Bomba: la Constitución de los EE.UU. va a la Corte

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En apenas un fallo, una bomba.

Emitida hacia la noche del pasado viernes 27 de noviembre por Patricia McCullough, jueza de la Mancomunidad (Commonwealth) de Pennsylvania, su atrevida -y correcta- resolución hará del 27 de noviembre de 2020 la fecha en la que la extremadamente cuestionable elección del 2020 habrá volado en pedazos.

Para empeorar las cosas para los Demócratas, el mismo día, justo a pocos metros de la calle donde se ubica el despacho de la jueza McCullough, se desató una guerra civil en el piso de la Cámara de Representantes de Pennsylvania. Furiosos Republicanos anunciaron que procederían, post facto, aprobando una resolución que: 

'Declara que la selección de electores presidenciales y de otros resultados que entienden sobre la los comicios en este estado, quedarán en disputa'. Y 'urgen al secretario de la mancomunidad y al gobernador a que retiren, o bien declaren vacante, la certificación de los electores presidenciales, o bien demoren la certificación de los resultados en otros concursos electorales ganados en la elección general de 2020'.

Al considerar de antemano el accionar del Colegio Electoral:

'urge al Congreso de los Estados Unidos a que declare en disputa la elección de electores presidenciales en la Mancomunidad'.

Así de elegante se torna la guerra civil.

Cuando tanto la decisión de McCullough y el despertar de Pennsylvania sean considerados al detalle, el estado de referencia -conocido como Keystone State- se convertirá, nuevamente, en el epicentro de una guerra en pos de la democracia estadounidense.

A lo largo de las pasadas tres semanas, los informes emitidos en capítulos desde este espacio han documentado el carácter intrincado de: el Colegio Electoral de los Estados Unidos, la complicidad de los medios -en su censura de orden partidista-, los argumentos iniciales del fraude con votos emitidos por correo, y los aspectos intrínsecos que hacen a las máquinas y el software utilizados para la votación. Todas ellas, variables en este drama de apuestas a doble o nada que se desenvuelve ante los ojos de la ciudadanía estadounidense en su conjunto.

Si es que se atiende a los detalles.

La furia se incrementa; poco a poco, mutando en cuestiones desatendidas por ambos partidos -aunque deberían ser dignas de atención-. Con la excepción de los medios de comunicación, que han decidido enterrar estas noticias.

A medida que el autor comenzó a examinar los mandatos ilegales, cuando no inconstitucionales, impuestos a los votantes por numerosas legislaturas estatales, por sus gobernadores y sus secretarios de Estado, la historia del pasado miércoles logró filtrarse, como la luz que encendería la mecha de la bomba del viernes pasado.

En la política de alto nivel, son pocos los jaquemates; sin embargo, la ironía política sobreviene hoy en la forma de dos decisiones previas de la corte, y en la de la jueza McCullough. Ahora, se aprestan a afectar a los amos del universo de la Convención Nacional Demócrata... por segunda vez en trece días.

Este es el núcleo de la historia.

 

Ya a tres semanas de comenzado noviembre
  

Como fuera sugerido previamente, en el sentido de que los argumentos salaces desplegados a lo largo de los estados clave son legales, por el momento, no había más que evidencia circunstancial. En efecto, aquéllos argumentos son importantes y, en conjunto, podrían tener un peso mucho mayor, eventualmente, en los tribunales. Esto se certificó, ni bien los ejecutores de la estrategia legal de Trump perdían reiteradamente sus casos en una multitud de jurisdicciones.

Lo que estaba faltando aquí era el planteo de algún desafío constitucional, con mérito propio. Extrañamente, y como ya verá el lector, esos méritos se volvieron obvios -primero el 3 de noviembre y, luego, el 6 de este mes.

Cuando una nueva presentación judicial ingresó el lunes 23 de noviembre en Pennsylvania, respaldándose en argumentos puramente constitucionales, este autor tomó particular nota. Se trató de una semana de mucho movimiento.

