Chile y la impunidad para perpetradores de delitos violentos

 

El sábado 22 de febrero, por el Diario Oficial, la ciudadanía chilena se enteró de todas las facilidades, resguardo y respaldo ofrecido a delincuentes y extremistas, a la hora de actuar éstos en perjuicio de miembros o instalaciones de las Fuerzas Armadas (FF.AA.). En síntesis, el Estado le ha obsequiado respaldo a turbas compuestas por bandidos, delincuentes, extremistas, inadaptados o idealistas para que, aún sin recurrir a armas de fuego pero echando mano de la fuerza de una superioridad numérica, ingresen a cualquier instalación militar. Como es natural, acompañados -como suelen hacerlo- por algún Diputado o por dignatarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos. De tal suerte que los perpetradores estén en capacidad de ocupar o tomar instalaciones y, acaso con asistencia del gobierno, eventualmente expropiarlas.

Responsables por este golpe de gracia contra las instituciones con exclusiva potestad legal y constitucional para hacer uso de armas de fuego, son quienes firmaron el documento: el Presidente de la República y el Ministro de Defensa. No habrá de achacarse idéntica responsabilidad a mandos y miembros de las Fuerzas Armadas de la República de Chile que, mediando un Decreto Supremo, no podrán ya disponer de su armamento para repeler ataques ejecutados contra turbamultas descontroladas. Así sucedió, por ejemplo, en la ciudad de Valparaíso, al registrarse el cobarde ataque contra el monumento de Arturo Prat y los héroes del Combate Naval de Iquique, custodiado entonces por dos valientes marineros. De presentar oposición frente a la iniciativa, cualquier miembro de las Fuerzas Armadas arriesgará su destitución, y eventual enjuiciamiento, encarcelamiento y, en consecuencia, la imposibilidad de jubilarse con los años requeridos -suspendiéndose también su remuneración. Dicho sea de paso, el Regimiento de Infantería N°21 'Coquimbo' de la ciudad de La Serena, tiene como patronímico al Capitán de Fragata Arturo Prat Chacón y, en el monumento a los héroes del Combate Naval de Iquique en Valparaíso, también descansan, entre los de otros marineros, los restos del Teniente Coronel de Ejército, Antonio Dionisio Hurtado Rojas -marino y sobreviviente en la fecha del Combate.

En tal contexto, las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), publicadas por el Gobierno, solo permiten el empleo disuasivo de granadas de humo, gas pimienta o lacrimógeno (del cual carecen ostensiblemente), de sistema de sonidos (desconocido), luz (desconocido) o agua (tampoco cuentan con éste). Podrán utilizar bastones (desconocido), dispositivos eléctricos (carecen también de éstos), proyectiles de pintura (solo unas pocas unidades los tienen en existencia) y otros análogos (se desconoce cuáles). Adicionalmente, los elementos de las Fuerzas Armadas podrán echar mano de armamento antidisturbios (recientemente adquirido, con lo cual su empleo adecuado exige instrucción y entrenamiento, en todo diferente a las capacidades actuales de un combatiente).

A la postre, las citadas RUF disponen el empleo de elementos disuasivos que no existen en la dotación de guerra de una unidad de las Fuerzas Armadas, o bien no son de uso frecuente. Peor todavía, se tolera el empleo de dispositivos inexistentes, y cuya clasificación como análogos es en todo desconocida. La aquí citada 'genialidad' dice más de lo que revela, dando por hecho que las unidades de las FF.AA. son expertas en su empleo. Por demás, el empleo de estos elementos requiere de equipamiento y protección especial para aquellos hombres y mujeres que los manipulen (como ser: anteojos, megáfonos, máscaras antigases, guantes, botas especiales que soporten el fuego de las bombas molotov, protección auditiva, protectores para cuerpo, cara, manos, vehículos especiales para actuar en zonas pobladas y con la protección adecuada para sus tripulantes y patrullas, escudos personales, extintores para vehículos y soldados, drones de monitoreo, etcétera). Es de suponer que también se ha considerado a las ambulancias de combate que servirían para evacuar a los heridos, verdaderos combatientes de primera línea.

