Joaquín 'Chapo' Guzmán Loera -líder del Cártel de Sinaloa-, sentenciado a cadena perpetua y treinta años consecutivos

WASHINGTON – Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, conocido por sus numerosos alias (entre los que se han incluído 'El Chapo' y 'El Rápido'), fue sentenciado este miércoles 17 de julio de 2019, por el Juez de Distrito de los Estados Unidos de América, Brian M. Cogan, a cumplir una condena de reclusión perpetua, más treinta años consecutivos, por haberse desempeñado en forma recurrente como líder principal de una organización criminal -el sindicato del crimen organizado mexicano conocido como Cártel de Sinaloa-. La lista de cargos -según informó el Departamento de Justicia estadounidense- involucró 26 violaciones emparentadas con el contrabando de estupefacientes, y uno de conspiración para cometer un homicidio. Asimismo, el tribunal resolvió que Loera deberá ceder unos US$ 12.6 mil millones de dólares en activos.

 

Guzmán Loera había sido acusado por un jurado federal el pasado 12 de febrero de 2019 luego de un juicio de tres meses, por diez cargos que incluyeron el contrabando de estupefacientes, el empleo de un arma de fuego en ejercicio de delitos vinculados a las drgoas, y el haber participado en una conspiración para lavar dinero.

 

La sentencia fue anunciada por el Fiscal General William P. Barr, por el Asistente de la Fiscalía Brian Benczkowski (División de Justicia Criminal del Departamento de Justicia), el Fiscal de los EE.UU. Richard P. Donoghue (Distrito Este de Nueva York), la Fiscal de los EE.UU. Ariana Fajardo Orshan (Distrito Sur de Florida), por el Director en Ejercicio de la Administración Antinarcóticos estadounidense (DEA), Uttam Dhillon, el Director del FBI, Christopher A. Wray, el Secretario de Seguridad Nacional Kevin McAleenan, el Director Ejecutivo Asociado Derek Benner (Departamento de Investigaciones en Seguridad Interior y Aduanas), el Alguacil de los EE.UU. Bryan T. Mullee (Distrito Este de Nueva York), James P. O'Neill (Comisionado del Departamento de Policía de Nueva York), y por el Superintendente de la Policía Estatal de Nueva York, Keith M. Corlett.

 

La evidencia presentada en el proceso judicial estableció que Guzmán Loera se desempeñó como uno de los líderes principales del Cártel de Sinaloa -organización mexicana dedicada al contrabando de estupefacientes con proyección internacional-, responsable de haber importado y distribuído en territorio estadounidense más de un millón de kilos de cocaína, marihuana, metanfetamina y heroína. La evidencia incluyó el testimonio de un total de catorce testigos, incluyendo el de los miembros del Cártel, Rey y Vicente Zambada, Miguel Martínez, Tirso Martínez, Dámaso López y Alex Cifuentes; la confiscación de más de 130 mil kilos de narcóticos (entre cocaína y heroína); el secuestro de armamento, incluyendo fusiles de asalto del tipo AK-47 y un lanzagranadas portátil; libros contables; mensajes de texto; videos; fotografías y grabaciones interceptadas que, en conjunto, detallaron la actividad de contrabandista de Guzmán y de sus co-conspiradores durante un período superior a los 25 años, computado desde enero de 1989 hasta diciembre de 2014.

Desde mediados de los años ochenta hasta su primer arresto en México en 1993, Guzmán Loera se desempeñó como un operativo de nivel intermedio del Cártel de Sinaloa, granjeándose su reputación bajo el apodo 'El Rápido', en función de la velocidad demostrada a la hora de transportar drogas desde México hacia los Estados Unidos para cárteles colombianos. Tras fugarse del presidio mexicano en 2001 tras ocultarse en un carro de lavandería, Guzmán Loera constituyó una alianza con el fugitivo y también imputado Ismael Zambada García para, en conjunto, convertirse a la postre en prominentes líderes del Cártel de Sinaloa. Guzmán Loera mantuvo control de su imperio dedicado a las drogas recurriendo a un ejército de letales guardaespaldas y una sofisticada red de comunicaciones.

 

El proceso judicial subrayó el carácter utilizado por Guzmán Loera y su organización, a efectos de transportar múltiples toneladas de embarques de narcóticos hacia los Estados Unidos, incluyendo el empleo de barcos pesqueros, submarinos, aeroplanos construídos en fibra de carbono, trenes con compartimientos secretos y túneles que atravesaban fronteras de países. Una vez que los narcóticos arribaban a territorio estadounidense, eran comercializados al menudeo en Nueva York, Miami, Atlanta, Chicago, Arizona, Los Angeles y otras ciudades. A posteriori, Guzmán Loera recurrió a distintos métodos para lavar miles de millones de dólares de procedencia ilegal, incluyendo el contrabando de dinero en efectivo en grandes cantidades desde los Estados Unidos hacia México, hacia firmas privadas de seguros estadounidenses, hacia tarjetas de crédito recargables y hacia numerosas firmas offshore o shell companies -incluyendo una firma de comercialización de jugos naturales y otra de harina de pescado.

