El prospecto de libertad en Venezuela es más amplio, bajo la Administración Trump

De acuerdo a informes publicados en los medios en los últimos días, el presidente estadounidense Donald Trump expresó que consideraría reunirse con el líder ilegítimo de Venezuela, Nicolás Maduro. Específicamente, el mandatario americano declaró: 'Siempre digo que Usted pierde muy poco cuando se reúne. Pero, en este momento, he rechazado el pedido del régimen de Maduro para provocar un encuentro'.

En la misma entrevista, Trump también exteriorizó sus preocupaciones en torno del proceso de transición en Venezuela, liderado por el presidente interino Juan Guaidó.

Algunos han interpretado que esos conceptos consignan que Trump estaría considerando una salida alternativa en lo que respecta a la política exterior hacia Venezuela.

Si las críticas contra el presidente estadounidense fueran correctas, pues entonces aquéllas deberían reconocer que, con frecuencia, el gobierno de los Estados Unidos ha confesado su predisposición para tratar los detalles de la partida de Maduro del poder en Venezuela, bajo condiciones no-negociables.

En rigor, Trump está haciendo su trabajo, frecuentemente ponderando opciones con miras a resolver crisis complejas. Acertadamente, el mandatario ha concluído que, en este caso en particular, conversar con Nicolás Maduro no traería resultados positivos.

No hay dudas de que la Administración Trump heredó un desastre disfuncional en materia de política exterior hacia Venezuela. Los socios regionales han cuestionado el compromiso de los Estados Unidos con la democracia, mientras que adversarios en el extranjero actuaron como si el Hemisferio estuviese disponible para ser tomado por cualquiera. ¿Cómo podría no ser cierto esto, cuando la Administración Obama se rehusó a responder frente a la acumulación de poder que la dictadura venezolana se ha arrogado durante años?

Aún en 2014, cuando los matones del régimen masacraron a casi cincuenta manifestantes anti-Miraflores y arrestaron a otros 3.500 ciudadanos, el presidente Barack Obama se negó a sancionar a funcionarios de Venezuela, responsables por los actos de violencia.

En sus propias palabras, la Administración Obama se propuso 'propiciar el final de la violencia, y que un diálogo genuino haga frente a las legítimas preocupaciones del pueblo venezolano'.

El anterior gobierno estadounidense se rehusó a comprender que ningún diálogo puede tener lugar a punta de pistola.

Ese mismo criterio fallido de negociación fue implementado en las conversaciones con Cuba. Durante casi dos años, los funcionarios de Obama negociaron en secreto con elementos del régimen castrista. Mientras que los Castro se beneficiaron con el retorno de tres espías condenados en los Estados Unidos, la eliminación de Cuba como patrocinador de terrorismo del listado preparado por el Departamento de Estado, y con el lobby de la Casa Blanca en pos de incrementar oportunidades comerciales, EE.UU. se quedó con las manos vacías, y sólo le fue devuelto un rehén que La Habana mantenía en prisión.

¿Cómo es posible resguardar los intereses estadounidenses, cuando la cesión es unilateral?

Tras lo cual, es menester atender a la política de Trump frente a Venezuela, y cosniderar qué temas deberían ser parte de la agenda, para el caso en que Washington y el régimen venezolano alguna vez se sentaren a negociar. Durante los últimos tres años, el gobierno estadounidense ha sancionado a casi 150 funcionarios del régimen de Miraflores en base a delitos vinculados a la corrupción, violaciones de derechos humanos, y contrabando de estupefacientes. Esto significa que las propiedades y el dinero que aquéllos tutelaban en territorio estadounidense fueron confiscados, y los funcionarios, impedidos de trasladarse hacia los Estados Unidos.

Un funcionario en particular -quien fuera designado como narcotraficante, asociado al cártel mexicano de Sinaloa- tenía, al día de la fecha, US$ 500 millones desparramados en activos ilícitos, que le fueron confiscados en los Estados Unidos. Lo cual prueba el modo en que el accionar criminal de Nicolás Maduro no se ve limitado al territorio venezolano.

Más recientemente, el gobierno de los Estados Unidos acusó a Nicolás Maduro Moros y a su circuito íntimo por cargos de narcoterrorismo; ahora mismo, el Departamento de Justicia ofrece US$ 15 millones por información que conduzca a su arresto -la recompensa más elevada para un actor no dedicado exclusivamente al terrorismo, en la historia.

Más allá de las sanciones específicas, Estados Unidos ha ampliado su circuito de sanciones, alcanzando a los facilitadores internacionales de Maduro en Rosneft, la petrolera estatal rusa; las redes de seguridad e inteligencia con base en Cuba; y sobre otros funcionarios internacionales involucrados en actos de corrupción.

A efectos de optimizar este sistema de sanciones, Estados Unidos también ha ayudado a naciones de la América Latina, con la meta de que éstas perfeccionen sus capacidades antiterroristas y, así, neutralizar redes financieras ilícitas.

Adicionalmente, la asistencia humanitaria estadounidense ha asistido a ciudadanos venezolanos desplazados en toda América Latina, lo cual ha sido un aspecto central de la política de Washington hacia los socios de EE.UU. en la región, los cuales se han visto sobrepasados por la crisis de refugiados procedente de Venezuela.

Lo actuado durante estos tres años deberá servir como certificación de que la política americana hacia Venezuela continuará teniendo por principal objetivo, el impedir que una nueva Cuba se consolide en el Hemisferio Occidental.

Con todo, pareciera ser que los críticos del presidente estadounidense estuvieran más interesados en hacer política, antes que en analizar seriamente la política de Estado. De no ser éste el caso, deberían reconocer que la Administración Trump ha mejorado los prospectos para la libertad en Venezuela, de un modo decisivo y significativo.

Artículo original, en inglés