Chile: violencia y protestas, en lugar de democracia representativa

La principal razón de existencia de los gobiernos en los Estados nacionales es moderar y controlar la violencia como forma de resolver los conflictos entre sectores de una misma sociedad. En rigor, surgieron precisamente por su capacidad para impedir las disputas que eran frecuentes entre grupos locales, religiosos o de clanes familiares que tenían consecuencias de muerte o lesiones a las personas y daños a la propiedad.

 

El monopolio o supremacía en el uso de la fuerza entregado al Estado, obligó a generar contrapesos. Así nacieron las Constituciones que lo limitan y los tribunales que lo controlan, erigiéndose en un factor clave la protección de las minorías ante acciones emanadas de mayorías transitorias.

 

Las fuerzas de seguridad han vivido, a su vez, un proceso de prueba y error, en el esfuerzo de limitarlas sin impedir su necesaria eficacia. Más de una vez un lamentable suceso policial ha llevado a una comunidad a restringir el uso de la fuerza pública, para verse obligada a revertirlo más adelante cuando la violencia recrudece.

 

Los recientes hechos de violencia desatada en Chile, desde aquellos con precisión militar que en pocos minutos inutilizaron 19 estaciones del metro, hasta los saqueos y vandalización propios de los antisociales, criminales, barrabravas o miembros de la mafia de la droga, prueban que el equilibrio entre facultades y limitaciones es hoy inadecuado. Probablemente por razones históricas, que se remontan a casi medio siglo, el equipamiento, entrenamiento, facultades y respaldo de la autoridad política con que cuentan las fuerzas de seguridad y orden, no está permitiendo al Gobierno cumplir con eficacia su tarea primordial, que es contener la violencia y proteger a la ciudadanía.

 

La autoridad parece no comprender que el problema de Chile hoy no es que la fuerza pública no tenga controles. Chile no es ni Venezuela ni Cuba, países totalitarios, donde la policía es un instrumento de represión del régimen de turno. El Gobierno parece temer que permitirles actuar con la eficacia necesaria ante la magnitud del desafío, producirá algún hecho lamentable, a veces inevitable en este tipo de circunstancias, cuyo costo político no desea afrontar.

 

Pero el costo político que está pagando por su indefinición es más grande de lo que imagina. Si bien la seguridad pública es responsabilidad de todos los poderes del Estado, el Presidente de la República es el más afectado. Una de las principales razones que llevaron a la ciudadanía a elegirlo por segunda vez, es que parecía ofrecer mejores garantías en los temas de seguridad. Ello y la esperanza de un mayor progreso económico fueron sus principales promesas. El magro éxito conseguido hasta ahora en la primera, y las consecuencias que ello está teniendo en un débil repunte económico, lo están dejando sin su base de apoyo; y las encuestas así lo certifican.

 

La sensación de inseguridad es tan grande, que sondeos públicos muestran que un abrumador 90% de la población estima necesario y legítimo autodefenderse. Es una reacción espontánea, ya que ningún líder de opinión ni medio de prensa ha puesto el tema en la agenda pública.

 

Comienza a evidenciarse la degradación, entonces, de uno de los elementos fundamentales de la vida civilizada.

 

Pero existe otra dimensión de lo que Chile vive hoy, que agrava la situación y exige aún más presencia de ánimo del gobierno. Las personas nos encontramos restringidas en el cumplimiento de nuestros deseos y anhelos, por las limitaciones propias de la realidad. Los economistas lo llaman escasez. Los medios de comunicación y redes sociales han colaborado en hacer proliferar movimientos masivos que, en distintas formas, exteriorizan sus legítimos deseos. Infortunadamente, muchos de ellos son imposibles de concretar en el corto plazo, o bien resultan incompatibles entre sí en lo inmediato. Sin inversión e innovación, no existe la posibilidad de contar con servicios más abundantes y más económicos. Sólo el tiempo y el progreso lo permiten.

 

Es preciso ponderar constantemente los deseos, medios disponibles y las consecuencias de largo plazo de lo que hacemos hoy. Sólo así, será posible adoptar decisiones en materia de políticas de Estado que permitan a la sociedad progresar y satisfacer cada vez mejor sus necesidades. Las democracias representativas buscan, precisamente, ese equilibrio. La ciudadanía cada cierto tiempo y en forma programada cambia a sus representantes y ellos deben responsabilizarse a veces de tomar decisiones complejas pero realistas. Con la tecnología de hoy, se podría encuestar o consultar en cada momento a los votantes; pero ello sólo llevaría al caos, ya que grupos pequeños pero muy organizados impondrían los temas de su preferencia. La solución viable, democrática y que permite el progreso es que representantes elegidos tomen opciones más realistas, pero que su ámbito de acción sea, a su vez, limitado, para que las familias y distintos grupos de la sociedad construyan en libertad su propio destino.

