Desaprensivo 'manual de procedimientos K' en la asociación mutual del Círculo de Suboficiales del Ejército Argentino (CIRSE)

No me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos.

Martin Luther King

* * *

En la República Argentina, las mutuales se rigen por los considerandos tipificados en la Ley 20.321 y, adicionalmente, por diversas resoluciones o normativas que dicta el órgano competente en la materia: trátase del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), entidad dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, el cual, a su vez, tiene bajo su reponsabilidad a las funciones que competen al Estado en materia de promoción, desarrollo y control de la acción cooperativa y mutual, hoy a cargo de Marcelo Oscar Collomb.

En la práctica, de lo que se trata es de 'empresas sociales', que contabilizan un aproximado de 4.200 entidades registradas, y alrededor de 5 millones de asociados. Constituyen uno de los pilares de la economía social sin fines de lucro, en tanto son apuntaladas merced al aporte de sus asociados.

Sin embargo, y si uno ha de atenerse a la curiosidad, la 'solidaridad' es un aspecto inherente a tales organismos.

Creado el 28 de marzo de 1964, el CIRSE agrupa a los suboficiales del Ejército Argentino. Contando una sede central en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 35 subsidiarias en las distintas provincias del país, el citado núcleo ha transmigrado en un botín político para la campaña del kirchnerismo (Frente de Todos). Por estas horas, la meta consiste en hacerse de los votos de sus afiliados, a cambio de respaldos de cara a un eventual fraude electoral, para que el oficialismo nutra continuidad -enumerándose, asimismo, una frugal promesa de 'ayuda' económica que sirva para hacer frente la aguda crisis financiera que hoy padece la institución. En tal sentido, los encuentros privados sostenidos entre Santiago Cafiero, cabeza visible del aparato de campaña del tándem Alberto Fernandez/Cristina Fernández, y Marcelo Carod, quien opera en nombre del actual titular de la mutual (subterráneos cónclaves que se llevaron a cabo en dependencias de la calle Godoy Cruz, en el barrio porteño de Palermo, certifican el referido convenio para recolectar apoyos recíprocos.

A posteriori, se evidenció la presentación de denuncias ante las distintas instancias administrativas, en la Junta Electoral y el mismísimo sistema de administración de justicia misma, por parte de elementos de oposición -los cuales declaman que les ha sido negada la posibilidad de competir en comicios claros y transparentes. Parte de esas presentaciones arrojan luz sobre una soterrada venta de activos por cifras que ascienden a millones de dólares, sobre el súbito despido de empleados ideológicamente no afines, y sobre incrementos desproporcionados en el costo de las cuotas sociales. Puesto en limpio, se asiste a una planificada anomia en todo concepto, escenario que perfectamente podría conducir a una inexorable intervención.


Corrupción en estado puro

Como parte del aquelarre, será inevitable centrar la atención en el proveedor de seguros de sepelios Sol Naciente Seguros, S.A. (CUIT: 30-68250955-0), cuyo titular desde 1995 es el Guillermo Néspola, protagonista ciertamente excluyente de ciertos 'negociados' ocultos tras bambalinas en este peculiar ejercicio de mutualismo. Al día de la fecha, Sol Naciente no solo mantiene la prestación de servicios sin verificarse competencia alguna sino que, amén de ello, la concesión de la explotación de la Delegación Bariloche ha sido convenientemente organizada bajo la discrecionalidad de su propia hija, María Celeste Nespola (CUIT 27-29600953-4), sin haberse registrado siquiera el pago de un centavo en concepto de cánon. El hecho de que la prolífica María Celeste se haya inscripto en AFIP meses después de haber tomado las riendas del negocio podría, para miradas curiosas, presentarse como un apunte marginal sabrosamente anecdótico.

Complementariamente, habrá que decir que Néspola también integra el directorio de la firma Apen, S.A. (CUIT: 30-66332699-2), entidad que inició el despliegue de una plétora de créditos usurarios con el CIRSE como destinatario, una vez que el consejo directivo de este último aprobó la toma de financiamiento externo. A la sazón, durante 2018, Don Néspola modificó la composición del directorio, a criterio de evitar la incompatibilidad de funciones -o, tal vez, para alejar posibles miradas perspicaces que pudieran tomar interés en el asunto.

