Primavera Chilena

Lo que hoy sucede en Chile es de una gravedad tal, que pone en riesgo la democracia y la institucionalidad del país -o lo que va quedando de él. Al respecto, los ciudadanos deben estar informados, y es un deber del Gobierno el hablar con la dura y trágica realidad.

 

En la previsión del escenario en que nos encontramos, falló el principal y directo organismo asesor del Presidente de la República: La Agencia Nacional de Inteligencia; cuestión sobre la que habrá que dilucidar a a la brevedad, y los ciudadanos chilenos así lo exigen. En lo particular, a quien esto escribe le interesaría saber si existó incapacidad o intencionalidad.

 

Me atrevo a comentar sobre este particular, por cuanto supe desempeñarme durante dos años como Agregado Militar Adjunto, y como profesor de Estado Mayor en la Academia de Guerra del Ejército de Ecuador. Asimismo, fui profesor de inteligencia en la Academia de Guerra Conjunta de ese país y, desde entonces, he mantenido una importante y responsable amistad con quienes, desde muy cerca, han seguido los acontecimientos sociales y políticos que azotaron a esa República hermana, y que se repitieron exactamente igual aquí en Chile.  

 

En Ecuador, en oportunidad de la presidencia de Rafael Correa, se procedió al desmantelamiento de los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas, privilegiándose la conformación de una comunidad de inteligencia exclusivamente política. Paralelamente, se atacó la institucionalidad de las organizaciones de la Defensa, con continuos y seguidos descabezamientos de sus mandos superiores, con un solo objetivo, introducir todas las reformas necesarias para debilitar la actuación de las Fuerzas Armadas. Su desprestigio no fue de tan sencilla implementación, tal como sí sucediera aquí, en Chile. Las Fuerzas Armadas ecuatorianas cuentan con experiencia de combate y con héroes –de carne y hueso–, tras haber mantenido dos conflictos con el Perú.

 

Su actual Organismo de Inteligencia Nacional, (Centro de Inteligencia Estratégico), se compone de personas carentes de experiencia, exhibiéndose al servicio del correísmo; por lo mismo, sus análisis no son imparciales, y menos aún cuentan con la profundidad necesaria como para que el Poder Ejecutivo pueda tomar las decisiones adecuadas.

 

Cumpliéndose el viejo adagio que reza 'Cuando el peligro pasa, Dios es olvidado y el soldado, despreciado', en Ecuador, luego de registrarse los violentos disturbios, ello le costó el puesto a los Comandante en Jefes institucionales. Todos fueron destituídos; era necesario tomar a alguien por responsable, pero nunca a los políticos. Lo anterior, en función de que su empleo se vio limitado por las excesivas y absurdas medidas judiciales y de organismos de derechos humanos, espectros que impidieron su actuar durante el control del Toque de Queda. Se sumó a lo comentado el hecho de que la abrumadora mayoría de los medios de comunicación exhibieron en sus imágenes -de manera claramente irresponsable- eventos vinculados al uso de la fuerza por parte de las fuerzas armadas. Esos medios presentaron los hechos como si se tratase de una innecesaria acción de represión -y aún de 'tortura'- contra los violentistas y generadores del caos. En el epílogo, militares y policías apenas se limitaron a una acción de contención, con la meta de impedir ser eventualmente juzgados, perseguidos y encarcelados por la justicia.

 

El ex Coronel del Ejército de Ecuador, Mario Pazmiño, quien en su momento sirviera como Director de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, compartió en una reciente entrevista de televisión un crudo análisis frente a lo sucedido en su país. Tras informar sobre la existencia de células golpistas con financiamiento del exterior (específicamente desde Cuba y Venezuela), Pazmiño no hizo otra cosa que compartir lo que sucederá a posteriori en Ecuador -y, en lo personal, inscribo a Chile en ese anticipo.

 

