EE.UU.: Nicolás Maduro y funcionarios, acusados por cargos de narcoterrorismo, contrabando de estupefacientes, y otros delitos
Maduro y otros altos funcionarios de carrera en el gobierno de Venezuela tomaron parte junto a las FARC...
26 de Marzo de 2020
Maduro y otros altos funcionarios de carrera en el gobierno de Venezuela tomaron parte junto a las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) de un mecanismo que utilizó cocaína como armamento con el fin de 'inundar' Estados Unidos con cargamentos de esa sustancia.
* * *
* * *
El ex presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros; el vicepresidente para asuntos económicos: el Ministro de Defensa de ese país; y el Jefe de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela; se encuentran entre los acusados por diversos delitos en la Ciudad de Nueva York, Washington D.C., y Miami, junto a otros funcionarios gubernamentales retirados y en ejercicio en el gobierno venezolano, así como también se ha listado a dos líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en la presentación llevada a cabo por el Fiscal General de los Estados Unidos de América, William P. Barr; el Fiscal de los EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York, Geoffrey S. Berman; la Fiscal de los EE.UU. Ariana Fajardo Orshan, del Distrito Sur de Florida; el Asistente del Fiscal General Brian A. Benczkowski -de la División Criminal del Departamento de Justicia-; el Administrador de la Agencia Antinarcóticos (DEA), Uttam Dhillon; y la Directora Ejecutiva Asociada Alysa D. Erichs -del Departamento de Investigaciones para Seguridad Interior en el Servicio de Inmigración de los Estados Unidos (HSI).
'El régimen venezolano, liderado entonces por Nicolás Maduro Moros, continúa saturado de actuaciones criminales y corrupción', sentenció el Fiscal General Barr. 'Durante más de veinte años, Maduro y una cifra de altos funcionarios conspiraron junto a las FARC, logrando que toneladas de cocaína ingresen a territorio estadounidense, devastando comunidades enteras del país. El anuncio del día de la fecha pone el foco en denunciar la extensa red de corrupción en el seno del gobierno de Venezuela -un sistema erigido y controlado con el sólo fin de enriquecer a aquellas personas posicionadas en los más altos niveles del gobierno. Estados Unidos no tolerará que estos corruptos funcionarios venezolanos utilicen el sistema bancario estadounidense para movilizar los ingresos ilícitos obtenidos en América del Sur, como tampoco se permitirá que continúen promocionando sus agendas criminales', remarcó el funcionario.
'En el día de la fecha, hemos anunciado la presentación de cargos criminales contra Nicolás Maduro Moros por regentear, en conjunto con sus principales lugartenientes, una sociedad narcoterrorista en compañía de las FARC, durante los últimos veinte años', sentenció el Fiscal de los EE.UU., Geoffrey S. Berman. 'El alcance y magnitud del contrabando de estupefacientes solo fue posible en razón de que Maduro y otros corrompieron las instituciones venezolanas, proporcionando asistencia política y militar para los rampantes delitos de narcoterrorismo citados en estos cargos. Conforme se ha aludido, Maduro y otros imputados buscaron, expresamente, inundar a los Estados Unidos con cocaína, a criterio de comprometer el bienestar de nuestra nación. Muy deliberadamente, Maduro desplegó cocaína en forma de armamento. Mientras que Maduro y otros miembros de cárteles de la droga fueron designados en altos puestos en el liderato político y militar de Venezuela, la conducta citada en la acusación nada tuvo que ver con políticas de Estado, ni para servir al pueblo venezolano. Conforme se ha dicho, los imputados traicionaron a la ciudadanía venezolana y corrompieron las instituciones de ese país, con la meta de llenar sus bolsillos con dinero de las drogas'.
'A lo largo de la pasada década, funcionarios corruptos en el gobierno de Venezuela saquearon, de manera sistemática, miles de millones de dólares', puntualizó Ariana Fajardo Orshan, Fiscal de los EE.UU. 'De manera recurrente, estos funcionarios corruptos y sus co-conspiradores emplearon bancos del estado americano de la Florida y bienes inmobiliarios, para ocultar y perpetuar su actividad ilícita. Conforme lo explicitan los cargos citados, la corrupción venezolana y el lavado de dinero en la Florida se extienden hasta alcanzar los escalafones más altos del sistema judicial de Venezuela. En los últimos pocos años, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en el Sur de Florida y sus numerosos socios en las agencias de seguridad federales se unieron, a efectos de plantear docenas de cargos criminales contra altos funcionarios venezolanos y sus co-conspiradores, lo cual ha resultado en la confiscación de, aproximadamente, US$ 450 millones'.