Esta desaprensiva metodología -en gran medida copiada del archiconocido manual de procedimientos del kirchnerismo- se presenta, en rigor, peor que obvia; convierte al ridículo en el actor central de un culebrón que merodea con lo bizarro.

Lo anterior cobra forma en el hecho de que el ciudadano Miguel Argentino Navarro (ex chauffeur privado del difunto Néstor Carlos Kirchner y actual asesor de su hijo Máximo), en su oportunidad expulsado de la mutual tras acopiar una gravosa morosidad, se presentó como autoridad de fiscalización del INAES en el CIRSE, con el objeto de prestar o no aprobación para las listas de postulantes a presentarse en los comicios, y llevando a cabo reuniones periódicas en el despacho del actual Secretario y postulante a presidente Carod. Consultado en modalidad off the record, un vocal del INAES negó que dicha persona perteneciera al organismo. De ser cierto esto, ¿qué motivación oculta la junta electoral actual para patrocinar un fraude sobre título y cargo apócrifos?


Cómo confeccionar un fraude electoral

Si tal fuera el propósito, no sería necesario echar mano de mayores vueltas. Bastaría con redactar y lograr la aprobación, ante INAES, un reglamento de comicios 'favorable', útil para convalidar los diferentes proscenios que certificarán el rechazo y descarte automático de listas opositoras. A continuación, será preciso designar una junta electoral 'amiga' que, como es lógico, responda a órdenes e intereses del consejo directivo.

De esta manera, y atendiéndose al antecedente compartido por los comicios de 2015, y tomando nota del curso que lleva el proceso electoral actual, el objetivo buscado es aniquilar todas las chances opositoras en pos de tomar parte de la competencia. Un botón para la muestra: hasta este instante, han sido rechazadas un total de 23 listas en todo el país.

En 2015, la lista oficialista presentó entre sus integrantes a una aspirante inhabilitada por morosidad, quien de todos modos logró ser oficializada. A continuación, una asamblea de socios ordenó al consejo directivo abstenerse de tomar posesión de sus cargos, mientras se sancionó la presentación de actuaciones con miras a investigar el episodio. Nada sucedió.

De cara a los presentes comicios, las adhesiones de los asociados a cada lista fue examinado maliciosamente, expresadas aquéllas en un formulario que portaba datos personales íntegros. Específicamente, los domicilios debían coincidir, de manera taxativa, con aquellas que figuran en el padrón del organismo; a partir de este detalle, se procedió a rechazar más de nueve listas de oposición, neutralizando toda posibilidad de participar para los socios, esto es, quedando fuera del proceso de elección de sus autoridades.

Acaso el ex presidente Carlos Alberto Silva, quien fuera expulsado de la mutual tras verificarse un fallo adverso emparentado con acoso sexual y 'violencia de género' en el ámbito laboral, pudiera ofrecer explicaciones pertinentes que ilustren sobre aspectos funestos de codicia y corrupción.

Con toda probabilidad, el creciente desprecio ciudadano frente al retorno de viejas prácticas políticas de interminables doce años termine desempeñando un rol crítico en la resolución del presente affaire. Escenario que podría dotar del ímpetu necesario a INAES para que el órgano muestre la firmeza necesaria, haciendo lugar a los justos planteos que buscan se garantice la realización de una competencia electoral verosímil y transparente. De lo contrario, será que su decisión volverá a coincidir con prestar oídos sordos, como ya lo ha hecho en el pasado. Situación que ameritaría la preparación de un nuevo capítulo de índole exploratoria en este espacio, que arrojará debida luz sobre identidades y responsables directos, y subsidiarios.

Referencias | Fotografías


- Marcelo E. Carod
- Siguiente. Izquierda: Suboficial Mayor Oscar Chávez, presidente de la junta fiscalizadora; acompañado por el presidente de la junta electoral, Omar Dionisio Ledesma
- Ultima. Entre otros: José Nicolás Córdoba -actual consejero-; Daniel Oscar Alegre, miembro de la junta fiscalizadora y candidato a vicepresidente. Con ellos, Marcelo Carod -en campera y atuendo informal-, en su rol de máxima autoridad del consejo directivo. Vistiendo chaleco, Héctor Oscar Uncos