Affaire Corpoelec: dos funcionarios venezolanos, acusados en los Estados Unidos

Washington – Un ex ministro del gobierno de Venezuela, y un ex funcionario de la compañía eléctrica Corpoelec (Corporación Eléctrica Nacional, S.A.; tutelada por el Estado de ese país) fueron acusados por sus supuestos roles vinculados al lavado de activos ilícitos, en franca violación al Acta de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), en conexión con la recepción de sobornos para Corpoelec. La referida acusación se completa con dos confesiones de culpabilidad registradas durante la pasada semana, de dos empresarios que conspiraron para violar el acta estadounidense FCPA en participación de idéntico esquema de corrupción.

Como es de público conocimiento, los considerandos del acta estadounidense FCPA consignan que todo ciudadano extranjero que utilice el sistema bancario americano para circular ingresos derivados de actividad ilícita, es pasible de ser extraditado y posteriormente juzgado por autoridades judiciales de este país; todo ello, con independencia de lo actuado por la administración de justicia del país de origen de los individuos implicados. 

 

El Agente Especial a Cargo, Adolphus P. Wright (de la División de Campo de Miami, DEA), el Asistente del Fiscal General Brian A. Benczkowski (División de Justicia Criminal del Departamento de Justicia) y la Fiscal de los Estados Unidos, Ariana Fajardo Orshan (Distrito Sur de Florida) compartieron el anuncio oficial sobre el particular.

 

Luis Alfredo Motta Domínguez (Motta) -de 60 años de edad- y Eustiquio José Lugo Gómez (Lugo) -de 55-, ambos oriundos de Venezuela, fueron acusados bajo ocho cargos en el Distrito Sur de Florida, siendo uno de tales cargos la conspiración para ejercitar lavado de dinero, y los otros siete por cargos de comisión efectiva de lavado. Hasta hace poco, Motta se desempeñaba como ministro de energía eléctrica en Venezuela y director de Corpoelec; Lugo fue director de compras en la firma estatal.

 

La acusación presentada explicita que, aproximadamente en enero de 2016, y hasta diciembre de 2018, Motta y Lugo conspiraron junto a terceros para lavar las tenencias ilícitas surgidas de un esquema de sobornos, desde y hacia cuentas bancarias en instituciones localizadas en el sur de Florida. De acuerdo a la presentación, Motta y Lugo le otorgaron a tres empresas estadounidenses con base en Florida, más de US$ 60 millones en contratos de adquisición de insumos con Corpoelec, a cambio de sobornos abonados a ellos, o en su beneficio. Más adelante, la acusación certifica que la actividad ilícita se sintetizó en un esquema de sobornos que violó efectivamente el acta FCPA, y que involucró delitos de soborno contra Venezuela. De acuerdo a tales cargos, una porción sustancial de los fondos obtenidos de los contratos corruptos fue lavada a través de instituciones financieras estadounidenses, empleándose cuentas bancarias situadas en el Distrito Sur de Florida.

El 24 de junio de 2019, Jesús Ramón Veroes -de 69 años de edad, venezolano- y Luis Alberto Chacín Haddad -de Miami, Florida- confesaron culpabilidad ante la Jueza de Distrito Cecilia M. Altonaga, del Distrito Sur de Florida, en un cargo de conspiración para violar numerosas provisiones tipificadas en el texto del acta FCPA. Veroes y Chacín tendrán sentencia, emitida por la Jueza Altonaga, el 4 de septiembre de 2019.

 

De acuerdo a las confesiones de los individuos, en conexión con sus respectivas declaraciones, Veroes y Chacín acordaron entre ellos y terceros conspiradores, efectuar pagos corruptos a funcionarios extranjeros de Corpoelec, a cambio de la obtención de contratos para adquisición de insumos para empresas localizadas en Florida. Bajo los términos del convenio de confesión de culpabilidad, Veroes y Chacín deberá, cada uno por separado, entregar a las autoridades estadounidenses al menos US$ 5.5 millones en beneficios obtenidos para obtener los contratos, así como también deberán ceder propiedades por ellos tuteladas en la zona de Miami.

 

El caso fue investigado por DEA Miami, con asistencia de la Oficina de Campo y de Investigaciones Criminales de Miami del IRS (Internal Revenue Service, la oficina estadounidense de impuestos). El Fiscal de Acusaciones John-Alex Romano (de la Sección de Fraudes en el Departamento de Investigaciones Criminales), el Fiscal de Acusaciones Joseph Palazzo (de la División Criminal dedicada a investigar Lavado de Dinero y Recuperación de Activos), y el Fiscal Asistente de los EE.UU. Michael Nadler (del Distrito Sur de Florida) están llevando adelante el caso y las respectivas acusaciones.