Cabe imaginar que tanto el Señor Presidente como el Ministro de Defensa Nacional, al implementar las comentadas RUF, habrán previsto el equipamiento necesario para resguardar la integridad física de los soldados, marinos y aviadores que deberán cumplir con esta novedosa tarea disuasiva. De lo contrario, cada soldado terminará equipándose con sus propios medios y, posteriormente sin dudas, construyendo su defensa junto a sus propios abogados.

Una mención aparte merece el sistema de Mando y Control que debiera implementarse. A tal efecto, se hace exigible un sistema de comunicación apropiado para la misión otorgada, junto a un sistema de inteligencia e información útil para conocer a quiénes, a cuántos violentos, y en qué momento se enfrentarán. No deberían las autoridades respaldarse en que las unidades militares se enteren a través de la prensa o de cadenas de WhatsApp sobre el momento y lugar en el que deben aprestarse o, peor aún, aguardar a que sus integrantes salgan a las calles totalmente a ciegas y careciendo de la información necesaria sobre el adversario al que deberían hacer frente.

Es justo y de un responsable rigor que todos los miembros de las Fuerzas Armadas debieran someterlos a un examen psicológico ya que, hasta ahora, solo se les ha enseñado a utilizar armamento letal, y a disparar contra siluetas que simulan ser el enemigo. Para estos hombres y mujeres, una calificación favorable en las lecciones de tiro, diurno y nocturno consiste estrictamente en hacer impacto al centro de una figura humana adherida a un cartón, situada a varios y distintos metros de distancia. De no lograrlo, aquéllos serán mal calificados, viéndose forzados a repetir la lección de tiro. Difícil faena, por cuanto se conoce de uniformados que llevan veinticinco años o más cumpliendo anualmente con cuatro lecciones de tiro -todas ellas, empleando armas de guerra. Sobra decir que a ninguno se lo ha evaluado en el lanzamiento de lacrimógenas, o por el uso de bastón eléctrico. Menos aún por arrojar chorros de agua. Más bien, al contrario: este elemento es experto en el uso del corvo y de la esgrima de bayoneta, y en la eliminación de sus adversarios por vía letal, mediando la manipulación de distintas armas de puño o utilizando sus propias manos.

Si el Gobierno insiste en dar esa orden a las Fuerzas Armadas, pues entonces sería menester que sus funcionarios se esmeren en resguardar la integridad física de los hombres y mujeres que habrán de cumplir con esa orden. Los integrantes de la presente Administración deberían saber que estos detalles también se hallan presentes en los considerandos de tratados internacionales -a los que suelen hacer referencia al momento de justificar la tontería. De no hacerlo, al registrarse el primer herido o muerto, habrán de tomar responsabilidad por lo que sancionaron. Finalmente, cabe imaginar, de igual manera, que el conjunto de los abogados militares y asesores jurídicos de las Fuerzas Armadas de la República estarán estudiando a consciencia el asunto, preparándose para evaluar cómo defenderán a los soldados, suboficiales y oficiales que, invariablemente, se verán sometidos a esta nueva exigencia y donde, claramente, el gobierno elude toda responsabilidad que le compete.

La ciudadanía chilena ha de tomar nota: en nuestra realidad presente, extremistas y delincuentes cuentan con todas las facilidades para perpetrar su agenda de violencia. En paralelo, sobre las Instituciones de la Defensa recaen toda suerte de restricciones e inéditas misiones. A diario, esta deleznable impunidad es subrayada para los violentistas. El concierto ha llevado a las Fuerzas Armadas a tomar medidas no contempladas en su reglamentación, asumiendo una voz propia ante la inocultable ausencia de respaldo de parte de las autoridades políticas. Esta solo ha atinado a, con posterioridad a lo declarado por la autoridad militar correspondiente, a sumarse con posterioridad a los reclamos. Acaso para impedir una escalada que lleve al país a un conflicto mayor. Lejos de responsabilizarse, la dirigencia política nacional no acusa recibo. Para sus miembros, la vergüenza es un concepto desconocido.

