Fernández, y que reciben pensiones por invalidez. Estos llegan a representar entre el 16% y 28% de los habitantes del distrito.


Concentración de los casos de invalidez

Las provincias que tienen más porcentaje de beneficiarios de pensiones por invalidez respecto a su población son: Chaco 7,93%; Santiago del Estero 7,52%; Córdoba 6,97%; Misiones 6,92% y el resto del listado se concentra en el NOA (Noroeste argentino) y NEA (Noreste argentino). En conjunto concentran, aproximadamente el 56% de ese tipo de beneficio.

Cuando se observa que el empleo público en las provincias ha crecido a un promedio del 70% entre 2003 y 2017; que los senadores tienen un promedio de 25 asesores cada uno, y falta explicar a 4 mil empleados extra que figuran como planta transitoria y permanente del Senado (y sobre quienes se desconoce qué hacen); que la Cámara de Diputados tiene 5.287 empleados para 257 diputados, da un promedio de 20 por legislador; que en la Legislatura de CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), se cuentan unos 2.500 empleados para 60 legisladores (casi 42 por cargo lectivo); que en los municipios sucede lo mismo, y se agrega la infinidad de planes "sociales" y jubilados que cobran doble jubilación gracias a la moratoria que alegremente se entregaron durante las presidencias de Néstor y de Cristina Kirchner, se llega a una conclusión: no es cierto que el país estalla si uno se propusiera cambiar esto.

La realidad es que lo antes descripto es parte del negocio de la política en esta competencia populista que logró consolidarse durante la democracia;  y que el miedo nada tiene que ver con el estallido, sino con la pobilidad cierta de que muchos políticos pierdan parte de su negocio electoral.

Esta competencia populista por ahora funciona en base a explotar a unos pocos que producen, para repartir el fruto del trabajo entre legiones de empleados públicos, planes sociales, piqueteros que le hacen la vida imposible a aquellos que van a trabajar para, precisamente, mantenerlos a ellos.

El cálculo del político es: 'A estos 8,6 millones de contribuyentes, los tengo cautivos; les quito cada vez más dinero, para repartir entre estos casi 22 millones de beneficiarios'.

En definitiva, cuando me preguntan: ¿y qué hacemos con esas 22 millones de personas, los dejamos morir de hambre? Mi respuesta: tarde o temprano, si se continúa con este festival populista, esos 22 millones se morirán de hambre porque no quedará nadie en el grupo de los 8,6 millones que quieran trabajar para mantenerlos.

Con esta competencia populista, la Argentina se está extinguiendo como país. Llo más grave es que la dirigencia política nacional no toma conciencia sobre el país fallido que construye a partir de esta falsa solidaridad social y Estado de bienestar.