Nicolás Maduro y la captura estratégica de España

España está transitando un sendero tan peculiar como perturbador. La historia reciente consignará que, en gran medida, la debacle económica del país comenzó a hilvanarse durante los siete años de la Gestión Rodríguez Zapatero (PSOE), incrementando aquélla sus decibeles durante la Era Rajoy (Partido Popular), funcionario quien sólo contribuyó a acentuar el tenor de la crisis.

En ese delicado proscenio, el principal legado de ambos presidentes del gobierno conduce a una cruenta estadística: hacia septiembre de 2019, España se exhibía endeudada en un 171% de su Producto Bruto Interno, merodeando los EUR 2.1 billones. Consecuencias de un síndrome hiperestatista que Madrid no ha sabido -ni querido- resolver. Círculo vicioso que se retroalimenta recurrentemente, por cuanto el flamante tándem Pedro Sánchez Castejón/Pablo Iglesias (PSOE/Unidas Podemos), atenazado por la obvia imposibilidad de emitir moneda, solo aspira a potenciar los mecanismos estatales de presión impositiva, a estirar los plazos de repago para colocación de bonos, y a apalancarse financieramente mediante la tributación que emerge del aumento del salario mínimo. A la postre, se reitera el planteo de soluciones estatistas frente a problemas generados por el propio Estado. Tal es la dimensión del nudo gordiano de la Madre Patria. En una suerte de conmovedor corolario, la fragilidad del sistema de partidos se explica a partir de las tropelías acometidas por sus personeros; se asiste a un inocultable principio de fractura de la institucionalidad. La sociedad española ya no cree en sus representantes.

A tono con esa certificación, la comprobable disfuncionalidad que acusa el liderato político solo ha contribuído a aumentar las tensiones entre la autoridad de Madrid y las comunidades. El ejemplo más visible es Catalunya, donde correlato de motivaciones ideológicas de formulación extremista terminó por encender la mecha de la violencia, reproduciéndose en tierra catalana una fenomenología que observa no pocos paralelos con las turbulentas revueltas latinoamericanas de Chile y, algún tiempo atrás, Ecuador. Así las cosas, si se atiende al modus operandi de núcleos desestabilizadores sudamericanos y se detectan similaridades con el accionar perpetrado por aquéllos y por militantes barceloneses, cualquier observador de oportunidad se inclinará por descartar de plano el monóculo de las coincidencias, pues el problema parece adquirir una magnitud superior. 

'A río revuelto, ganancia de pescador', reza un refrán suburbano en -precisamente- algunos países de Iberoamérica. Quien parece haber asimilado a pies juntillas esa ocurrente expresión es el primer responsable político en el régimen de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Se llega entonces al obscuro episodio del 20 de enero próximo-pasado, en el Aeropuerto Internacional de Barajas, fecha en la que la vicepresidente venezolana Delcy Rodríguez arribó acompañada de un colorido entourage, compuesto por cuarenta diplomáticos (?) provenientes de Caracas, muchos de ellos sancionados por la Unión Europea (con lo cual no solo tenían impedido el pisar suelo español, sino que también debieron ser aprehendidos in situ por las autoridades).

Entre gallos y medianoche, la también sancionada vicepresidente madurista aterrizó en Barajas a bordo de un jet privado Dassault Falcon 900 LX, matrícula TC-AKE -tutelado por la firma de origen turco AK Havacilik ve Ulaştirma Hi̇zmetleri̇, A.S. (Sociedad Anónima), radicada en Estambul. La presencia pretendidamente breve de Delcy Rodríguez en la terminal aérea -funcionarios de Madrid argumentaron que Rodríguez no pisó territorio nacional, sino que permaneció en zona de frontera- motorizó una concatenación de suspicacias. En principio, porque la mujer dilecta del régimen venezolano mantuvo una reunión privada con José Luis Abalos, Ministro de Transporte. Conforme lo han citado los propios funcionarios de la Gestión Sánchez/Iglesias, los contenidos de esa conversación se mantienen, al día de hoy, en riguroso secreto.

En el complemento, será menester profundizar sobre las excentricidades operativas involucradas:

- Sin mediar disimulo, funcionarios del gobierno español oficiaron de anfitriones para una comitiva de individuos sancionados no solo por la UE, sino también por el gobierno de los Estados Unidos de América.
- La citada firma turca dedicada a la oferta de servicios de transporte aéreo, acaso por temor a las sanciones estadounidenses (que afectan a empresas del sector con vínculos con sus similares en la República Islámica de Irán), utilizó como subsidiaria a la francesa Sky Valet. Desde 2011, las autoridades en Washington pusieron el foco en la iraní Mahan Air, por proporcionar apoyo material, financiero y tecnológico a la Fuerza Quds de la Guardia Islámica Revolucionaria de Irán. Con el tiempo, compañías privadas de origen turco cayeron en la mira de la Orden Ejecutiva 13224 (2011), por asistir y/o colaborar con Mahan. Certificada ya la participación de AK Havacilik ve Ulaştirma Hi̇zmetleri̇ y Sky Valet en el Affaire Delcy, con toda probabilidad ambas empresas terminarán también en la mira de la Administración Trump, por intentar eludir sanciones.
- Las declaraciones del Ministro Abalos -quien protagonizó el encuentro privado y secreto con Delcy Rodríguez- al respecto de que la venezolana 'no pisó suelo español', resultan extemporáneas, habida cuenta de que el servomecanismo de sanciones UE también le impedía a esos dignatarios el sobrevolar territorio europeo. Con el particular agravante de que los Ministerios de Interior y Exteriores tenían pleno conocimiento sobre la identidad de los pasajeros que se hallaban a bordo de la aeronave.
- A la concurrencia de complicidad de elementos en el seno del gobierno de España, ha de sumársele un fallo catastrófico de todo el aparato de seguridad del país. Ni el Cuerpo Nacional de Policía  -con competencia jurisdiccional- ni organismos estatales del calibre del CNI (Centro Nacional de Inteligencia) obraron conforme a lo establecido en sus respectivos estatutos. Sin importar que, a posteriori del hecho, activos no identificados pertenecientes a la primera fuerza amenazaran con ventilar detalles adicionales sobre el poco feliz incidente, amplificando los alcances de su comentado interdicto con el funcionario Abalos.
- La manifiesta sumisión de funcionarios del gobierno de España frente a la agenda del poder madurista en Caracas necesariamente deberá rastrearse a la profusión de informes que explicitan el vínculo financiero entre Podemos y el régimen caribeño. En más de un sentido, servirán para comprender las implicancias que hacen al incidente de tratamiento.
- En las postrimerías, habrán de ponderarse debida y apropiadamente las declaraciones de Ana Orama, portavoz del espectro partidario Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, en el sentido de que la aeronave que transportó a los personeros chavistas llevaba a bordo lingotes de oro con destino a Turquía, con el fin de fundirlos en destino y, de esa manera, blanquearlos para su circulación internacional.

El oro venezolano es la variable que viene a enmarañar la trama. El 25 de abril de 2019, los periodistas investigadores Mike Smith y Monte Reel desarrollaron para Bloomberg Businessweek la que quizás sea la pieza más abarcativa en existencia, al respecto del contrabando de la riqueza aurífera de Venezuela, centrando el norte de su trabajo en los sofisticados nexos existentes entre Caracas y Ankara. La intrincada investigación arroja luz sobre la configuración de una red criminal transnacional de altísima sofisticación, de cuyo funcionamiento participan diplomáticos turcos y venezolanos, el gobierno suizo, activos criminales de las fuerzas armadas bolivarianas en control de la minera estatal Minerven, aerolíneas estatales y privadas, y un siniestro businessman de nacionalidad colombiana (Alex Nain Saab Moran) -entre otros.

A consecuencia del sistema de sanciones interpuesto desde el Departamento del Tesoro americano dirigido por Steve Mnuchin en perjuicio del régimen de Nicolás Maduro, Miraflores no cuenta con otra salida que intentar eludirlas, recurriendo a los buenos oficios de gobiernos extranjeros dóciles y sombríos intermediarios. En simultáneo, y mientras observadores occidentales posan la mirada sobre el contrabando de crudo y el rol de la Federación Rusa en ese apartado (hace poco, Rosneft también quedó a tiro de Mnuchin), el tráfico de oro ha adquirido notoriedad, citándose un episodio de hace días, en el que casi una tonelada del valioso metal -con origen en Venezuela- fue interceptada y confiscada en la isla de Aruba. A fuer de tomar nota de los dichos de entendidos en la materia, la fuga organizada de metales tradicionales y metales raros (coltan) es más importante para la supervivencia de Maduro que el aporte que conllevan las remesas ilegales de petróleo. Acaso por inexplicable conveniencia, la atención de los medios de comunicación en Occidente opta por apuntar sus cañones hacia el Kremlin, obviando el rol crítico de la República Popular China en el históricamente inédito saqueo de Venezuela. Extraño, por cuanto en el circuito de los servicios de información es conocida la faena perpetrada por Pekín en consorcio con la élite bolivariana: miembros del Ejército Popular de Liberación (PLA) controlan, con beneplácito de políticos afines a Maduro y mediando outfits de seguridad proporcionados por grupos guerrilleros (incluídos colombianos), la explotación y triangulación de reservas de metales en territorio venezolano. A la hora del quebranto, valdrá la pena citar la sentencia recogida por el analista A. K. Bhadrakumar en un paper desarrollado para GlobalResearch: 'Mientras que el rol de Rusia [en Venezuela] es más ideológico, el de Pekín es más pragmático'.

Al cierre, ¿cuál es la posición que asume el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en el engorroso contexto? La España cuyas riendas conducen, opera taxativamente como un necesario facilitador en una inquietante mecánica dedicada a la expoliación de la riqueza de un tercer país. Una perspectiva que porte una mirada más estratégica revelará que el conglomerado PSOE/Podemos no se ha esmerado demasiado en diferenciar su comportamiento frente al aciago bosquejo esbozado en su oportunidad por el gobierno progresista de Malta (aspectos previamente considerados previamente desde este espacio; aquí y aquí). Los pormenores relativos a la corrupción maltesa remataron con el violento magnicidio de la reconocida periodista local Daphne Caruana-Galizia: poco después de abordar su vehículo, Caruana-Galizia fue volada en pedazos, tras ser detonado en forma remota un explosivo de uso militar que había sido insertado previamente en el móvil.

En lo que a España respecta, cabe esperar que el pasado no sea prólogo.