A fin de cuentas, las mal llamadas RUF consignan una ingrata novedad, cobrando forma de grave episodio desde el retorno de la democracia en Chile. En todo concepto, se ha dado un paso decisivo con miras a entorpecer abiertamente la principal misión de las Fuerzas Armadas, la cual consiste en defender al sistema democrático. A tal efecto, se anticipa otro titular para el próximo mes de marzo: la implementación de Estados de Excepción, pero atándose de manos a las Fuerzas Armadas a la hora de tener éstas que recurrir a sus armas de fuego. De prorrogarse hacia el mes de abril, el escenario podría incluso obstaculizar operativamente la concreción del cuestionado y polémico plebiscito. Esta alternativa podría sonar atractiva para muchos pero, en la perspectiva del gobierno, ella podría certificar que las autoridades habrán caído en su propia trampa. En conclusión, de implementarse un Estado de Excepción en todo el territorio nacional o en gran parte de él, la realización del referendo no sería posible.

Las ya citadas RUF no son otra cosa que una irresponsable decisión del gobierno que, a lo largo del mes de marzo, cooperará con la profundización de la percepción ciudadana de abandono, miedo e inseguridad, fomentando la generación o quizás, y mejor dicho, fomentando la 'degeneración' de medidas que van desde la autodefensa hasta el eventual surgimiento de grupos de choque -en ambos bandos-, con elevadas probabilidades de rematar en un escenario similar al registrado en Chile en la época previa a 1973 -probablemente, incluyéndose la muerte y asesinato de figuras públicas y de ciudadanos inocentes. Será menester recordar que, precisamente, fue el imperio de impunidad garantizado entonces por la Administración Allende lo que cooperó con el agravamiento del proscenio. En aquella instancia de nuestra historia, el accionar de desprendimientos originados en distintos partidos políticos tornóse más cruento. Se trata del mismo error que, mientras Usted lee estas líneas, se obsequia el gobierno del Presidente Sebastián Piñera. En la perspectiva de Salvador Allende, el elemento violento se componía meramente de idealistas; para el actual jefe de Estado chileno, los perpetradores son simples ciudadanos que asisten al gobierno para que éste tome nota de sus demandas. Como en décadas pasadas, nadie irá a prisión.

Idéntica sensación de inseguridad -en mucho superior al coronavirus- ha fogoneado y propiciado esta irresponsable Administración, cuya cara visible será el flamante Subsecretario del Interior, Francisco Galli. Hacia el mes de marzo, esta gestión logrará consolidar un crecimiento en la comisión de actos violentos. Sin embargo -y será necesario advertirlo, desde ahora-, la amplificación de la inseguridad también acarreará otras consecuencias, como ser el normal abastecimiento de insumos para la ciudadanía, amén de afectar seriamente el libre tránsito de personas y vehículos.

En los albores del presente caos social y político, sería difícil no traer a la memoria los conceptos compartidos en junio de 2003 por el ex Comandante en Jefe del Ejército, General Juan Emilio Cheyre: '(...) Me refiero al nunca más de una clase política que ha sido incapaz de controlar la crisis que culminara en septiembre de 1973. Nunca más a los sectores que nos incitaron, y avalaron oficialmente nuestro actuar en la crisis que provocaron. Nunca más excesos, crímenes, violencia y terrorismo. Nunca más un sector ausente y espectador pasivo. En fin; nunca más una sociedad chilena dividida (...)'.

Este grave concierto ha sido edificado por una clase política confesamente inepta, por cuanto ha probado ser incapaz de recomponer al país con su propuesta de paz simulada, que incorpora el desarrollo de un apócrifo y multimillonario proceso constituyente. La sociedad chilena aún está a tiempo de suspenderlo. No obstante, es el Presidente de la República el único con capacidad para hacerlo. De otro modo, será difícil asistir a las vapuleadas Fuerzas Armadas mostrándose de brazos cruzados. La responsabilidad por la escalada de la crisis será, una vez más, de los políticos.

