La Administración Trump ofrece nuevas evidencias sobre la participación saudí en el 9/11

El debate en torno de lo que verdaderamente sucedió el 11 de septiembre de 2001 y, yendo más al punto, en torno de quién pudo estar detrás del episodio, continúa preocupando a numerosos observadores en todo el globo. Existen considerables -y legítimos- reparos frente al hecho de que la comisión que revisó el incidente se involucró en una maniobra de ocultamiento, ya fuere para excusar un fallo catastrófico de parte del aparato de la seguridad nacional estadounidense, o para incluso consolidar cierta connivencia entre agencias federales de cara al ataque en sí mismo. Y luego está el tema del posible involucramiento de gobiernos extranjeros en el evento. Los roles de los gobiernos saudita, israelí y paquistaní, y de sus servicios de seguridad, jamás fueron investigados apropiadamente, a pesar de que esas tres naciones exhibieron una clara relación con el grueso de ciudadanos saudíes que fueron identificados como los atacantes. Más allá de eso, Israel contaba con activos de inteligencia que, en apariencia, celebraron la caída de las torres en tiempo real -protagonismo que tuvo lugar en medio de la nula predisposición de agencias de seguridad americanas, con el fin de no ofender a los israelíes.

Fue Arabia Saudita el país que sostuvo un mayor nivel de contacto personal con los pretendidos secuestradores de aeronaves comerciales. Durante años, las familias de las víctimas intentaron hallar más datos en torno del eventual rol saudí, de forma tal que pudieran llevar a los tribunales al Reino en juzgados estadounidenses, y tomando como base legislación antiterrorista que data de 2016 -referida como Acta Judicial contra Patrocinadores de Terrorismo (Justice Against Sponsors of Terrorism Act). Esta legislación habilita a los tribunales americanos a iniciar procesos contra cualquier país cuyo gobierno respalde al terrorismo internacional.

Recientemente, la parte acusadora obtuvo una suerte de victoria, a partir de la decisión de la Administración Trump de desclasificar la identidad clave de un funcionario saudí que durante mucho tiempo fue rastreada por los familiares de las víctimas del atentado. Bajo los términos que hacen a la liberación de información, tanto el gobierno como los abogados de las víctimas -que recibieron los datos sobre aquélla identidad bajo una 'orden de protección'- no recibieron el permiso de exponer ese nombre públicamente.

La identidad que ha sido desclasificada, que tiene origen en un archivo de investigaciones del FBI, es, sin embargo, apenas una victoria parcial para el grupo que se da en llamar Familias y Sobrevivientes del 9/11 Unidos Contra el Terrorismo (9/11 Families & Survivors United for Justice Against Terrorism). La liberación de otros documentos vinculados al rol saudí aún se mantiene latente, probablemente debido a la insistencia de la Casa Blanca de Trump en mantener buenas relaciones diplomáticas con el Reino y, más particularmente, con el Príncipe de la Corona, Mohammed bin Salman. Pero la parte acusadora se pregunta cómo sería posible que esa información sobre el ataque aún debe mantenerse clasificada, más de dieciocho años después de registrado el mismo.

El nombre del funcionario saudí, sin embargo, es importante. Es, además, un alta prioridad, conforme se cree que era un oficial de inteligencia de carrera que mantenía reuniones personales con dos individuos que pudieron haber asistido a los supuestos secuestradores. El FBI incluso se refiere a ese dato como la 'pieza primigenia de información que los abogados de la parte acusadora por el 9/11 estaban necesitando'.

La Embajada de Arabia Saudita en Washington no ha comentado sobre el particular, mientras que la Casa Blanca remite toda consulta al Departamento de Justicia, el cual tampoco ha compartido comentarios, expresando que se trató de una decisión de alto nivel que implica invocar el privilegio de 'secretos de Estado' para mantener clasificada la información.

La exposición previa de un eventual rol saudí en el 9/11 sobrevino con la redacción de las '28 páginas' del informe de la comisión del 9/11 el 15 de julio de 2016. Ciertamente, se eliminaron extensas porciones del texto, a criterio de resguardar identidades y fuentes, pero el documento desarrollado por la Casa Blanca fue, en su oportunidad, bastante completo. El Director de la CIA, John Brennan, proporcionó acciones de 'control de daños' previo a ser dado a conocer el informe en cuestión, argumentando que gran parte de la información contenida en la sección redactada consistía en datos 'crudos' y no certificados, sugiriendo en el proceso que podía no ser del todo confiable; mientras tanto, algunos que revisaron el documento completo revelaron, a través de filtraciones, que no habría allí una 'prueba definitiva' en torno del involucramiento saudí en el 9/11.

