Argentina y el Régimen Fernández: Estado totalitario, psicoterrorismo mediático y destrucción económica

Serás lo que debas ser, o serás nada.


General Don José de San Martín

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El próximo lunes 17 de agosto, la gestión del Presidente Alberto Angel Fernández volverá a ser censurada; esta vez por una tercera movilización ciudadana de carácter masivo y nacional en una fecha patria -proscenio ciertamente inédito para un mandatario de la democracia.

Las razones que han dado lugar a tamaño nivel de rechazo son numerosas, como también inabarcables, en virtud de su extensión. Fundamentalmente, y en la siempre pendulante perspectiva del vulgo, el jefe de Estado ha abusado de un confinamiento eterno -a raíz del enamoramiento que éste le genera, cuando a los hechos corresponde atenerse. Infortunadamente para él, ese idilio le representará onerosos costos futuros: en el terreno, Fernández (¿o su Vicepresidente?) se ha arrogado la suma del poder público en formato de pantomima; de la mano de la redacción de sendos Decretos de Necesidad y Urgencia (DNUs) de naturaleza ilegal y anticonstitucional. En tal sentido, el problema político-legal que surge de la cuarentena es polimórfico, por cuanto el Poder Legislativo y el Judicial (particularmente la Corte Suprema de Justicia de Lorenzetti, Highton de Nolasco, Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz) han fungido como lubricantes para un intolerable e irracional avasallamiento desde el Ejecutivo. Así las cosas, legisladores y altos magistrados -con la taciturna complacencia de centenares de fiscales federales- han mutado automáticamente en responsables de la aniquilación preventiva del Estado de derecho y de la más elemental jurisprudencia; fuere ya por exceso, acción u omisión. Si hubiere de esbozarse cualquier principio de solución técnico-legal, el Presidente Fernández deberá ser denunciado penalmente; más tarde, o más temprano. En este punto, el análisis convoca a la insoslayable incumbencia de Marcela Losardo y Vilma Ibarra, siendo esta última la Secretaria Legal y Técnica del primer mandatario. Inevitable corolario: per se, la amistad no necesariamente implica eficiencia. En ocasiones, algunos amigos son percibidos como los peores enemigos.

Amén del explícito y brutal vejamen de la Constitución Nacional de la (¿ex?) República Argentina, una deconstrucción del rompecabezas conducirá, invariablemente, a colegir que los argumentos sanitarios para la implementación de la cuarentena eterna son declaradamente inexistentes. Especialmente cuando Nicolás Kreplak -uno de tantos sanitaristas militantes que ofician de fieles escuderos de la Casa Rosada- confiesa sin tapujos ante los medios de comunicación tradicionales que las estadísticas compartidas lejos están de aportar confiabilidad. En consecuencia, al suplementarse esa confesión con las similares proporcionadas por Daniel Gollán, Ginés González García, Pedro Cahn, Tomás Orduna, Carla Vizzotti y otros tantos lenguaraces y cuestionables expertos, emerge que la prerrogativa cuarentenizadora sólo tenía un objetivo en carpeta, a saber, la edificación retórico-ideológica de un monumental consorcio autoritario. Ejes centrales de la estratagema son la más ignominiosa falsificación estadística y la recurrente diseminación de pánico; exteriorización que no pocos letrados podrían eventualmente interpretar como delito de intimidación pública. Las secuelas del concierto potenciarán la obscuridad de la agenda, cuando de la misma toman parte pretendidos periodistas de grandes medios que, ceremoniosamente y entre carcajadas, ejercitan un desaprensivo copy&paste de la bajada de línea regurgitada por la cofradía de risueños galenos radicalizados que pernocta en Balcarce 50 o en la quinta presidencial de Olivos. Con el correr de los meses, algunos de estos actores de reparto acaso comprueben que la ruta del dinero jamás miente; sin importar que el metálico provenga de pauta oficial o de nebulosas organizaciones no-gubernamentales. En todo concepto, este andamiaje mediático multipropósito -que no necesariamente queda reducido al espectro de comunicadores oficialistas- recurre a la acción psicológica (psicoterrorismo), al señalamiento selectivo contra personas físicas y comercios, y a dosis cuidadosamente reguladas de mobbing (término originalmente aplicado al ámbito laboral, pero reconvertido ahora para demoler todo ensayo de disenso).

