La designación de Antifa como grupo terrorista, medida correcta para restaurar el orden

Tal como lo expresaran hace poco la presidente del think tank estadounidense The Heritage Foundation y analistas de la misma casa, el homicidio de George Floyd ha sido tan injustificable como trágico.

En los días posteriores a la muerte de Floyd, ciudadanos marcharon a las calles en la ciudad de Minneapolis y otras, a efectos de manifestar su frustración y furia. Infortunadamente, muchos de esos ciudadanos se volcaron a la violencia en varios centros urbanos, cruzando la frontera entre lo legal y lo ilegal.

Ahora mismo, Estados Unidos asiste -por lo general, en televisión en vivo- a la comisión de actos de vilencia contra personas inocentes, al incendio de vehículos, al saqueo de comercios, al incendio de edificios, y más. Las turbamultas que saquean comercios, hogares y edificios en vecindarios donde residen minorías, están hiriendo a las mismas personas que ya se encontraban al fondo del espectro económico y social.

Se trata, en rigor, de delitos punibles bajo leyes estatales, en tanto muchas de esas acciones también podrían catalogarse de delitos federales, como ya explicaremos.

El domingo, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que la Administración que lidera designaría a Antifa, movimiento militante de extrema izquierda, como 'organización terrorista de orden doméstico'. Pero la violencia no se ha limitado, conforme hemos visto, al accionar de Antifa, conforme muchos personajes violentos cubren sus rostros, o bien se ocultan bajo el anonimato que ha popularizado Antifa a través de sus despreciables tácticas. Esta designación podrá ayudar, pero no es suficiente.

William Barr, Fiscal General del país, dio a conocer un comunicado el pasado domingo, en relación a 'desórdenes y terrorismo doméstico'. En su exposición, señaló Barr, 'La violencia instigada por Antifa y por grupos similares, en conexión con los desórdenes, es terrorismo doméstico, y debe ser tratado de manera acorde'.

Pero, ¿qué significa la designación de Antifa como organización 'terrorista doméstica'? ¿Qué tiene para ganar la aplicación de la ley a nivel federal, a partir de esta declaración?

En primer lugar, es importante subrayar que el terrorismo es una táctica. Algunos estatutos de orden estatal y federal incluyen el concepto terrorismo, cuando en realidad lo que hacen es criminalizar todo acto de violencia -como es el caso del empleo de explosivos.

Una designación terrorista no modifica los cargos que un fiscal federal puede presentar. Estos continuarán siendo los mismos. Sin embargo, ciertamente la designación ayudará a priorizar la atención de recursos federales en Antifa, y a alentar una coordinación superior entre las autoridades dedicadas a la aplicación de las leyes.

Este es un buen comienzo, aunque hay más que puede hacerse -en los andariveles estatal y local.

Con frecuencia, los políticos han buscado designar a distintos grupos como organizaciones terroristas de orden doméstico, pero esos intentos de designación formal no se han llevado a la práctica. En contrapartida, grupos tales como el Frente de Liberación por la Tierra (Earth Liberation Front) han sido etiquetados como 'amenazas' terroristas en el plano doméstico, o bien han perpetrado 'actos' terroristas.

Infortunadamente, los conceptos 'terrorismo' y 'terrorista' han sido empleados para, subterráneamente, describir a una extendida serie de actos violentos, desde el abuso doméstico a los atentados con explosivos.

En virtud del sentido amplio otorgado al concepto 'terrorista', el mundo ha perdido sentido sobre el mismo, lo cual ha resultado en desacuerdos políticos y públicos en torno a qué organizaciones, si las hubiere, deberían ser calificadas como terroristas -y por qué motivos.

El término aplica, muy apropiadamente, a Antifa.

El Congreso de los Estados Unidos ha definido al terrorismo de orden doméstico en uno de sus estatutos. El Título 18, en su Sección 2331(5) del Código Criminal-Penal de los Estados Unidos, define al 'terrorismo doméstico' como:

            … toda actividad que:

(a) Involucre actos peligrosos en perjuicio de la vida humana, que sean una violación de la legislación criminal de los Estados Unidos, o de cualesquiera de sus estados;

            (b) Exhibirse o tener la intención de: intimidar o ejercitar coerción contra una población civil; influenciar la política pública de un gobierno, bajo intimidación o coerción: o bien afectar la conducta de un gobierno, por vía de actos de destrucción masiva, asesinato, o secuestro; y

             (c) Que tales actos tengan lugar, fundamentalmente, en jurisdicción territorial de los Estados Unidos.

No existe estatuto federal, sin embargo, que determine sentencias penales contra el terrorismo doméstico. 

Entonces, ¿qué corresponde hacer para reprimir los actuales desórdenes, y para tomar por responsable a las personas que han perpetrado tales delitos?

En primer lugar, los estados y localidades tienen la responsabilidad primaria de investigar, arrestar y acusar a las personas que quebranten las leyes estatales.

Muchos de estos delitos han sido perpetrados a la vista de los medios de comunicación. Muchos de esos actos no fueron ejecutados por personas desconocidas. Los perpetradores han hecho alarde de su destrucción, frente a las cámaras de tevé. En todo lo que les sea posible, fiscales locales y fuerzas de policía pueden -y deben- investigar la comisión de aquéllos delitos, arrestar a los perpetradores, y acusarlos en el plano judicial.

El gobierno federal puede, y probablemente ya lo esté haciendo, desempeñar un rol central, dada la escala y magnitud de los desórdenes y la violencia -particularmente cuando se considera que, en apariencia, la comisión de estos delitos es coordinada y ha sido financiada.

Barr ha ordenado a la red de 56 Fuerzas Especiales Antiterroristas Conjuntas que identifiquen a instigadores y a criminales organizados, y para que coordine la asignación de recursos federales junto a sus colegas estatales y locales. En sí mismo, esta orden es un detalle de importancia.

Asimismo, Barr expresó que los agitadores extremistas serán aprehendidos, y acusados por haber violado leyes federales.

Sin lugar a dudas, el FBI también será de la partida, recurriendo a los mismos instrumentos investigativos que utilizara en su oportunidad para resolver el atentado con explosivos de abril de 1995, contra el Edificio Federal Alfred P. Murrah en la Ciudad de Oklahoma. Aquel también fue un esfuerzo intensivo de notable coordinación, y por aquel entonces llevó a que el perpetrador fuera conducido ante la justicia. 

En particular, una ley por cuya violación numerosos agitadores y perpetradores de desórdenes serán acusados, hace al Título 18, Sección 2101 del Código Penal de los EE.UU., el cual criminaliza a los individuos que se trasladaren entre estados, o bien utilicen el comercio interestatal, incluyendo el correo, el teléfono, la radio o la televisión, con intenciones de: incitar a desórdenes, promocionar, alentar, tomar parte, o ejecutar directamente acciones violentas; cometan cualquier acto de violencia en relación con desorden público; asistan o inciten a terceros para que tomen parte del desorden, o bien que cometan cualquier acto de violencia en relación a ese desorden público.

Este delito es punible con multas, hasta cinco años de prisión de cumplimiento obligatorio, o ambos. Sin lugar a dudas, existen otros delitos federales en los que esas personas han incurrido, dependiendo de las situaciones particulares y las circunstancias involucradas.

Lo que le sucedió a George Floyd fue horrendo, y fue un acto criminal. Expresarse contra el mismo está plenamente justiciado, siempre y cuando esa exteriorización sea pacífica. Pero, cuando la protesta se torna violenta, pervierte cualquier llamado que se haga en pos de la paz, y pone en peligro a todos.

Artículo original, en inglés