Colombia: rebeldes disidentes retoman la lucha armada

En las primeras horas del 29 de agosto pasado, Iván Márquez y otros líderes del grupo terrorista desmovilizado conocido como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) anunciaron su intención de retomar el conflicto armado contra el gobierno de Colombia.

Márquez y otros combatientes disidentes de FARC invitaron a otro núcleo terrorista conocido como Ejército Nacional de Liberación (ELN), así como a otros espectros, a unirse a una nueva era de conflicto armado. Este curso de acción viola los compromisos asumidos por FARC con el gobierno de Bogotá durante los acuerdos de paz de 2016.

Márquez fue el jefe negociador de FARC durante los cuatro años de negociaciones entre el gobierno y FARC. El presidente colombiano Iván Duque entiende que el referido líder se oculta en Venezuela, en donde el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro ha brindado santuario a terroristas durante muchos años.

Asimismo, Márquez es un personaje buscado por las autoridades del gobierno de los Estados Unidos de América, supuestamente por regentear la producción internacional de cocaína de las FARC, y por encabezar operaciones de contrabando de ese estupefaciente -así como también por sancionar el homicidio de centenares de personas.

A efectos de ser claros, Márquez representa a una facción minoritaria de disidentes FARC. Su anuncio no invalida los acuerdos de paz, pero podrían complicar la implementación para activos de ese núcleo terrorista que genuinamente buscan desmovilizarse y reintegrarse en la sociedad.

En tal contexto, el liderazgo político de FARC afirma que más del 90% de los ex combatientes no respaldan un retorno al conflicto armado. Esto significa que centenares de elementos no se han desmovilizado.

La preocupación de magnitud para los tomadores de decisión política es que la unión entre disidentes FARC, ELN y otros espacios podría ser el reinicio de una guerra liderada por la guerrilla en Colombia.

En enero pasado, el ELN perpetró un ataque con explosivos contra una academia de policía en la ciudad capital Bogotá, cobrándose la vida de 21 personas. Se trató del peor ataque registrado en la capital colombiana en dieciséis años. El ELN declaró que tomó esa decisión a criterio de obligar al gobierno a sentarse en la mesa de negociaciones, luego de que las conversaciones de paz fracasaran.

Estas tácticas violentas de los rebeldes ciertamente no son nuevas, y fueron empleadas por las mismas FARC en momentos en que se desarrollaban las negocaciones por la paz con el gobierno.

El líder de FARC afirma que su reciente llamado a las armas se debe a que el gobierno de Colombia no ha respaldado en los hechos las garantías prometidas por la Administración anterior a favor de los ex combatientes.

Sin embargo, esas críticas no tienen bases argumentales sólidas.

Las instituciones estatales en Colombia ya se encuentran sobrepasadas atendiendo a víctimas de las FARC, a ciudadanos colombianos que son víctimas de la pobreza, y a casi dos millones de refugiados venezolanos. Los episodios de violencia denunciados contra combatientes desmovilizados de FARC son una consecuencia infortunada, aunque muy corriente, en procesos de reintegración que tienen lugar luego de extendidos conflictos armados.

La oportunidad de tales eventos y el potencial de un resurgimiento guerrillero en Colombia deberían ser motivo de alarma para la comunidad internacional, principalmente para los países de la América Latina, y para tomadores de decisión en los Estados Unidos. Esa eventualidad debería servir de lección a la hora de considerar los fallos que incorpora el acuerdo de paz, y sus consecuencias a largo plazo. Una de las cuales tiene relación con las operaciones antinarcóticos.

El entonces presidente colombiano Juan Manuel Santos puso fin a la erradicación aérea de cultivos de coca, conforme lo exigieran las FARC en 2015, aún cuando esa técnica era altamente efectiva en la eliminación de los citados cultivos.

Las FARC financiaron gran parte de sus esfuerzos con el contrabando de drogas; una estimación fechada en 2012 cifró esas ganancias entre US$ 2.4 mil millones y US$ 3.5 mil millones.

En 2017, Colombia se anotó la cifra más alta en cultivos de coca, registrando 209 mil hectáreas, comparándoselas con las 112 mil de 2014. Más alarmante, como es lógico, es el dato que computa la producción potencial de cocaína a partir de esos sembradíos.

Sin que tenga lugar un sistema aéreo de neutralización de cultivos, los mismos han logrado replicarse a tasas más veloces. Hacia 2014, la producción potencial se hallaba en 324 toneladas métricas, en comparación con el drástico incremento de 887 toneladas métricas en 2018.

Adicionalmente, la actividad criminal de elementos pertenecientes a FARC y al ELN no se ha visto confinada exclusivamente a las fronteras colombianas.

Los citados núcleos exhiben una fuerte presencia en territorio venezolano, en tanto que ambas naciones comparten una frontera de más de 1.500 kilómetros de longitud. Esta nueva alianza motoriza preocupaciones frente a la eventualidad de que el conflicto con Colombia gane magnitud, potenciando las tensiones entre Caracas y Bogotá -en razón del extendido respaldo que el gobierno venezolano ha prestado a FARC y a otros actores criminales en la región.

El desafío que Colombia porta consigo en estas horas tiene que ver con los modos en que implementará el proceso de paz, impidiendo que tengan lugar nuevas deserciones en el lado FARC.

Parte de esa estrategia deberá, ahora mismo, involucrar a los elementos disidentes de FARC y a sus aliados en el ELN.

Con Colombia como su principal aliado, el gobierno de los Estados Unidos de América deberá respaldar firmemente estos esfuerzos. Los tomadores de decisión en Washington suelen creer que la transformación de Colombia sirve para certificar que Bogotá, sin ayuda, puede lidiar con las amenazas de orden interno. Y esta es una riesgosa presunción. Los responsables en los Estados Unidos no deberán dar por consolidados a los convenios de paz.

Artículo original, en inglés, aquí