'Estas acusaciones exponen el alcance devastador y sistémico del esquema de corrupción, en los más altos niveles del régimen de Nicolás Maduro', afirmó Uttam Dhillon, Administrador de DEA. 'Estos funcionarios, de manera reiterada y en pleno conocimiento de lo que hacían, traicionaron al pueblo de Venezuela, conspirando, para beneficio personal, con contrabandistas de estupefacientes y organizaciones terroristas previamente designadas, como FARC. Las acciones del día de la fecha envían un mensaje contundente a todo funcionario corrupto, donde sea que éste se encuentre, al respecto de que nadie se encuentra por encima de la ley, como tampoco fuera del alcance de las agencias de seguridad estadounidenses. El Departamento de Justicia y DEA continuarán resguardando a la ciudadanía estadounidense frente al accionar despiadado de los narcotraficantes -sin importar quiénes sean, ni dónde residan', puntualizó Dhillon.
'La naturaleza colaborativa de esta investigación es fielmente representativa del recurrente esfuerzo ejecutado por HSI y agencias internacionales dedicadas a la seguridad con rigor diario, en general, trabajando tras bambalinas y sin que el público tome conocimiento de ello, con el fin de lograr que nuestras comunidades estén más seguras frente a la amenaza de la corrupción pública', consignó Alysa D. Erichs, de HSI. 'Este anuncio subraya el alcance global y el compromiso de HSI, a criterio de identificar e investigar agresivamente a individuos que quebranten las leyes de los Estados Unidos, que exploten los sistemas financieros para propio provecho, y que oculten criptomonedas para promocionar sus actividades ilícitas. Que esta acusación consigne un poderoso mensaje, al respecto de que nadie está por encima de la ley -ni siquiera políticos poderosos', remató Erichs.
La acusación dada a conocer hoy martes 26 de marzo en el Distrito Sur de Nueva York (SDNY) acusa a Nicolás Maduro Moros (de 57 años de edad); a Diosdado Cabello Rondón (56), líder de la Asamblea Constitucional de Venezuela; a Hugo Armando Carvajal Barrios -alias 'El Pollo' (56), ex director de inteligencia militar; a Clíver Antonio Alcalá Cordones (58), ex General en las fuerzas armadas de Venezuela; a Luciano Marín Arango -alias 'Iván Márquez' (64), miembro del Secretariado de FARC, el órgano más alto en la conducción de esa organización terrorista; y a Seuxis Paucis Hernández Solarte -alias 'Jesús Santrich' (53), miembro del Alto Comando Central FARC, segundo cuerpo en importancia en la organización. Entenderá en el caso el Juez de Distrito de los Estados Unidos, Alvin K. Hellerstein.
* * *
El Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, a través de su Programa de Recompensas frente al Narcotráfico, ofrece recompensas de hasta US$ 15 millones por información fehaciente que confuca al arresto de Maduro Moros; hasta US$ 10 millones por información igualmente fehaciente que conduzca al arresto de Cabello Rondón, de Carvajal Barrios y Alcalá Cordones; y hasta US$ 5 millones por información que lleve al arresto de Marín Arango.
* * *
El Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, a través de su Programa de Recompensas frente al Narcotráfico, ofrece recompensas de hasta US$ 15 millones por información fehaciente que confuca al arresto de Maduro Moros; hasta US$ 10 millones por información igualmente fehaciente que conduzca al arresto de Cabello Rondón, de Carvajal Barrios y Alcalá Cordones; y hasta US$ 5 millones por información que lleve al arresto de Marín Arango.
Maduro Moros, Cabello Rondón, Carvajal Barrios, Alcalá Cordones, Marín Arango, y Hernández Solarte han sido acusados por: (1) tomar parte de una conspiración narcoterrorista, la cual impone una pena mínima de veinte años y una pena máxima de cadena perpetua; (2) conspirar para importar cocaína en los Estados Unidos, accionar que impone una condena mínima de diez años, y una máxima de cadena perpetua; (3) el utilizar y transportar armamento automático y dispositivos destructivos y, en relación a, la posesión de tales dispositivos, en concordancia con agendas de narcoterrorismo e importación de sustancias, lo cual consigna una pena máxima de cadena perpetua. En este caso en particular, las sentencias mínimas y máximas han sido prescritas por el Congreso de los Estados Unidos, y su información es presentada aquí con motivos informativos, conforme la aplicación de las mismas quedará bajo la discrecionalidad del magistrado competente.
