Argentina: República o Dólar

Desde distintos sectores del kirchnerismo, se han enviado señales nada halagüeñas ni auspiciosas de cara a la elección que viene.

Bastará repasar discursos y manifestaciones pertenecientes a los más encumbrados referentes del Frente de Todos, para certificar que, de imponerse Alberto Fernández en los próximos comicios, habrá cambios significativos. En tal escenario, el espectro kirchnerista aprovechará la oportunidad para modificar sustancialmente la estructura y el destino de Instituciones, legislación y ciudadanos. Puesto en limpio, esa propuesta electoral se atendrá a torcer el rumbo del país como se lo conoce. 

Para quienes atendemos a las novedades políticas, se ha vuelto común escuchar a Cristina Fernández de Kirchner y a otros dignatarios de su intimidad el afirmar, a efectos de justificar cualquier modificación de los contenidos de la Constitución Nacional, frases tales como 'Hay una estructura de poder que no está reflejada, ni en la Constitución, ni en la regulación, y es necesario que esa estructura de poder esté regulada e institucionalizada'.

En igual sentido y dirección, la ex legisladora Diana Conti, refiriéndose a nuestra Carta Magna, planteó en su oportunidad la necesidad de cambiarla, para que su letra refleje los 'valores de la nueva realidad argentina'. Cabe, pues, preguntarse: ¿a qué valores se referiría? A tal efecto, también será útil evocar los conceptos de, por ejemplo, Guillermo Moreno, quien arengaba alegremente a robar, pero con códigos.

Así, pues, la proposición K que invita a una reforma de la Constitución, nada tiene de novedosa. El lector habrá de repasar -todas las veces que sean necesarias- las crónicas de la pasada Administración de Fernández de Kirchner. Tras examinar ese compendio, se tornará evidente que una modificación de la Constitución Nacional volverá al ruedo. Si el referido espacio no pudo completar su ambición entonces, ello simplemente se debió a que jamás contó con el respaldo político ni el caudal de votos necesarios.

Sin embargo, de alzarse victoriosa la fórmula kirchnerista en el próximo mes de octubre -toda vez que los guarismos observados en las PASO se repliquen-, el mecanismo republicano de mayorías no volverá a representar un férreo obstáculo. Esa nueva Administración contará entonces del impulso que en tiempos pasados se le había negado. Para mensurar apropiadamente las implicancias de ese eventualmente perturbador proscenio, será suficiente con atender al triste ejemplo de la República Bolivariana de Venezuela, con su relativamente joven constitución 'nacional y popular'. En esa castigada nación que hoy parece no tener retorno, toda acción gubernamental ha sido y continúa siendo legitimada bajo el paraguas de una carta magna socialista, allí donde conceptos como 'democracia' y 'propiedad privada' han terminado por desvanecerse. No fue hace mucho tiempo que el célebre escritor (y confeso militante kirchnerista) Mempo Giardinelli aseguró que un núcleo de intelectuales cercanos a la ex presidente Cristina Kirchner sigue nutriendo el propósito de una reforma constitucional, prerrogativa que exigiría, necesariamente, proceder a la eliminación del Poder Judicial. Aquélla sentencia nada tenía de circunstancial, por cuanto cualquier reformulación de la letra de la Carta Magna requeriría de la anuencia de los magistrados.

En la óptica del citado grupo de intelectuales kirchneristas, el Poder habrá de ser aniquilado, para reemplazarlo a posteriori con un servicio judicial. Naturalmente, semejante invitación perseguirá la meta de centralizar la suma del poder público en un espectro de referentes de gobierno, que no habrá de ser sometido jamás a rendición de cuentas ni sistema de contrapesos alguno. Nuevamente, los conceptos vertidos en su momento por la legisladora Conti bramaban por una 'subordinación' al poder popular. En un explícito blanqueo de intenciones, el jefe comunal Francisco Durañona sentenció que, de consolidar el kirchnerismo una mayoría parlamentaria propia en los comicios por venir, se promoverá una 'corte militante', cuyo único propósito coincidirá con la 'defensa de los intereses del campo nacional y popular'.

Alberto Fernández, ni más ni menos, candidato seleccionado por la propia CFK para encabezar su fórmula, jamás se retractó de su cruda afirmación, la cual rezaba que los jueces y camaristas que intervienen en causas de corrupción contra su jefa política 'tendrán que rendir cuentas de las barrabasadas que hicieron'. Por si aquéllo hubiese sido poco, Fernández identificó y nombró ejemplos de magistrados que serán sometidos a futuras revisiones: hizo alusión a los magistrados federales Claudio Bonadio y Julián Ercolini, aunque incluiría también a los camaristas Martín Irurzun, Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky.

El tenor de la amenaza solo puede agravarse, cuando se trata de un aspirante a la Presidencia de la Nación que confiesa que una serie de causas judiciales en nada le son indiferentes, especialmente cuando ha oficiado de patrocinador legal para, por nombrar un caso, Cristóbal López. No sería extraño entonces que, a la luz de estas declaraciones, numerosos dirigentes políticos y hombres de negocios encarcelados se convertirán -nuevamente, de consolidar Alberto Fernández una victoria electoral- en presos políticos para, a posteriori, abandonar masivamente los presidios. Así sucedió con los reos pertenecientes a Montoneros, en la era de Héctor José Cámpora. En igual sentido supo pronunciarse también el ex juez de la Corte Suprema, Eugenio Raúl Zaffaroni, entre los primeros en echar mano de la etiqueta 'presos políticos'.

La opinión de panelistas y entendidos en cuestiones macroeconómicas es ciertamente valorable. No obstante, una igualmente atendible sugerencia, antes que prestar altos caudales de atención a la cotización del dólar estadounidense, invitará a ponderar a consciencia al problema de orden superior que las propuestas radicalizadas del kirchnerismo representan para la supervivencia de la República. No podrá soslayarse que un país sin un sistema de administración de justicia independiente deviene en inviable. Una 'justicia militante' nada tiene de justicia: esa arenga no es más que una edulcorada ficción que tiene por fin obsequiar un viso de legalidad a lo ilegítimo. Tal es el fenómeno que ha contaminado a la ya citada Venezuela, en donde el opositor, el periodista o analista que no comulga con el pensamiento único, termina portando uniforme de presidiario.

Facilitar desde el voto una reforma constitucional como la propugnada por el kirchnerismo, torcerá radical y definitivamente la matriz política argentina; jamás volveremos a ser una República. Las consecuencias e implicancias se exhiben hoy imprevisibles, acaso por inimaginables en su alcance y extensión. Antes o después, la inflación podrá ser sometida a controles eficientes: y lo propio podría apuntarse sobre el dólar.

Sin embargo, si los ciudadanos entregan su República, ella no regresará. A los analistas de todo espectro, vaya la presente invitación a reflexionar sobre las verdaderas prioridades (la propia, la de sus hijos, la de sus nietos).

Irremediablemente, el tiempo para tomar decisiones se agota.