Si alguna porción de nuestra sociedad rehúsa tomar nota, quien esto escribe opta por ponerlo por escrito: existe la posibilidad de que los gobiernos ecuatoriano y chileno caigan, antes de transcurrir cinco meses. En Chile, ese escenario podría tener lugar, en virtud de que las medidas económicas -sin presentar soluciones para las demandas estudiantiles y frente a otras que se quedaron en el tintero- no son suficientes. En consecuencia, no basta con un tibio mea culpa. No se trata de un escenario circunscripto estricamente a la actual Administración chilena; la problemática puede rastrearse en la indignación del pueblo de Chile, latente desde que el presidente Patricio Aylwin asumiera en 1990. Desde entonces, la corrupción política ha ido en aumento, desmantelando de paso a la Constitución de 1980 -carga magna que, precisamente, contaba entre sus artículos con los amarres y protecciones para que la clase política no destruyera, nuevamente, a Chile. Por estas horas, habrá de tomarse nota del actual concierto. Las Fuerzas Armadas recuperaron -una vez más- el orden y el rumbo de la democracia, pero su acción se ve mermada, a partir del contraataque que verifica su origen en dirigentes políticos y autoridades del propio Gobierno. No hay un relato unívoco. Por un lado, se disponen los Estados de Excepción en diferentes regiones del país, sumándose en tal invectiva el empleo de la Reserva Activa y controlada mientras que, en simultáneo, desde el ámbito de la justicia y del Ministerio del Interior se prometen las penas del infierno para todo aquel uniformado que, en protección de la ciudadanía o su propia vida, haga uso de su arma de fuego.

 

La historia se repite: el gobierno y gran parte de la sociedad clama por los soldados, para que éstos recuperen la democracia, y la defiendan. Eso que la clase política, dada su ineptitud, pierde cada cierto tiempo en nuestro país. Peor aún cuando, en plena contingencia y con amplia cobertura periodística, se ve al Presidente de la República recibiendo al Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos y, acto seguido, se comunica con Michelle Bachelet para invitar a personal a su cargo como Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Uno entiende que ya sería hora de que también proceda a reunirse con los Comandante en Jefes de las Fuerzas Armadas y de Orden.

 

Por estos momentos, lo único que impide a la extrema izquierda adueñarse del poder y levantar un gobierno similar al de Nicolás Maduro, son las Fuerzas Armadas. Aseguro que han estado cerca de lograrlo, y que lo intentarán nuevamente, pero con más ímpetu. El Presidente y la Primera Dama lo saben. Cuando ello suceda, nuestras Fuerzas Armadas constitucionalistas deberán estar del lado que el pueblo elija -actitud y fuerte mensaje que hemos visto y escuchado en centenares de soldados que han debido dialogar y calmar los ánimos de miles de manifestantes. Si ello continúa, no habrá retorno. Y, si lo hay, los costos serán en extremo onerosos, y la actual Administración habrá sido la responsable; no las Fuerzas Armadas.

 

El Presidente no debía congelar el pasaje del metro; antes bien, debía reducir su precio, y proceder a crear un sistema más justo, allí donde cada ciudadano abone por el tramo que recorre. Para ello, habrán de implementarse sistemas de control de ingresos y egresos, idénticos a los que existen hoy en no pocas ciudades del mundo.

 

La actual administración de justicia envía a los militares a la cárcel, condenándolos sin mediar investigación ni debido proceso. A los empresarios ladrones, simplemente los envía a tomar clases de ética. A asesinos, violadores y violentistas, los protege por intermedio del Instituto de Derechos Humanos; a los militares -a través de su Ministro y Subsecretario del Interior-, los persigue, para encarcelarlos por aplicar una mal llamada violencia innecesaria contra los sanguinarios agitadores que casi se toman La Moneda. A tal efecto, es imperativo subrayar la existencia de las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), las cuales se ajustan a lo dispuesto en la Constitución Política y los decretos que declararon los Estados de Excepción Constitucional de Emergencia; el referido apartado designa, tipifica y hace entrega de facultades a los Jefes de la Defensa Nacional, designados éstos por el propio Presidente. La primera de esas reglas establece: 'Se autoriza el uso de la fuerza, incluyendo fuerza letal, para defenderse y defender al personal civil o militar contra actos hostiles'. De no ser precisa esta afirmación, se extiende una invitación a funcionarios del gobierno para que procedan a desmentirlo, y que expliciten con absoluta y meridiana claridad que ningún activo de las Fuerzas Armadas podrá hacer uso de armas de fuego.

 