De acuerdo a los alegatos contenidos en la acusación, otros expedientes judiciales, y declaratorias formuladas en los procedimientos del juzgado:
Desde al menos el año 1999, Maduro Moros, Cabello Rondón, Carvajal Barrios y Alcalá Cordones, actuaron como líderes y administradores del Cártel de los Soles. El nombre del cártel remite a los 'soles' o insignias utilizados en los uniformes de funcionarios militares de alto rango. Maduro Moros y otros miembros del referido cártel abusaron del pueblo de Venezuela, corrompiendo en el proceso las instituciones del país -incluyendo a sectores de las fuerzas armadas, del aparato de inteligencia, el poder legislativo y judicial- a criterio de facilitar la importación en los Estados Unidos de toneladas de cocaína. El Cártel de los Soles no solo persiguió el fin de enriquecer a sus miembros y de potenciar su poder e influencia, sino que también se propuso 'inundar' a los EE.UU. de cocaína, e inflingir los perniciosos efectos de esa sustancia en consumidores estadounidenses.
Marín Arango y Hernández Solarte son líderes de FARC. Aproximadamente, a comienzos de 1999, mientras que FARC negociaba mecanismos de paz frente al gobierno de Colombia, líderes de la organización narcoterrorista acordaron, junto a líderes del Cártel de Los Soles, relocalizar algunas operaciones de FARC hacia Venezuela, bajo la protección y resguardo del Cártel. Acto seguido, FARC y el Cártel de los Soles despacharon cocaína procesada a territorio estadounidense, por vía de puntos de triangulación geográfica en el Caribe y América Central, como es el caso de Honduras. Aproximadamente, hacia 2004, el Departamento de Estado americano estimó que 250 toneladas de cocaína -o más- transitaban por territorio venezolano cada año. Los embarques marítimos fueron remitidos con rumbo norte a través del litoral marítimo venezolano, empleándose navíos de velocidad, barcos pesqueros y barcos dedicados al transporte de contenedores. Los embarques aéreos fueron despachados desde pistas clandestinas, típicamente hechas de tierra o pasto, concentradas en el estado de Apure. De acuerdo al Departamento de Estado, un aproximado de 75 vuelos no autorizados -sospechados de emplearse en el contrabando de estupefacientes- ingresaron en el espacio aéreo hondureño solo en 2010, utilizándose lo que se conoce como 'puente aéreo' para la ruta de la cocaína entre Venezuela y Honduras.
En su rol de líder del Cártel de los Soles, Maduro Moros negoció el envío múltiple de toneladas de cocaína producida por FARC; remitió armamento de grado militar desde el Cártel de los Soles hacia FARC; coordinó asuntos externos con Honduras y con otras naciones, a efectos de facilitar el contrabando a gran escala de sustancias; y solicitó asistencia al liderato de FARC a efectos de entrenar un núcleo de mercenarios informal que funcionó, en esencia, como una unidad armada para el Cártel de los Soles.
La investigación de rigor fue conducida por la Unidad de Investigaciones Bilaterales en la División de Operaciones Especiales DEA; por la Fuerza Especial Nueva York; y por la División de Campo de Miami. El caso de referencia es administrado por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en el Distrito Sur de Nueva York, desde su Unidad contra Terrorismo y Contrabando Internacional de Estupefacientes. A cargo de la acusación, se ha designado a los Fiscales de los EE.UU. Amanda L. Houle, Matthew J. Laroche, Jason A. Richman, y Kyle A. Wirshba.
Información complementaria sobre el resto de los individuos imputados en la acusación del Departamento de Justicia estadounidense (Vladimir Padrino López, Maikel José Moreno Pérez, Tareck Zaidan El Aissami, Luis Motta Domínguez, Néstor Reverol Torres, Vassyly Kotosky Villarroel Ramirez, Rafael Antonio Villasana Fernández, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, Oscar Rafael Colmenares Villalobos) puede encontrarse aquí.
Información complementaria sobre el resto de los individuos imputados en la acusación del Departamento de Justicia estadounidense (Vladimir Padrino López, Maikel José Moreno Pérez, Tareck Zaidan El Aissami, Luis Motta Domínguez, Néstor Reverol Torres, Vassyly Kotosky Villarroel Ramirez, Rafael Antonio Villasana Fernández, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, Oscar Rafael Colmenares Villalobos) puede encontrarse aquí.