Bolsa de Comercio de Buenos Aires: el curioso caso de Polledo S.A.

Polledo S.A.I.C y F. es una empresa constructora fundada en 1934. Desarrolla obras de infraestructura y servicios, especialmente para el sector público. La compañía es controlada por el Grupo Roggio (dueños de Metrovías); adicionalmente, lleva a cabo operaciones en el área de transporte de pasajeros, ingeniería ambiental y concesiones viales. Todo ello, en teoría, según reza la declaración de actividades de la compañía.

El Grupo Roggio tuvo su época de esplendor durante el menemismo, en donde se quedaron con las concesiones de los siguientes servicios:

-Subtes (Metrovías, la cual insólitamente ostenta hasta el día de hoy, pese a múltiples quejas, y que renovará con el aval de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta como jefe de gobierno porteño)

-Trenes (FFCC Urquiza)

-Peajes de varias rutas (Covisur, Coviares, Puentes del Litoral)

-Recolección de basura (Cliba)

-Yacyretá

 

Actualmente (y desde hace ya años), Polledo no presenta actividad operativa alguna. No obstante, su controlante -Grupo Roggio- jamás pudo deslistar sus acciones, las cuales cotizan libremente en nuestra bolsa, para que cualquier inversor tenga oportunidad de ser parte de esta sociedad tan particular. A todas luces, los analistas se topan con un verdadero fantasma bursátil.

 

Acto seguido, el inversor se preguntará por el sentido de invertir en una firma que no presenta ganancias, que carece de actividad operativa, y cuyos resultados trimestrales tienen por costumbre arrojar pérdidas. A tal efecto, habrá de prestarse atención a su estado financiero, al 30/9/19.

 

En el periodo de tres meses al 30/9, la compañía registró una ganancia de $1.714.490 pesos pero, en el periodo de nueve meses, persiste la senda negativa: esta arrojó una pérdida de $291 mil pesos. A pesar de ello, continúa con un patrimonio neto negativo por $82 millones de pesos, por arrastre de años seguidos de significativas pérdidas -con un rojo de $110 millones en resultados no asignados.

 

Polledo vale hoy por bolsa US$ 1 millón, exhibiendo un patrimonio neto negativo y careciendo prácticamente de activos. En el ambiente bursátil, se la conoce despectivamente como un 'galpón con un sello de goma que tiene intereses en los litigios por COVIMET, COVIARES y Yacyretá'.

 

Centrémonos, pues, en el aspecto financiero más importante y de actualidad: los juicios de Polledo S.A:

 

Se asiste a tres juicios/reclamos: dos en instancia administrativa (Coviares y Covimet), y uno en arbitraje internacional (Yacyretá). De concretarse, este último sería equivalente a 5 o 10 veces su capitalización bursátil actual. 

 

Coviares

 

Polledo participa directa e indirectamente en el 31,78% de Coviares S.A., sociedad que tuvo como objeto la construcción, conservación y explotación de la Autopista La Plata - Buenos Aires, Ribereña de la Capital Federal y Nuevo Puente sobre el Riachuelo hasta el 12 de julio de 2013, instancia en la que se publicó en el Boletin Oficial de la Provincia de Buenos Aires el Decreto N° 419, por medio del cual se declaró rescindido el Contrato de Concesión de Coviares. Se desplazó a esta firma de la Concesión, y se puso a cargo de “Autopistas de Buenos Aires S.A. –AUBASA-“, sociedad constituída por la Provincia a esos efectos. En simultáneo, se procedió a confeccionar el inventario detallado de los bienes y personal afectados a la concesión, y se declaró la “emergencia pública vial” sobre la citada autovía. 

 

Las quejas por el incumplimiento de la empresa Coviares de los compromisos asumidos llevaban varios años. Según denunció la provincia en su momento, no se realizaron obras clave (tercer carril, la bajada en el Parque Ecológico de Villa Elisa), o las distintas reparaciones en el asfalto. En los últimos meses, ya ni las malezas de las banquinas se podaban. 

 

Así nació la actual AUBASA, propiedad de la Provincia de Buenos Aires en un 97%, perteneciendo un 3% pertenece a los trabajadores. Polledo, como accionista minoritario de Coviares, registra en cero su participación en dicha sociedad hasta la espera de un arreglo judicial. Existe un reconocimiento expreso del propio estado (Procuración) que reza que el ex concesionario debe ser resarcido por su inversión, al menos en parte. Este caso, se extiende la espera.

 

Covimet

 

Polledo participa directa e indirectamente en el 31,802% de Covimet S.A. (“Covimet”), sociedad que se constituyó originalmente con un objeto social destinado a la construcción, conservación y explotación de la Autopista 9 de Julio - Tramo Norte.

Con fecha 25 de febrero de 2003, el Jefe de Gobierno de la CABA, por entonces Aníbal Ibarra, emitió el Decreto N° 149/GCABA/2003, mediante el cual dispuso:

(a) revocar el Decreto N° 3135/GCABA/1998, alegando su nulidad absoluta e insanable; y, (b) rescindir el contrato de concesión de obra pública para la construcción y concesión de la remodelación y prolongación de la Av. 9 de Julio Tramo Norte (Autopista Arturo Illia), argumentando incumplimiento de Covimet. El holding accedió a la concesión de la Autopista Illia en 1991, y fue denunciado por el Estado porteño a partir de verificarse irregularidades en la concesión, y por haber aumentado el costo del peaje de $0,50 a $1 -operatoria poco transparente autorizada por la gestión Fernando de la Rúa.

 

No obstante, y previo a rescindir el contrato en 2003, Ibarra le otorgó un crédito de u$s 70 millones a Covimet, a través del Banco Ciudad. La maniobra fue denunciada en su momento por Gustavo Béliz.

