La legislación internacional sobre propiedad intelectual exige que EE.UU. dé el ejemplo

La República Popular China ha fracasado a la hora de respetar los derechos de propiedad intelectual durante décadas, y las firmas privadas estadounidenses han sufrido en consecuencia. Afortunadamente, esas empresas están recibiendo asistencia de la Administración Trump.

Hacia fines de 2017, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, junto a otros encumbrados referentes del mundo empresario, exigieron a la Administración Trump que obsequie la debida importancia a la protección de secretos comerciales, en el ámbito de las conversaciones sobre temas comerciales con otros países. Esos dignatarios pusieron por escrito que el robo de secretos 'pone en riesgo a miles de puestos remunerados en los EE.UU., mientras que también consigna una amenaza potencial contra la seguridad nacional'.

Veintiún meses más tarde, queda claro que la Administración Trump ha respondido afirmativamente a ese pedido, y hay evidencias de que esos esfuerzos en tal sentido están haciendo la diferencia.

Ya a comienzos del año en curso, el gobierno chino tomó acciones sin precedentes, a efectos de adoptar medidas que buscan optimizar la protección de secretos comerciales en ese país. Si acaso tales reformas adquieren una dimensión creíble y significativa, aún está por verse. Pero, al menos, no pocas señales refieren que el gobierno de Donald Trump ha incrementado la presión sobre la República Popular.

Ya en los Estados Unidos, el recientemente negociado Acuerdo entre los EE.UU., México y Canada suscribe el compromiso de la Casa Blanca en pos del resguardo de los mencionados secretos. El convenio propuesto involucra elevados estándares de protección para secretos comerciales, a un punto que jamás se había visto previamente en un acuerdo de índole comercial.

De ser ratificado, el acuerdo resultará en penalidades civiles y criminales más abarcativas contra aquéllos que sean sorprendidos enajenando propiedad intelectual en modos inapropiados.

El compromiso de la Administración en este terreno representa una victoria para los negocios en los EE.UU. y para la economía. De acuerdo a una estimación, el robo de secretos comerciales le cuesta a la economía americana entre US$ 180 mil y US$ 540 mil millones cada año.

Las firmas privadas deberán mantenerse atentas a criterio de resguardar su propiedad intelectual, lo cual involucra algoritmos, código computacional, e información. Estas variables les otorgan ventajas competitivas en el mercado, a la vez que sirven para nutrir el carácter innovador de la economía contemporánea.

Mientras que las firmas privadas cuentan con múltiples modos de proteger legalmente su propiedad -por ejemplo, a través de la obtención de patentes-, lo cierto es que cada vez más se atienen al apego en directivas para secretos comerciales, tipificados en la legislación. Y, a diferencia de las patentes, la protección sobre secretos comerciales no exige que ciertos detalles se ventilen al público.

En los últimos meses, algunas voces han sugerido que el Congreso debería eliminar las protecciones sobre secretos comerciales en el orden doméstico. Esta realidad sobreviene menos de tres años después de que Republicanos y Demócratas unieron voces en el Congreso, a efectos de aprobar el Acta para la Defensa de Secretos Comerciales (Defend Trade Secret Acts) de 2016.

Algunos insisten en criticar a la legislación sobre secretos comerciales, en razón de que abren las puertas para demandas judiciales frívolas. Como ejemplo, se han aferrado a una interpretación antojadiza que fuera citada en una sentencia judicial registrada en Texas, por US$ 700 millones, y que involucraba a dos firmas de negocios inmobiliarios, Title Source y HouseCanary.

Sin embargo, el caso de Texas consigna una ilustración perfecta en torno del éxito del sistema legal, mientras que explicita por qué son necesarias leyes de protección de secretos comerciales.

De acuerdo a la cobertura del caso en los medios de comunicación, Title Source se involucró en un contrato con HouseCanary, a efectos de compartir información y tecnología. Una vez que Title Source tuvo acceso a productos e información pertenecientes a HouseCanary, su liderazgo comenzó a compartir correos electrónicos que discutían los modos de ejercitar ingeniería inversa sobre la tecnología de HouseCanary, con el objetivo de crear una de uso propio.

En el proceso judicial, se compartieron evidencias que ilustraban que TitleSource se involucró en comportamiento ilegal, aún cuando hubiera firmado un contrato bajo la premisa de no hacerlo.

Existe un nombre para este tipo de comportamiento ilegal a nivel corporativo: robo de secretos comerciales. Se trata, precisamente, del tipo de maniobra predatoria que el gobierno estadounidense y la comunidad de negocios intentan erradicar en el orden internacional; y su aplicación a nivel nacional no debería ser la excepción.

Líderes políticos en el Congreso y los congresos estatales deberán seguir fortaleciendo las protecciones de secretos comerciales. Es fundamental fijar una vara alta, especialmente mientras los líderes del país se esfuerzan en convencer a la comunidad internacional para que se sigan el modelo de los estándares estadounidenses.

La Cámara y otros protagonistas tuvieron la razón cuando sugirieron a la Administración Trump que el resguardo de secretos debía ser una prioridad en toda negociación internacional. El retroceder en este terreno, en el orden doméstico, sólo logrará que el éxito de la Casa Blanca sea más difícil de consolidar. 

Artículo original, en inglés, aquí

* Mark Brady es ex director para comercio internacional e inversiones en la National Governors Association de EE.UU., y se desempeñó como secretario asistente para temas comerciales en el gobierno estadounidense.