En estos días, Turtle Bay se caracteriza por la presencia de numerosos jefes de Estado. Los mismos han llegado a Nueva York, para tomar parte del cónclave anual que es la Asamblea General de Naciones Unidas.
El presidente estadounidense
Donald Trump y el Secretario de Estado
Mike Pompeo se encuentran entre los participantes, y han llegado con su propia agenda. El punto principal para los Estados Unidos es recordarle al mundo -en modos sutiles, aunque no tanto- que
China no es tan buena como se la presenta.
Por el contrario, la República Popular China consigna malas noticias, en distintos niveles. Y Trump llamó la atención frente a ese aspecto negativo que concentra escasa atención mundial: el hecho de que los principales perseguidores de la religión islámica residen en Pekín.
Mientras que muchos de los dignatarios extranjeros tomaron su sitio en la Asamblea General para pontificar parsimoniosamente sobre el clima, el mandatario estadounidense se subió las mangas, para explorar modos desde los cuales combatir el ataque contra la libertad religiosa.
En rigor, se trató de una inmejorable oportunidad para poner el foco en los abusos perpetrados por el gobierno chino contra la minoría uighur, un núcleo de personas predominantemente musulmanas y que se halla desperdigado a lo largo de una docena de naciones.
Un aproximado de once millones de uighures vive en la región de Xinjiang, en la República Popular China. Pekín ha internado a al menos un millón de ellos en 'campos' que existen por fuera del sistema legal chino. Mientras tanto, el gobierno en Pekín suprime sistemáticamente la religión y la cultura de esas personas y, de acuerdo a numerosos informes, incluso se ha dedicado a demoler mezquitas.
Echando mano de esta barbárica campaña, Pekín le ha mentido al mundo, a la hora de explicar lo que hace.
Lo que es destacable, en simultáneo, es que la mayor parte de las naciones del orbe nada dice ni comenta sobre este esquema opresivo. Ni siquiera el mundo árabe ha mencionado palabra sobre el particular.
Por fortuna, el Departamento de Estado no se ha anotado en ese silencio, ilustrando sobre la crisis de los uighur. Este pasado domingo, Pompeo urgió a otros países a que no acepten repatriar a personas de esa minoría religiosa hacia China, a la luz de las preocupaciones que explicitan que esas personas serían recibidas por China y enviadas a prisión ni bien lleguen.
El planteo de Donald Trump en referencia a las libertades religiosas no será, sin embargo, el único apartado en el que los Estados Unidos contarán con la oportunidad de advertir al mundo que China es parte del problema. Los cancilleres de Australia, el Japón, la India y los EE.UU. sostendrán reuniones multipartitas. Estos países han aunado esfuerzos, a criterio de constituír un núcleo en pos de la defensa de un cuadrante Indo-Pacífico 'libre y abierto'.
Mientras que este grupo no porta consigo la meta exclusiva de contener a la República Popular China, no hay secretos al respecto de que es Pekín la mayor amenaza para la región, y que cuenta con un empuje potencialmente desestabilizador. Hasta ahora, este núcleo de países no había mantenido reuniones de calibre ministerial. La primera oportunidad será durante la Asamblea General, en donde sus dignatarios compartirán una señal, a efectos de ilustrar que el mundo está harto del comportamiento violento de Pekín.
En silencio, Estados Unidos desplegará otro mensaje en la Asamblea General: 'Tengan vigilada a China, en el ámbito de Naciones Unidas'.
Durante años, China ha intentado -de manera sistemática- insertar a sus ciudadanos como empleados y líderes en ONU y sus reparticiones vinculadas. Y Pekín está teniendo éxito. Ciudadanos chinos ya lideran quince agencias especializadas de la órbita de ONU. La última oportunidad en la que un miembro permanente del Consejo de Seguridad tenía a ciudadanos propios liderando agencias específicas de Naciones Unidas fue durante 1956.
Específicamente, Pekín ha puesto la mira en agencias que fijan normas y 'diseño de reglas de juego', como es el caso de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
A diferencia de otros muchos países, cuando China posiciona a sus ciudadanos en el sistema de Naciones Unidas, espera que aquéllos defiendan a rajatabla los intereses de Pekín -alejados de honrar a la organización para la cual fueron seleccionados. Quienes no lo hacen, deben hacer frente a severas reprimendas y consecuencias.
Pekín no recula a la hora de presionar a sus propios ciudadanos. Primera prueba, a la hora de certificarlo: Meng Hongwei, ex titular de Interpol. De súbito, Hongwei se encontró a sí mismo arrojado a una celda, expulsado del Partido Comunista, y debiendo hacer frente a acusaciones judiciales en China por, supuestamente, haber recibido sobornos.
Mientras que aún no quedan claros muchos detalles detrás del relato de Hongwei, los caracteres subterráneos del episodio consignan un claro recordatorio para la ciudadanía china y para sus familiares: nadie está fuera del alcance del poder del gobierno.
Si acaso a la República Popular China le fuese permitido hacer lo que le plazca en Naciones Unidas, el único beneficiario de ello sería Pekín. Conforme lo explicara Brett Schaefer -analista en el think tank estadounidense Heritage Foundation-, China tiene por objetivo 'modificar los valores, programas y políticas de Naciones Unidas, en modos que beneficien a las prioridades y a la ideología de Pekín -aspectos que contribuyen a comprometer los valores y prácticas que han mantenido en funciones al sistema internacional durante décadas'.
The U.S. is reminding its friends and allies they must keep on guard against China’s nationalistic predations, even in a transnational setting like the U.N.
Artículo original, en inglés, aquí