Operativamente, el Presidente Alberto Fernández -junto a sus colaboradores y en acción mancomunada con un nutrido segmento de bien identificados colaboracionistas- es perfectamente consciente de que su régimen poco o nada tiene para exhibir, en lo que a buenas noticias respecta. Motivo que lo ha llevado a aferrarse a su prerrogativa de confinamiento, toda vez que la indulgencia ciudadana siga tolerándolo.

Sin embargo, ese rechazo social merece mensurarse hoy a partir de un criterio de aceleración, habida cuenta de que opera en forma directamente proporcional al proceso de destrucción económica sin precedentes que emana de la interminable cuarentena oficial. En simultáneo, y en rigor, es Fernández quien corre contra reloj; no así los millones de ciudadanos perjudicados por la crisis autogenerada. Con las reservas genuinas del Banco Central de la República (BCRA) agotándose velozmente y el crédito externo congelado, el jerarca aparente de Cristina Kirchner es víctima de su propia encerrona: imponiendo novedosos y poco creativos cercos a las libertades civiles y cambiarias; arremetiendo contra todo vestigio de actividad y, en consecuencia, menguando peligrosamente los recursos del Estado Nacional y de gobiernos provinciales. A la postre, la cinemática retornada por el confinamiento ilegal del atribulado jefe de Estado ha contribuído a desmoronar eficazmente todo sistema recaudatorio, licuando el margen de acción de la clase política, en todo el país. Alberto Angel Fernández, visiblemente encolerizado contra todo y contra todos, parece trabajar con esmero para que gobernadores e intendentes lo escolten a lo largo del escarpado sendero que guía a las puertas de hierro forjado de un gigantesco cementerio. En cualquier caso, aún resta ver si efectivamente cruzarán la línea del camposanto junto a él -o si, acongojados por un creciente hartazgo ciudadano con plausible potencial para aterrizar en sus domicilios particulares, se inclinen por abandonarlo a su suerte.

En el ínterin, Fernández ni siquiera parece poder escaparle a los vaivenes del azar y la fatalidad. Cuando todavía disfrutaba de las mieles de las encuestas, sobrevino el homicidio bajo tortura de Fabián Gutiérrez (infaltable testaferro vinculado a los albores de la creación nominal del Frente de Todos). Acto seguido, y a horas de alcanzar un acuerdo con acreedores extranjeros, se produjo la voladura de dos toneladas de nitrato de amonio, almacenadas en un hangar en el puerto de Beirut, Líbano. En la misma jornada en que el Presidente comunicaba con algarabía el convenio con la farmacéutica AstraZeneca con miras a producir una 'vacuna' contra el COVID-19, los titulares de los medios informaban sobre el deceso del ex CEO de Vicentín, Sergio Nardelli. Esta macabra colección de infortunios -que ha llevado a comentaristas socarrones a rebautizar a Fernández como 'Presidente Yeta'- viene a robustecer una hipótesis: las buenas noticias no solo resultan esquivas para el presidente de los argentinos; aquéllas también observan una fastidiosa tendencia a pasar rápidamente al olvido. Por fortuna o por desgracia, en el cosmos de la prensa, los titulares auspiciosos son siempre efímeros. Por el contrario, los encabezados aciagos permanecen.
 

En el epílogo, hoy condenados a la ruina, los ciudadanos de bien y de trabajo en la languideciente República Argentina siguen siendo los primeros damnificados frente a la fallida democracia contemporánea, imposibilitados de enorgullecerse de presidente alguno.

Más perturbador aún: a la luz de la salvaje y reiterada violación de su Constitución y sus libertades individuales, tampoco cuentan hoy con una oposición política, medios de comunicación potables, o Corte Suprema de Justicia que los auxilie o ampare.