Así, pues, el espectro partidario Patriotas por Chile -en proceso de organización- insiste, para el caso en que se proceda con la concreción del engaño del 26 de abril, votar por el Rechazo, anulando la segunda papeleta. Esta última respalda su vigencia en el fraude del referendo, vinculado con la opción Apruebo. Un voto favorable por ese plebiscito depositará a la República de Chile a las puertas de una Asamblea Soberana o a, cuando menos, un proceso en todo similar al experimentado por lo que hoy se conoce como República Bolivariana de Venezuela. Una papeleta que validare la inconstitucionalidad del plebiscito y que la derecha, dividida entre cobardes y traidores con unos pocos patriotas cuya figura merece rescatarse, nuevamente está dispuesta a votar, según ellos, 'por lo menos malo', es decir la Convención Mixta. Todo ello, aún a la luz de lo que implicaría el resultado. Más de dos años atrás, inclinarse por el 'menos malo' derivó en un sonoro fracaso. Y se insiste en el sendero del error. Hoy, con sus marchas al Rechazo, partiendo desde Las Condes y Vitacura, están transformando el plebiscito en una nueva lucha de clases. Esta es la manera cómo hoy se percibe a Chile en el extranjero: como una nación fracturada, atribulada por un conflicto entre ricos y pobres.

Es lícito estimar que el plebiscito se presenta como una execrable estafa, gestada mucho antes del 15 de noviembre, oportunidad en la que un puñado de dirigentes políticos trasnochados -en compañía de las cúpulas de siempre- pergeñaron la idea del plebiscito del 26 de abril. En rigor, el 28 de octubre del 2019 se ingresó en la Cámara de Diputados el Proyecto de Reforma Constitucional, a efectos de facultar al Presidente y al Congreso Nacional a convocar a un referendo. En suma, el show montado el 15 de noviembre pasado en torno del 'Histórico Acuerdo por la Paz Social y Nueva Constitución' no fue otra cosa que una exhibición diseñada por el Gobierno y el Congreso, para rescatar lo poco del pellejo que le queda a una clase política herida en su credibilidad. Y habrá que responsabilizar al conjunto, porque ninguno de sus referentes fue capaz, en el plazo reglamentario, de impugnar el proyecto presentado por la Administración. De cara a este delicado escenario, la única alternativa potable sería la renuncia del Presidente y de la totalidad de los Diputados y Senadores. 

Ya se va haciendo hora de rechazar ambigüedades, con necesaria contundencia. Aquellos que acompañan a la inepta dirigencia política en su agenda de tropelías, deberán tomar nota de su responsabilidad -y de la condena que oportunamente les quepa. Por otro lado, aquellos ciudadanos de bien que no cedan en su patriotismo saben que, eventualmente, el país los tendrá en alta estima, dispensándoles un profundo agradecimiento. Los héroes de la Guerra del Pacífico, como el General Baquedano y el Capitán de Fragata Arturo Prat, también.

Así como la gesta del 21 de mayo de 1879 despertó el patriotismo de la ciudadanía chilena, es factible anticipar que la afrenta contra ese mismo héroe servirá como factor movilizador, despertando la adormecida chilenidad y el respeto a los valores patrios: nuestros Héroes, nuestra Bandera, nuestro Escudo, nuestro Himno, nuestra Historia, soberanía, territorio, folklore. Nuestros orígenes, nuestra raza, nuestra cultura, y nuestras tradiciones.

La paz se pelea y se gana. No han de compartirse mesas de negociación con personeros de la traición, menos aún con los perdedores. Es una pausa lograda por las Fuerzas Armadas y los Patriotas y que, una vez conquistada, habrá de resguardarse y protegerse. Particularmente frente a un pernicioso ideario globalista que, trabajando sin pausa desde el extranjero, pretende reconfigurar a Chile en una república bolivariana.

La Nación es sólo una. La Bandera, no se vende.