 

Guzmán Loera y su organización se respaldaron en actos de violencia a criterio de mantener su poder a través de la región, y más allá. Numerosos co-conspiradores testificaron que Guzmán Loera ordenó a sus guardaespaldas el secuestro, la interrogación, tortura y homicidio de miembros de organizaciones rivales, en oportunidades ejercitando él mismo esos actos. Como parte de su arsenal, el Cártel de Sinaloa tenía acceso a granadas de mano y lanzagranadas portátiles. El personal de Guzmán Loera contaba un fusil de asalto AK-47 y tres pistolas calibre .38 con incrustaciones de diamantes, una de ellas grabada con sus iniciales 'JGL'.

 

Adicionalmente, Guzmán Loera y su organización también echaron mano de una amplia red de funcionarios y empleados de gobierno corruptos, a los efectos de proteger y resguardar los intereses del Cártel de Sinaloa. Entre aquéllos, se contó a oficiales de policía, guardias de prisiones, altos miembros de fuerzas armadas y a funcionarios políticos en actividad. A cambio de protección, el Cártel abonó millones de dólares a las personas mencionadas.

'El largo camino que trajo a 'El Chapo' Guzmán Loera a una corte en los Estados Unidos remite a drogas, muerte y destrucción, pero termina con justicia', declaró el Asistente de la Fiscalía General Benczkowski. 'Gracias al incansable esfuerzo del Departamento de Justicia y de la comunidad de seguridad durante los últimos 25 años, este notable líder de una de las organizaciones de contrabando de estupefacientes más importantes del hemisferio occidental, el Cártel de Sinaloa, invertirá lo que le queda de vida tras las rejas'.

 

Por su parte, el Fiscal de Nueva York, Donoghue, compartió: 'Al final, el día de Guzmán Loera ha llegado' (...) 'No volverá a envenenar a nuestro país, ni contribuirá a la pérdida de millones de vidas. Ciertamente no podemos deshacer la violencia, la miseria ni la devastación provocadas contra incontables personas y comunidades, como resultado de la venta ilegal de toneladas de drogas por parte de esta organización durante más de dos décadas; pero podemos garantizar que invertirá cada minuto de lo que le quede de vida en prisión. Idéntico destino aguarda a aquellos que tomen su lugar'.

Mientras tanto, la Fiscal Fajardo Orshan declamó: 'No puede soslayarse el impacto que provocará el haber capturado y encerrado a Guzmán Loera, por el resto de su vida: el mundo estará, a partir de ahora, a salvo de su brutalidad (...) Nuestra Fiscalía continuará trabajando para liberar a nuestras comunidades del efecto pernicioso y destructivo de las drogas'. Comentarios que se vieron también respaldados por el Administrador DEA Dhillon, al sentenciar éste: 'Se trata de una enorme victoria para el Estado de derecho, para miles de agentes DEA activos y retirados, para nuestros colegas en las fuerzas de seguridad de México, y para muchísimos analistas en todo el mundo'.

El proceso judicial fue llevado adelante por los Asistentes de la Fiscalía de los EE.UU. Gina Parlovecchio, Michael Robotti, Patricia Notopoulos y Hiral Mehta (Distrito Este de Nueva York); los Asistentes de la Fiscalía de los EE.UU. Adam Fels, Andrea Goldbarg y Lynn Kirkpatrick (Distrito Sur de Florida); y los Fiscales Amanda Liskamm, Anthony Nardozzi, Brett Reynolds y Michael Lang (Sección Drogas Peligrosas, en la División de Investigación Criminal del Departamento de Justicia).

 

El caso fue investigado por distintas agencias del gobierno estadounidense, entre ellas DEA, ICE (Inmigración y Aduanas), HSI (Seguridad Interior) y el FBI, en tándem con autoridades de seguridad de México, Ecuador, Holanda, República Dominicana y Colombia. A los efectos de resguardarse el proceso de extradición de Guzmán Loera hacia los Estados Unidos, fue crítica la función desempeñada por la Oficina de Asuntos Internacionales de la División de Investigación Criminal del Departamento de Justicia, naturalmente, cooperando con autoridades del gobierno mexicano, sin el cual el resultado final jamás hubiese sido posible. Los esfuerzos investigativos, según confirmó el propio Departamento de Justicia estadounidense, se vieron coordinados entre su División de Operaciones Especiales, agentes, analistas y fiscales pertenecientes a la Sección Drogas Peligrosas e Investigaciones Criminales; DEA New York; DEA Miami; la Oficina de Campo del FBI en Washington; la Oficina de Campo del FBI en Nueva York; la propia con base en Miami; y lo propio con oficinas del FBI, HSF y ATF (Bureau contra el Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego), el Alguacil de los EE.UU. (U.S. Marshall Service).; y la División de Investigaciones Criminales del IRS (Servicio de Impuestos), en complemento con la Policía de la Ciudad de Nueva York y la Policía Estatal de Nueva York.

Todos los órganos y agencias que tomaron parte del proceso operativo y de investigaciones nucleó sus esfuerzos en la Fuerza Especial contra el Crimen Organizado Dedicado a las Drogas (OCDETF, Organized Crime Drug Enforcement Task Force), que ha combinado el entrenamiento, expertise y capacidades de elementos de seguridad de orden local, estatal y federal (agencias). En efecto, la misión principal de OCDETF coincide con identificar, desmantelar y procesar a miembros del más alto nivel pertenecientes a organizaciones criminales y firmas dedicadas al contrabando de estupefacientes y armamento, y al lavado de activos ilícitos.