MSF urge a los gobiernos a apoyar la suspensión de los monopolios durante la pandemia de COVID-19

La propuesta, originalmente presentada por India y Sudáfrica, acaba de ser discutida en la Organización Mundial de Comercio. Cuenta actualmente con el respaldo de 99 países, y ayudaría a evitar que se repitiera la tragedia de la epidemia del VIH/sida cuando millones de pacientes de países en desarrollo murieron a causa del precio desorbitado de los fármacos.

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Ginebra, 19 de noviembre de 2020 – Médicos Sin Fronteras (MSF) insta a todos los gobiernos a que apoyen la histórica solicitud presentada por India y Sudáfrica en octubre para renunciar a ciertos derechos de propiedad intelectual mientras dure la pandemia de COVID-19 y que será discutida mañana en la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La exención de propiedad intelectual permitiría a todos los países no otorgar ni hacer cumplir las patentes y otras medidas de propiedad intelectual en medicamentos, vacunas, pruebas de diagnóstico y otras tecnologías de COVID-19 mientras dura la pandemia, hasta que se logre la inmunidad de grupo mundial. Esta medida se remonta a la epidemia del VIH/sida, hace 20 años, cuando los medicamentos genéricos asequibles contra el VIH, fabricados en países donde las patentes no bloquearon su producción, fueron decisivos para comenzar a salvar la vida de millones de personas.

“Dado que las corporaciones farmacéuticas siguen con su enfoque habitual a pesar de la pandemia, los países deben utilizar todas las herramientas disponibles para asegurar que los productos médicos para hacer frente al COVID-19 sean accesibles y asequibles para todos aquellos que los necesiten”, afirma el Dr. Sidney Wong, codirector ejecutivo de la Campaña de Acceso de MSF.

“Todas las herramientas y tecnologías de salud de COVID-19 deben ser auténticos bienes públicos globales, libres de las barreras que imponen las patentes y otras medidas de propiedad intelectual. Por eso hacemos un llamamiento a todos los gobiernos para que den urgentemente su apoyo a esta propuesta revolucionaria que antepone las vidas humanas a los beneficios corporativos en este momento crítico para la salud global”, completó el galeno.

 

Desde el comienzo de la pandemia, las compañías farmacéuticas han mantenido su práctica habitual de ejercitar un control rígido sobre los derechos de propiedad intelectual, y han buscado acuerdos comerciales secretos y monopolísticos que excluyen a muchos países en desarrollo. Por ejemplo, Gilead firmó licencias bilaterales restrictivas para uno de los únicos medicamentos que han mostrado beneficios potenciales para tratar el COVID-19, el remdesivir, excluyendo a casi la mitad de la población mundial de beneficiarse de la competencia de genéricos que provocan una reducción de los precios.

 

Además, varios fármacos nuevos y reutilizados y anticuerpos monoclonales que se están probando como tratamientos prometedores para el COVID-19 ya están patentados en muchos países en desarrollo como Brasil, Sudáfrica, India, Indonesia, China y Malasia. Y, con la excepción de una empresa, ninguno de los desarrolladores de la vacuna para el COVID-19 se ha comprometido a tratar la propiedad intelectual de manera diferente al statu quo. Si bien algunas corporaciones han tomado medidas a través de acuerdos de licencia y transferencia de tecnología para utilizar la capacidad de fabricación global existente y así tratar de mitigar la escasez de suministro que se anticipa de las vacunas potencialmente exitosas, esta ha sido la excepción y los acuerdos de licencia a menudo incluyen claras limitaciones.

 

Históricamente, se han tomado medidas para superar los monopolios que han permitido a las empresas farmacéuticas mantener precios artificialmente altos. En 2001, en el apogeo de la epidemia de VIH/sida, la “Declaración de Doha relativa al acuerdo sobre los ADPIC (Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio) y la salud pública” reconoció el derecho de los gobiernos a tomar todas las medidas necesarias para eliminar las patentes y otras barreras de propiedad intelectual para priorizar la salud pública frente a los intereses comerciales. La solicitud de exención actual dirigida a la OMC es un paso similar para acelerar la respuesta al COVID-19.

 

“Si los gobiernos secundan este audaz paso, el mundo tendrá la oportunidad de evitar que se repita la tragedia de la epidemia de VIH/sida vivida hace 20 años, cuando los monopolios de tratamientos vitales provocaron que las personas de países de altos ingresos tuvieran acceso a medicamentos contra el VIH, mientras se dejaba morir a millones de pacientes en países en desarrollo”, explica la Dra. Khosi Mavuso, representante médico de MSF en Sudáfrica. “La superación de los monopolios de las herramientas médicas contra el COVID-19 fomentará la colaboración global para ampliar la fabricación, el suministro y el acceso para todos. Con más de 1,3 millones de vidas ya perdidas por el COVID-19, los gobiernos no pueden permitirse perder más tiempo esperando los movimientos voluntarios de la industria farmacéutica”, consignó.

 

En la última reunión del Consejo de los ADPIC  de la OMC, el 15 y 16 de octubre, Kenia y Eswatini se unieron a India y Sudáfrica para copatrocinar oficialmente la exención. Un total de 99 países le han dado ya la bienvenida y han mostrado su apoyo en general. Sin embargo, la propuesta de exención no cuenta con el apoyo de varias naciones ricas como Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Canadá, Brasil, Australia, Noruega, Suiza y la Unión Europea.

 

“Los gobiernos deben preguntarse de qué lado de la historia querrán estar, al momento de escribirse la historia sobre esta pandemia”, sentencia Wong.