La liberación del documento dio lugar a un pequeño revuelo en los medios de comunicación pero, acaso intencionalmente, la historia desapareció del foco, en medio de la avalancha de convencionalismos políticos que caracterizó a los propios medios durante aquel verano. Había una buena dosis de información novedosa, aún cuando el grueso de ella sirvió para corroborar o ampliar sobre aquello que ya se sabía, o que ya se había informado públicamente. Una esquela de particular interés recordaba el modo en que, durante 1999, dos ciudadanos saudíes se dirigieron en un vuelo desde Phoenix a Washington, D.C. para asitir a una fiesta, y que hicieron incontables preguntas sobre la seguridad del avión e intentaron, en varias ocasiones, ingresar a la cabina. Los dos hombres dijeron que sus boletos habían sido pagados por la Embajada del Reino de Arabia Saudita.

Existe un vínculo directo entre algunos de los secuestradores de aeronaves del 9/11 y supuestos agentes del gobierno saudí, pero las 28 páginas no ofrecen evidencias concluyentes que prueben connivencia. De hecho, esos apuntes sugieren, antes bien, que los saudíes estaban -con mayor probabilidad- registrando información sobre ciudadanos de su país sobre quienes se sospechaba amenazaban la seguridad nacional del Reino. Numerosas pistas en el texto explicitan que los saudíes llevaban a cabo sus propias operaciones de manera agresiva, contra sus propios ciudadanos en la diáspora. Se apuntó también que los saudíes fallaron a la hora de cooperar en profundidad con los investigadores contraterroristas estadounidenses previo al 9/11, lo cual no representa sorpresa cuando se considera que el gobierno saudí operaba en simultáneo y de manera independiente.

El jugador clave en el relato y que directamente asistió a algunos de los secuestradores, citado como Omar al-Bayoumi, ha sido descrito como un oficial de inteligencia con 'cobertura no oficial' (N. del T.: en inglés, NOC, Non Official Cover), pero el modo en que fluctuaba el financiamiento que se le proporcionó desde la Embajada sugiere, antes que nada, que esa persona pudo haberse desempeñado como un informante o fuente, y no como un oficial de casos en ejercicio oficial de sus funciones para Riad. Muchos otros ciudadanos saudíes identificados en las 28 páginas también cuajan con ese perfil. Bayoumi se hallaba en contacto periódico como Fahad al-Thumairy, empleado del consulado saudí en Los Angeles, California, quien sí pudo haber sido un oficial de inteligencia real y, a la vez, el controlador o controller de Bayoumi.

Asimismo, hay considerable evidencia al respecto de núcleos dedicados a la asistencia social financiados por el gobierno saudí, algunos vinculados a la Familia Real -espectros que patrocinaron financieramente a los secuestradores, aunque el FBI no halló evidencias de involucramiento de parte del gobierno en Riad o de funcionarios saudíes de carrera. El gobierno de los Estados Unidos concluyó, entonces, que el documento no probó verdaderamente algún intento por parte de Riad de habilitar a sus ciudadanos a ejecutar un atentado terrorista en suelo americano, como tampoco expuso pruebas de que nada similar se hallaba en desarrollo. Adicionalmente, debe observarse que la Administración Bush claramente ponderaba a Arabia Saudí como un gobierno amigo muy especial, y que ordenó al FBI y a la CIA 'replegarse' ante la posibilidad de investigar agresivamente a las operaciones de inteligencia de Riad en los Estados Unidos y a nivel global. Si acaso eso hizo alguna diferencia en lo que luego sucedería, no puede determinarse. Tal como el surgimiento de una nueva identidad para las familias de las víctimas podría no servir para, materialmente, afectar la viabilidad de un proceso judicial, en tribunales estadounidenses, contra Arabia Saudí.


Artículo original, en inglés, aquí | Traducido y republicado con permiso del autor, y del sitio web Strategic Culture (Estados Unidos)