Ecuador: un proceso de paz sellado con impunidad y vandalismo

La crisis socioeconómica que atraviesa Ecuador, a consecuencia de un proceso revolucionario que portaba como principal argumento la defensa de los 'más pobres' demostró, en la práctica, que el socialismo del siglo XXI no es otra cosa que una organización delictiva transnacional que se adueñó del país con el confeso objetivo de saquearlo y continuar delinquiendo.

La independencia de los poderes del Estado y el respeto a las libertades individuales, en conjunto, le han sido garantizados a un consorcio de delincuentes en un raído texto plasmado en un panfleto que se da en llamar 'Constitución', al solo efecto de ser violado recurrentemente. Y todo con la meta definitiva de permitir que el caudillo populista que los representa pueda eternizarse en el poder.
 

El festín de los patrimonios del Estado, el agresivo endeudamiento, la inescrupulosa comercialización de los recursos a transnacionales con asiento en la República Popular China, la protección a los funcionarios gubernamentales confesamente corruptos, el mantenimiento de una burbuja burocrática, todo ello estaba llamado -en algún punto- a hacer metástasis en una sociedad, exteriorizándose sin más en un gobierno que ha sabido caracterizarse por la indecisión y la improvisación permanentes.

 

En tal contexto, el gobierno de Lenín Moreno tomó la decisión de suspender los subsidios con el objeto de cumplir con el mandato de Fondo Monetario Internacional (FMI) para, de esta manera, intentar reencausar la economía nacional. Su intención pudo haber sido buena, pero el modo en que se afectó a los sectores sociales más relegados derivó en un conato de violencia que nada tiene de habitual en Ecuador.
 

Rafael Correa (alias 'El Encantador de Borregos') venía impulsando, desde mucho tiempo atrás, la desestabilización del gobierno de su ex compañero de fórmula. En el epílogo, Correa no pudo contar con mejor oportunidad para meter toda la leña al bracero y, así, calentar las calles. La estratagema del ex mandatario coincidió con el fogoneo de un golpe de Estado blando. Aún cuando, en tiempos en que el mencionado tenía control del poder, esa terminología remitía de inmediato a algo herético. Era un verdadero pecado mortal el siquiera tomar las calles para manifestarse libremente, encontrándose en plena vigencia la amenaza de la prisión por cargos de terrorismo -a modo de servomecanismo legal intimidatorio.
 

Los sucedido en los últimos días certifica con contundencia que la totalidad de las estructuras de control y seguridad del Estado jamás estuvieron en capacidad de prever ni anticipar ese desenlace, que cobrara forma en la activación de proscenios de orden apocalípticos para la estabilidad democrática del país.
 

Lenín Moreno decretó un Estado de excepción a nivel nacional, con el fin de obstaculizar el desarrollo de un paro indefinido. La medida tomada por el gobierno fue evaluada como una burla por un espectro de manifestantes violentos que pusieron de suyo en alterar el orden. Su intención era explícita: derrocar al Presidente, dejando a su paso un escenario de destrucción, saqueo, vandalismo, inseguridad y caos, en todo el territorio nacional.
 

La protesta social que perseguía fines reivindicativos para los indígenas y los ya citados sectores sociales marginados terminó siendo desvergonzadamente tergiversada e infiltrada por quintacolumnistas y agitadores profesionales. Estos echaron mano de desinformación y de actos vandálicos, con la meta de fogonear caos; asistidos en su intento de coup d'État por un cosmos de elementos afines al correísmo y que, sin espacio para la duda, se valió de respaldo internacional. Estos ponderaron la oportunidad para retornar al poder.

Presionado por las organizaciones de filiación indigenista que contaban ya once días de protestas con empleo de la violencia, el gobierno convocó al diálogo con el norte de la brújula puesto en 'alcanzar la paz y la reconciliación' ciudadanas. Como resultado, las negociaciones consolidaron la eliminación del Decreto 883 (el cual formalizaba la eliminación de subsidios) y la emisión de otro Decreto, con apoyo de las organizaciones sociales.

Las lecciones compartidas por la planificada parálisis invitan a subrayar que nadie ha resultado ganador; en rigor, todos los ciudadanos ecuatorianos han salido derrotados. Adicionalmente, ha podido constatarse que el gobierno del Presidente Moreno evidencia debilidad y que, en un futuro cercano, podría convertirse en presa fácil para otra tanda de reclamos sociales.

Por su parte, el modus operandi de infiltración y vandalismo perpetrados certifican que el país ha sobrepasado toda frontera de tranquilidad y verdadera paz social, ingresando en un territorio nebuloso en donde el terrorismo y la sedición urbana y suburbana son protagonistas exclusivos. El Estado ecuatoriano ha demostrado cabalmente que carece de un adecuado sistema de Inteligencia que pueda dar lugar a alertas tempranas en relación a amenazas, ya fueren éstas de orden doméstico o internacional. Finalmente, ha de tenerse presente que la infiltración del correísmo en estructuras gubernamentales es extensiva, al punto en que cuenta con capacidad para torpedear -en todo cuanto se proponga- a la Administración de Lenín Moreno.

Por estas horas, el país en su conjunto está exigiéndole al gobierno la implementación de un cambio de ciento ochenta grados, que facilite la salida de la crisis, para que Ecuador pueda caminar sobre terreno firme.

No obstante ello, será necesario consignar que un proceso de paz que se construye sobre una base de impunidad y de vandalismo difícilmente pueda representar una genuina garantía de éxito y de tranquilidad para la República. Antes bien, el sendero elegido se parece más a una tormenta apocalíptica que ha comenzado a gestarse, con potencial para arrasar con la democracia y el Estado de derecho.