España: de la ingobernabilidad, a la desgobernabilidad

En España, la investidura de Pedro Sánchez ya es un hecho tras su acuerdo de gobierno con Unidas Podemos. Es verdad que coalición solo suma 155 diputados (ironías del destino), pero el resto de apoyos parlamentarios pueden comprarlos a golpe de talonario. Por consiguiente, ya podemos tomar el texto consensuado por ambas formaciones como la base programática del nuevo Ejecutivo que padeceremos los españoles. Y aunque el documento no es demasiado específico, sí hay varias políticas económicas que se desprenden del mismo.

Primero, nueva reforma laboral. Este es, de hecho, el primer punto del acuerdo: “Combatir la precariedad del mercado laboral y garantizar trabajo digno, estable y de calidad”. En principio, revisar el marco laboral español no es algo necesariamente negativo, por cuanto la precariedad en forma de temporalidad constituye un grave problema que debe ser resuelto con urgencia. La cuestión, claro, es cómo hacerlo. El PSOE no ha aclarado cuáles son sus propuestas al respecto, pero Unidas Podemos sí: prohibir (o restringir enormemente) la contratación temporal al tiempo que no se rebajan (o incluso se incrementan) los costes de la contratación indefinida. En tal caso, puede que la temporalidad se termine reduciendo, pero solo a costa de reducir la creación de empleo. ¿Mejor en el paro que con un empleo temporal?

Segundo, aumento muy considerable del gasto público. El acuerdo menciona explícitamente una subida de los desembolsos en educación (guarderías públicas), sanidad, dependencia y pensiones (actualización conforme al IPC). No se adjunta una estimación de cuánto puede suponer todo ello, pero como poco nos estaremos moviendo en el entorno de 1 a 1,5 puntos de PIB. La cuestión, claro, es cómo financiarlo mientras avanzamos hacia el equilibrio presupuestario (el cual también aparece explícitamente mencionado en el punto décimo del acuerdo).

Así, en tercer lugar, Podemos y PSOE confían en una mayor “justicia fiscal”, lo que en la terminología de la izquierda equivale a subir impuestos a “los más ricos”. En este sentido, ambas formaciones probablemente restablezcan el sablazo impositivo que ya habían pactado en el anteproyecto de Presupuestos para 2019 y que se terminó estrellando contra el muro del Congreso. A saber: impuesto a las transacciones financieras, impuesto digital, subida del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) a las rentas más altas, incremento del Impuesto sobre Sociedades y aumento del impuesto sobre el diésel. También se añadirá a semejante 'pack', el brutal rejonazo contra los autónomos consistente en obligarles a cotizar en función de sus ingresos y, asimismo, probablemente asistamos a una recentralización fiscal que pase por fijar tipos estatales mínimos en los impuestos sobre el Patrimonio y sobre Sucesiones. En todo caso, más allá del daño que todas estas medidas vayan a causar a una economía en desaceleración, recordemos que la recaudación que el propio Gobierno esperaba por todas ellas apenas alcanzaba el 0,5% del PIB. Por consiguiente, ya nos topamos con un obstáculo de partida: o no se aumenta el gasto como se ha prometido, o se suben más los impuestos no solo a los ricos sino al conjunto de la población o nos olvidamos del equilibrio presupuestario.

Cuarto, más gasto para, como decíamos, comprar el voto de las formaciones regionalistas y nacionalistas. A la postre, el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos no es viable sin una ensalada de síes procedentes del PNV, Partido Regionalista de Cantabria, Teruel Existe, BNG o Coalición Canaria: a todos ellos habrá que regarles con millonarias transferencias para que se avengan al acuerdo, lo cual incrementará la factura presupuestaria en alguna décima de PIB. El propio acuerdo parece ponerse la venda antes de la herida al contemplar explícitamente el “apoyo decidido a la llamada España vaciada”.

Y quinto, vamos a avanzar en la dirección de una economía mucho más regulada en multitud de ámbitos. Acaso el ejemplo paradigmático de esto sea el mercado inmobiliario. El acuerdo habla de convertir la vivienda en un derecho y no en una mercancía, esto es, de sacar la vivienda del ámbito del mercado. Es muy dudoso que lleguemos a semejante extremo, pero sí podríamos ver una limitación (aún mayor) de la libertad de las partes en este ámbito: por ejemplo, vía controles parciales sobre los alquileres que terminarán volviendo la vivienda menos accesible. Asimismo, la sobrerregulación también será observable en la “reindustrialización” y en la “transición ecológica” que contempla el acuerdo: en lugar de fijar un precio sobre el CO2 y dejar que el libre mercado transite hacia modelos productivos menos intensivos en este gas, PSOE y Podemos pretenden decidir —vía mandatos legales y subvenciones— en qué sectores han de invertir las empresas españolas.

En definitiva, y a falta de mayor concreción, estamos ante un acuerdo que va a traer más impuestos, más gasto, más déficit y más regulaciones. Todo lo contrario de lo que necesitaríamos para capear la desaceleración que nos aflige. Termina la ingobernabilidad y comienza la desgobernabilidad.