Señor Presidente: si necesita Usted dinero, termine con los 6 mil millones de pesos que, durante la Administración Lagos, mediando la intervención de Longueira (en enero del 2003), se dispusieron para financiar los Partidos Políticos. Hoy, en conformidad con el SERVEL, la cifra se ubica en torno de los 6.500 millones de pesos. Asimismo, podría Usted poner fin a las millonarias indemnizaciones otorgadas a falsos torturados y exonerados políticos. Adicionalmente, podría proceder con la revisión o reversión de las medidas que en su oportunidad perjudicaron a los ahorrantes, cuando las pérdidas de las AFP fueron traspasadas al pueblo; podría revisar al detalle los carísimos créditos obsequiados con aval del Estado; podría también atender a las colusiones que aún mantienen plena vigencia, revisar el alza de los impuestos y en el precio de los combustibles, el alza en las contribuciones -las cuales, por cierto, no paga Usted en Caburgua, como tampoco lo hace una plétora de privilegiados en Chile, y así hemos podido comprobarlo en diferentes reportajes televisivos. Está también la problemática del inalcanzable precio que exhiben los medicamentos y la atención sanitaria; los millonarios sueldos de Senadores y Diputados y, así, poner el debido foco en un extenso listado de medidas necesarias a efectos de poner fin a las inequidades, pero que aún no hemos escuchado en sus discursos. Naturalmente, mejor ni hablemos de los más de mil niños abusados y que han perdido la vida en el SENAME. La ciudadanía chilena jamás ha podido contar con los detalles de los resultados de esa investigación; Usted, Señor Presidente, ha tenido el descaro de afirmar que 'Los niños son los primeros'. Esos mismos niños son hoy sometidos, en colegios municipales, a memorizar aberrantes manuales de estudios -sin el consentimiento de sus padres.

 

En entender de quien esto escribe, el Presidente de la República desconoce, ignora, o no comprende los verdaderos objetivos del Foro de Sao Paulo, cuyos integrantes han cumplido con la totalidad de las fases diseñadas para desmantelar a nuestro país, y al que -como es de público conocimiento- han asistido decenas de los actuales políticos y parlamentarios que, en unas cuántas semanas más, con total seguridad, habrán de plantearle a Usted una acusación constitucional. En relación al referido Foro, sepa Usted, habida cuenta de que la Agencia Nacional de Inteligencia se rehúsa a informárselo, que Chile transita hoy la Segunda Fase de esos manuales: terrorismo urbano. Acto seguido, durante la Tercera Fase, se registrará el ataque contra los servicios de utilidad pública. Señor Presidente; evita Usted comprender es que el escenario descripto se circunscribe a una estrategia regional contra el último bastión que queda y que supo elegir no convertirse en una reproducción de la República Bolivariana de Venezuela: nuestras Fuerzas Armadas. Los círculos obedientes de la izquierda internacional sí lo tienen bien claro; en tal sentido, repasan los contenidos de su Black Block (manifiesto panfletario de agitación urbana en la que sus participantes visten atuendo negro), manual ya utilizado en España (Barcelona) y Ecuador, que ahora llevan a la práctica en Chile. La cuarta Fase conduce al Golpe de Estado; su salida, Señor Presidente.

 

Ya que nuestro jefe de Estado ha preferido no escuchar, la esperanza es que sí lo haga esa sociedad dormida y, por momentos, cobarde, por cuanto aún se oculta detrás de las Fuerzas Armadas y del orden. Me refiero a esa sociedad que no se atreve a manifestarse con el mismo ímpetu que caracteriza a la izquierda organizada. Claramente, esta izquierda de presentación radicalizada y extremista ha decidido explotar las demandas de los indignados, para propio provecho. La ingenuidad de muchos propone que todo se trata de una casualidad, y que no existe una estrategia regional. Se equivocan.

 

Infortuna y tristemente, aún no se ha visto a muchos ciudadanos chilenos saliendo a defender a quienes, a riesgo de su propia vida, han recuperado el orden, y que mientras Usted lee estas líneas, son perseguidos por la justicia; ni más ni menos, por haber aplicadom en forma progresiva, la fuerza necesaria con la cual detener y neutralizar, no a los que se manifestaban pacíficamente, sino a los desalmados saqueadores que, por robarse un televisor, son capaces de asesinar a quien se les ponga enfrente. Al respecto, no quisiera pensar que son los medios masivos de comunicación los responsables de no difundir o publicar las manifestaciones de apoyo que tanta falta necesitan soldados y policías. Ellos también son chilenos; tienen madres, hijos y familia, a quienes no ven desde hace días, y no han podido apoyar directamente. Sin registrarse ese invaluable respaldo, no lograremos darles tranquilidad para que mantengan su moral alta y, así, garanticemos entre todos el cumplimiento de su deber.

 

Peor aún, cuando estamos a las puertas de la Conferencia del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), programado para el 16 y 17 de noviembre próximos, y la Conferencia de las Partes (COP 25) de Naciones Unidas, cumbre sobre el cambio climático prevista para el 2 y el 13 de diciembre. Desafíos ante los cuales el Presidente y su Ministerio de Relaciones Exteriores no quieren retroceder, pese a los obvios costos de seguridad y esfuerzos no previstos que tales eventos habrán de involucrar.