 

Sin embargo, parece que la mezcla de violencia y protestas está llevando a la clase política a dejar de cumplir su tarea. Quizás, la clase política aspire a frenar la violencia tratando de cumplir todo lo que se reclama, ya que mientras más violento, más rápido se actúa. Pero es sencillo predecir la escalada que se produce a partir de ello. Si alguien obtuvo con una mezcla de violencia y protesta su primer objetivo, ¿por qué no otro grupo buscará lo mismo? O, ¿por qué ese mismo núcleo no se dedicará luego a explorar nuevos objetivos? Gratuidad en el metro, menor costo de electricidad, mejores pensiones, condonación de los créditos.

La lista es interminable y, en pocas semanas, y de manera sorprendentemente improvisada, la dirigencia política acordó generar la inseguridad máxima: puso fecha de término a la vigencia de la Constitución, sin comunicar qué se busca al reemplazarla. El camino por el que se ha optado es resbaladizo. Cuando los representantes elegidos para gobernar, cuando evaden su responsabilidad, y cuando actúan al ritmo de la violencia y de las protestas, es posible asistir al principio del fin de la democracia. El terreno queda allanado para que los violentistas extremos mantengan la presión. Después de todo, ellos buscan la destrucción total, como elemento necesario para, supuestamente, construir todo de nuevo. Si bien no son muchos, cuentan con organización, disciplina y redes internacionales. Incluso es posible ver inscripciones cerca de embajadas de Chile en otros países de 'Renuncia Piñera', o, 'Si es necesario matar al presidente'.

 

Ya hemos apuntado que la paradoja consiste en que casi la totalidad de los deseos que desordenadamente expresa la ciudadanía, sólo se consiguen si el país progresa. La prioridad fundamental de los líderes de la sociedad chilena debería ser entender qué llevó al país al estancamiento, y cómo retornar a la senda del avance. Las expectativas incumplidas son el germen del descontento, y del presidente Piñera se esperaba que fuera capaz de revertir ese deterioro. Habría bastado un crecimiento del 5% o el 5,5% a partir del año 2000, para que el país fuera hoy en términos per cápita un 33% o un 46% más rico. Siempre existirían problemas pero, sin dudas, serían de otra magnitud a los de hoy.

 

El camino iniciado no es promisorio. El ministro Larraín auspiciaba un crecimiento en un rango de 2,4% a 2,9% para este año y de 3,0% a 3,5% para el próximo. Al asumir el ministro Briones pronosticó un rango de 1,8% a 2,2%, y uno de 2,0% - 2,5%, respectivamente. Hoy, se hace difícil alcanzar el 1,5% este año y, si la incertidumbre en torno de la discusión Constitucional se acentúa, el 1% será una meta ambiciosa para el año 2020. Es cierto que el Gobierno puede recurrir a estímulos fiscales y monetarios adicionales, pero en el mundo interconectado e informado de hoy, puede ser un arma de doble filo si las ambigüedades se multiplican.

 

Ni los empresarios ni los demás actores del proceso económico parecen comprender cabalmente el beneficio que su actividad ha traído a los chilenos. Más abundantes, mejores y más variados productos y servicios a precios cada vez más conveniente para las grandes mayorías. Esa es la principal manera de avanzar para satisfacer, en lo material, los múltiples deseos expresados por la sociedad chilena. Algunos lo harán con empresas con mucho capital y poca mano de obra muy especializada y altamente remunerada. Otros, con un gran número de trabajadores que requieren aprender y entrenarse antes de poder avanzar y subir sus ingresos. Todas las opciones son viables, igualmente válidas y necesarias.

 

Los representantes elegidos, en especial el Presidente -dada sus mayores facultades y responsabilidades-, deben escuchar pero, finalmente, su deber es elegir e iluminar el rumbo más adecuado, y no proceder empujados por la violencia.

 

Hace años, parecía que Chile abandonaría el subdesarrollo. Hoy, puede ser uno de esos momentos de la historia en que se sepulta definitivamente esa opción para una generación joven que ebulle en inquietudes. Esperemos que no sea así y que, por el contrario, veamos renacer la esperanza.