España y el futuro de las pensiones: recortes, impuestos, o ahorro

La OCDE acaba de publicar su informe anual 'Las pensiones en un vistazo, 2019'. De él, me gustaría rescatar el gráfico presente renglones abajo, donde se refleja la tasa de sustitución por países, esto es, qué porcentaje de los salarios percibidos a lo largo de su vida laboral termina cobrando un pensionista al jubilarse.

Si analizamos la posición de España, descubriremos que exhibe dos características poco frecuentes en el panorama internacional: primero, nuestra tasa de sustitución es una de las más elevadas de toda la OCDE; segundo, nuestro sistema de pensiones se basa exclusivamente en las pensiones estatales, sin que las privadas desempeñen ningún papel relevante. Más en particular, nuestra tasa de sustitución supera el 70% de la base salarial y, a diferencia de lo que sucede con Dinamarca, Holanda, los Estados Unidos, Islandia, Israel, Canadá, Irlanda, Bélgica, Nueva Zelanda, Japón, Suecia, Alemania, Reino Unido, Estonia, Noruega, México, Suiza, Chile o Australia, esa elevada tasa de sustitución descansa tan solo sobre el pilar público.

Tal posición de cuasi excepcionalidad debería empujarnos a reflexionar acerca de su sostenibilidad futura: ¿puede España mantener una tasa de sustitución tan alta como la actual pivotando tan solo sobre un sistema público?

A la postre —y dejando de lado el anecdótico caso de Luxemburgo—, solo hay otros tres países en la OCDE que posean una tasa de sustitución tan o más alta que la española basándose únicamente en el sistema público: Italia, Austria y Portugal. Acaso alguno piense que 'Si ellos pueden, nosotros también' pero, en tal caso, convendría analizar de qué modo están pudiendo ellos.


¿Se encuentra España en posición de mantener una tasa de sustitución tan elevda como la actual, pivotando tan solo sobre un sistema público?

En primer lugar, ¿cómo es posible que Portugal alcance una tasa de sustitución superior a la española sin que, además, tampoco se esperen recortes en sus prestaciones futuras? Pues porque tales recortes ya están en vigor: en concreto, la edad efectiva de jubilación en Portugal es de 68,5 años para los hombres y de 65,4 años para las mujeres, mientras que en nuestro país apenas se ubica en 62,1 y 61,3 años respectivamente. Tal divergencia entre las edades efectivas de jubilación supone que, de media, un pensionista varón recibe rentas del sistema durante 15,7 años y una pensionista mujer, durante 21,6 años: en España, en cambio, las perciben durante 21,7 y 26,6 años respectivamente. Vaya, que si aceptamos cobrar entre cinco y seis años menos de pensión (y, en contrapartida, cotizar también entre cinco y seis años más), entonces tal vez el modelo luso sería parcialmente replicable en España.

En segundo lugar, ¿cómo es posible que Italia y Austria alcancen una tasa de sustitución superior a la española sin que, además, se esperen recortes en sus prestaciones futuras (Austria) o, en todo caso, se esperen unos recortes inferiores a los nuestros (Italia)? La casuística de estos dos países no coincide exactamente con la de Portugal: es verdad que nuestro sistema de Seguridad Social sigue abonando pensiones durante más años que en estos dos casos (un año más que en Italia, y entre 2,4 y 1,6 años más que en Austria), pero tal brecha no basta para explicar las divergencias de sostenibilidad entre estos sistemas. ¿Dónde reside, entonces, la diferencia? En su elevado nivel de gasto público y, por tanto, de fiscalidad.

Así, mientras que España gasta actualmente en pensiones el 12,2% de su PIB, Austria destina el 13,8% e Italia, el 15,6%. Para sufragar tal sobregasto, Austria complementa los ingresos por cotizaciones (que se ven impulsados frente a España por cuanto su tasa de empleo es casi 10 puntos superior a la nuestra) con ingresos fiscales e Italia mantiene unas cotizaciones sociales del 33% del coste salarial (cinco puntos superiores a las españolas). A medio plazo, además, ambos países verán aumentar sus gastos hasta el 14,6% y el 17,3% del PIB respectivamente.

Habida cuenta de que el déficit actual de la Seguridad Social española es de 1,5 puntos de PIB, si tuviéramos que incrementar a medio plazo nuestro gasto hasta niveles austriacos o italianos (y no olvidemos que nuestra evolución demográfica será peor que la suya), necesitaríamos cubrir un déficit de entre cuatro y 6,5 puntos de PIB con nuevos impuestos, esto es, algo así como el 55% o 90% de todo lo que recaudamos actualmente por IRPF.


La mayoría de países ha escogido una opción intermedia: hacer contribuir más a los ciudadanos, pero a través de programas de ahorro obligatorio

Dentro de los sistemas públicos actualmente existentes, pues, las alternativas son claras: o recortes o muchos más impuestos. No hay más. De ahí, por cierto, que la inmensa mayoría de países de nuestro entorno haya escogido una opción intermedia: hacer contribuir más a los ciudadanos, sí, pero a través de programas de ahorro personal obligatorio. Es decir, que aquella renta que dejen de tener disponible los ciudadanos no pase a manos de ningún político o burócrata sino que se mantenga dentro de su patrimonio personal. Por desgracia, no parece que esta última vía vaya a aplicarse en España: iremos por el camino o de los recortes o de los impuestos sangrantes sobre el conjunto de la población.