Sobre Barcelona y la criminalidad que azota a nuestras ciudades

La urbanización es, tal vez, el rasgo más definitorio de los tiempos actuales. Una proyección del McKinsey Global Institute de los Estados Unidos de América estima que, hacia el año 2030, el 60% de la población residirá en núcleos urbanos.

La modernización económica como tendencia inherente a la globalización, tiene lugar fundamentalmente en zonas urbanas, conforme las actividades industriales, comerciales, financieras -así como el intercambio de ideas, de tecnología y de innovación- y las decisiones políticas que gestionan o armonizan los intereses de todos, naturalmente se dan en espacios de alta concentración demográfica. Por tal motivo, las ciudades que hoy se destacan por ser notables actores internacionales en virtud de su capacidad manifiesta para generar riqueza y oportunidades son, precisamente, las que acusan un mayor crecimiento poblacional o, por lo menos, las más exitosas a la hora de atraer el interés de inversionistas y visitantes. Estas ciudades abren sus puertas a turistas, profesionales y emprendedores jóvenes, a medianas y grandes empresas multinacionales, a trabajadores de todos los sectores, o bien a estudiantes que aprovechan convenios de movilidad académica.

En Los Angeles, Nueva York o Vancouver, pasando por Ciudad del Cabo, Lagos, Dubai, Tokio o Medellín y Bogotá, hasta los epicentros urbanos europeos como Londres, París, Berlín, Madrid o Barcelona, se observan fenómenos similares, tanto los positivos o virtuosos como también marcadas problemáticas. En la medida en que se expanden o emprenden esfuerzos por controlar el crecimiento desordenado, sus gobiernos se preocupan por hacerlas más habitables, eficientes en su movilidad o en la generación y consumo de energía y, por sobre todo, más seguras.

Por estos días, medios como la BBC, Der Spiegel y CNN han estado alertando sobre la rampante inseguridad de Barcelona, una de las puertas de entrada al Mediterráneo. Desde siempre abierta y cosmopolita, Barcelona padece hoy una ola de atracos callejeros, asaltos a viviendas, violaciones y homicidios, que tiene alarmados a sus habitantes, a los miles de turistas que la visitan cada día, y a las fuerzas de seguridad. A todos, menos a su alcaldesa, Ada Colau, quien considera que no hay una crisis de inseguridad en la ciudad, y que los hechos reportados son tan puntuales, que no constituyen una tendencia generalizada. Sin embargo, las estadísticas, que Colau no ha leído o desestima, contradicen su relajamiento: mientras Madrid ha logrado disminuir los delitos más comunes en casi 38%, entre 2016 y 2019, en Barcelona, en el mismo lapso, se incrementaron en un 58%.

Escenarios muy parecidos registran San Francisco, Detroit, Nueva York y, por supuesto, casi todas las ciudades más populosas de América Latina. Frente a este problema global de inseguridad urbana, los líderes políticos y los gobernantes portan consigo una responsabilidad indiscutible; sin embargo, las posiciones al respecto de cómo resolver el problema tienden a ideologizarse, apartándose de cualquier esfuerzo pragmático. Con frecuencia, la victimización del delincuente y de los aparatos de criminalidad organizada a los que pertenece, más una administración de justicia débil y corrupta, hacen casi imposible la misión de garantizar la vida, las libertades públicas y la tranquilidad de los ciudadanos. Referentes políticos de la talla de Ada Colau, Eric Garcetti (alcalde de Los Ángeles) o Gustavo Petro parecen tener en común una inquietante preferencia por el desorden institucional y el caos, al tiempo que minimizan el efecto incapacitante que la inseguridad ejerce en la vida de una ciudad, cuando lo que se reclama con urgencia son políticas públicas de seguridad eficaces, que permitan mantener el orden y combatir sin tregua a la delincuencia, por hoy diseminada cual virus, por el mundo entero.