Ecuador y el fin del subsidio a los combustibles

Entre las medidas anunciadas por el gobierno ecuatoriano, una amerita la calificación de histórica: la eliminación del subsidio a los combustibles. Esta política fracasada, regresiva e insostenible, data de 1974. Muchos observadores perciben esta medida como un 'paquetazo', como si la eliminación de un subsidio equivaliese a la creación de un nuevo impuesto. Sin embargo, ambas cosas no son lo mismo, mientras que la diferencia es importante.

Eliminar subsidios suprime distorsiones en la economía, haciendo que los individuos tomen decisiones más racionales –ya no serán tan ubicuas los F150 ni los autos a diésel–. Adicionalmente, la medida implica una reducción instantánea y a largo plazo del gasto público, evitando que el Estado continúe garantizando, artificialmente, un precio bajo que principalmente beneficiaba a los quintiles de ingresos más altos.

Esta reducción del gasto permite que el gobierno de Ecuador financie parte de su brecha fiscal sin golpear todavía más la economía con el aumento del IVA, como se esperaba. Queda aún pendiente la tarea de reducir el gasto corriente, particularmente en lo que concierne al gasto en salarios del sector público, el cual se vio triplicado entre 2006 y 2018.

Muchos viven bajo la llamada 'ilusión fiscal', creyendo que reciben algo a cambio de nada. Pero, en la práctica, no existen los 'almuerzos gratuitos'. Un estudio de la UDLA estima que Ecuador gastó US$ 48.637 millones entre 1989 y 2019 en subsidios a los principales combustibles (gasolinas, gas licuado de petróleo –GLP– y diésel),[1] cifra que equivale a casi la totalidad de la deuda pública actual. ¿Cuántas inversiones se hubiesen realizado en el sector privado con esa magnitud de recursos? 

Un estudio del BID señala que, desde que fuera creado en los años setenta, en ocasiones el Estado llegó a subsidiar hasta un 85% del costo real de los combustibles. En 2012, Ecuador fue el quinto país que más gastaba en subsidios energéticos a nivel mundial medido en porcentual sobre el PBI. Durante los últimos diez años gastamos en promedio AR$ 2.300 millones al año en estos subsidios.

Todo este costo tenía por objetivo el beneficiar, fundamentalmente, a los sectores más pudientes. Dicho estudio coincide con la recomendación que, en reiteradas oportunidades, quien esto escribe plasmó en este mismo espacio, desde 2007: sentenciábamos entonces que era posible -y conveniente- eliminar los subsidios a los combustibles, compensando a los sectores sociales más vulnerables con un aumento en el Bono de Desarrollo Humano (BDH).

Esto se lo ha hecho aumentando el BDH en $15, y compensando al sector productivo y a la clase media, con la eliminación del anticipo del impuesto sobre la renta, la rebaja a 2,5% del impuesto a la salida de divisas para la importación de materias primas, bienes de capital y otros insumos de producción, reduciendo los aranceles para la importación de dispositivos electrónicos y para los autos que cuesten hasta $ 32.000.

El problema que mantiene estancado el crecimiento de la economía ecuatoriana es la persistencia de múltiples privilegios concedidos por el Estado a determinados grupos de interés.

A los efectos de crecer más, el país necesita liberarse del secuestro -por parte de poderosos grupos como el de los transportistas, taxistas incluídos. Plataformas como Uber y Cabify, afortunadamente, han puesto coto al poder de los taxistas. Cómo limitar el poder de los transportistas es materia de otro artículo.

Referencias

[1] Boletín del Observatorio de Energía y Minas, Volumen 16, septiembre de 2019.