 

El 17 de noviembre de 2016, la Cámara de Apelaciones SALA I - Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – dictó sentencia en los autos “Covimet S.A. c/ GCBA s/ impugnación actos administrativos”, expte. Nº8333 y su acumulado “Covimet S.A. c/ GCBA s/ cobro de pesos”, expte. Nº2874/0, resolviendo:

i) confirmar la nulidad del decreto 3135/98 que había aprobado el Convenio de Reordenamiento Contractual;
ii) confirmar, en consecuencia, la validez del decreto 149/03 que declaró la rescisión del contrato por culpa de la concesionaria,
y iii) hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, únicamente con relación al reconocimiento del rubro reclamado en concepto de liquidación de las cuentas pendientes y diferir la determinación del quantum del ítem mencionado para la etapa de ejecución de la sentencia de conformidad con las pautas establecidas en el Pliego a esos efectos. 

 

El 23 de junio de 2016, se declaró abierto el Concurso Preventivo de COVIMET S.A., fijándose –entre otros-, el cierre del período de exclusividad, para el 1º de agosto de 2017, luego prorrogado al 26 de octubre de 2017. Una vez vencido el período de exclusividad, con fecha 8 de noviembre 2017, le fue declarada la quiebra.

 

Polledo registra a valor cero el caso de Covimet, que a todas luces y viendo los resultados es prácticamente irreversible.

 

Eriday/Yacyretá

 

El escándalo Yacyretá estalló en 1990, tras denunciarse que el consorcio Empresas Reunidas, Impregilo, Dümez y Asociados Para Yacyretá (ERIDAY), a cargo de la construcción de la represa, cobró la fortuna de US 2 mil millones en concepto de reembolsos indebidos. Impregilo y Dümez sumaron a varias empresas argentinas. Con excepción de Benito Roggio, que tuvo el 3,03% de la participación, las demás se quedaron con el 1,63% cada una. No obstante, la mayor tajada fue obtenida por SOCMA (de Franco Macri), ya que sumó dos firmas: Sideco Americana y Supercemento. Los otros integrantes del consorcio fueron Techint, Sade, Conevial, Impsa, EACA, Codi, José Cartellone, Petersen, Thiele y Cruz, Polledo, Sollazo y Tecnomatter.

 

El juicio de Eriday  (Yacyretá) se encuentra estancado en arbitraje en París, desde hace décadas. En el año 2000, Eriday reclamaba US$ 1.500 millones y el EBY (Ente Binacional Yacyretá) reconocía US$ 100 millones. La SIGEN, durante la temporada del 1 a 1, reconoció US$ 300 millones; aunque no se arribó a un acuerdo. 

 

La justicia argentina hizo lugar a la medida cautelar de no innovar solicitada por la EBY respecto de la aprobación del acta de misión y de los actos posteriores, suspendiendo la tramitación hasta tanto no se dictase sentencia en la causa deducida por EBY. Previo a dictarse una medida cautelar, se habían acercado posturas a una cifra más consensuada; sin embargo, los intereses de tantos años de retraso provocaron que esa cifra intermedia ahora este cercana a los US$ 900 millones. A Polledo le tocaría el 6,08% del juicio de Eriday -si acaso algún día percibe esa cifra, claro está.

 

El caso Yacyretá se vislumbra como de difícil cobro, dada la complejidad de su resolución: se registran demandas cruzadas que impedirán una negociación a la vista de todos para resolverlo, conforme es políticamente controvertido. El motivo es que se resucitaría un sonado caso de corrupción que hoy ha sido sepultado, pero que supo involucrar guarismos ridículamente elevados en dólares estadounidenses. En cualquier caso, si algún día se conociere un fallo sobre el particular (recuerde el lector que se trata de reclamos planteados durante la década del 90, es decir, hace ya más de veinticinco años), Polledo podría llegar a percibir una cifra cuantiosa en el exterior, solo por tutelar el referido 6,08%. Porcentual que también mide a valor cero en sus balances.

 

Previo al cierre, será lícito echar un vistazo a las inversiones en subsidiarias y asociadas que caracterizan a Polledo:

 

Alcalis de la Patagonia S.A.I.C. 0,20% 

Covimet S.A. 31,80% 

Coviares S.A. 18,69% 

Lismore International S.A. 31,80% 

Catrel S.A. U.T.E. 90,00% 

Catastros y Relevamientos S.A. 95,00% 

Polledo do Brasil Concessões e Investimentos Ltda. 100% 

Eriday Unión Transitoria de Empresas 

 

 

Las únicas operativas son:

 

Roggio A.C.E. 

Catastros y Relevamientos S.A. 

Catrel S.A. U.T.E. 

Polledo do Brasil Concessões e Investimentos Ltda. 

 

Lejos de aportar capital, estas cuatro últimas reconocieron pérdidas por cifras superiores a los AR$ 5 millones, durante nueve meses del 2019.

 

A grandes rasgos, se ha procedido a describir el panorama de Polledo (POLL), que aún cotiza en la bolsa porteña. Entendidos en la materia han afirmado que la salida más lógica sería que Grupo Roggio deslistara a la compañía, retirándola de la cotización, en virtud de su casi nula actividad operativa. Sin embargo, esa alternativa no parece probable, habida cuenta de que Roggio controla el 69% de la empresa a través de Roggio S.A y Clisa S.A, quedando muy lejos de obtener el 95% proceder al desliste.

El 31% restante permanece en poder de estoicos accionistas minoritarios quienes, con el correr de las décadas, aún se aferran a sus papeles. Entre ellos, existen personas de elevado poder adquisitivo y conocimientos, que han decidido mantenerlos en su poder. Sus razones tendrán.