El miércoles 25 de noviembre de 2020, la ya citada jueza Patricia McCullough ordenó al estado de Pennsylvania: 'no tomar medidas adicionales a efectos de completarse la certificación de la carrera presidencial', lo cual el estado hizo el martes. Al convocar a audiencia para el día viernes, McCullough agregó: 'Los notificados fueron advertidos, para que se abstengan de certificar los resultados remanentes de la elección, al estar pendiente la audiencia para revisión de las evidencias'.

McCullough estaba tomando cartas en el asunto, tras una presentación ingresada por afiliados Republicanos contra la Mancomunidad de Pennsylvania, contra Kathy Boockvar -Secretaria de Estado- y contra la Asamblea General de Pennsylvania. Todos ellos fueron instrumentales -así se argumentó- en la aprobación inconstitucional de los votos emitidos por correo, tipificados en el Acta 77. Se provee aquí una copia de la resolución judicial. 

En pocas palabras, la legislatura de Pennsylvania confeccionó con desaprensión el Acta 77, la cual habilitó -en parte- que virtualmente todos los votos emitidos por correo fueran tabulados. No obstante, el Acta 77 fue creada en franca violación de los estatutos del estado de Pennsylvania, y de la ley constitucional. Boockvar lo sabía, y también lo sabía la Corte Suprema del estado. Pero también estaba ello en conocimiento de la Corte Suprema de los Estados Unidos, previo a que ésta interpusiera un stop perentorio a algunos de estos limitados procedimientos -aunque efectivos- en pos de recopilar irregularidades en los votos durante el 5 de noviembre.

En el preciso momento en que la decisión permeaba los últimos resquicios del periodismo de calidad en los Estados Unidos, una tormenta de distinta categoría soplaba un poderoso viento sobre los Demócratas del estado, en una sala de conferencias que se desarrollaba en Harrisburg, PA.

A pedido de Doug Mastriano -Senador Republicano de Pennsylvania-, el Comité de la Mayoría por el Senado estaba llevando a cabo una audiencia pública el jueves, a efectos de conversar sobre los temas relativos a los comicios, y las irregularidades. Afuera, miles marchaban portando sus demandas a criterio de que los funcionarios electivos se pusieran a trabajar.

Esto, para una mayoría -naturalmente-, se tradujo como si se tratase de un pedido para 'Dar vuelta la elección en favor de Trump'. Pero, lo que es interesante, es que la presencia de muchas pancartas y carteles exigía, sin intención partidaria- 'Investigar'.

Haciéndose eco de Samuel Alito, Magistrado de la Corte Suprema de los EE.UU., el senador Mastriano afirmó: 

 

'Las elecciones son el principio fundante de nuestra democracia -infortunadamente, los ciudadanos de Pennsylvania hemos perdido la fe en nuestro sistema electoral... A lo largo de las pasadas pocas semanas, he oído a miles de ciudadanos de nuestro estado compartir experiencias en los sitios de votación... Necesitamos corregir estos problemas, para restaurar la fe en nuestra república'.

En la audiencia pública, Rudy Giuliani, consigliere de Trump, se mostró como el referente principal del equipo, con su clásico despliegue de nutridos argumentos y la presentación de testigos. Ciertamente, esa audiencia fue una demostración en extremo partidista para exhibir hechos que alimentaran el prpio beneficio, por parte de una legión de elementos patrocinados por el GOP. Pero los testimonios ofrecidos fueron, en rigor, una pausa de cara a una investigación futura. Y no un encubrimiento.

Las acusaciones más destacadas fueron:

- el hallazgo de 47 tarjetas de memoria, que contenían más de 50 mil votos extraviados (no computados).

- el registro del estado de Pennsylvania mostraba un total de 1.8 millones de votos registrados por correo; sin embargo, se contabilizaron 2.5 millones de ellos.

Naturalmente, nadie en los medios masivos de comunicación cubrió la audiencia y, a modo de reprimenda por sus esfuerzos, Twitter deshabilitó la cuenta personal de Mastriano, tal como lo hizo con la de este autor, la pasada semana. Debe apuntarse, por estas horas, que el bloqueo de cuentas por parte de Twitter, Facebook -e incluso Parler- no es censura, sino una certificación de los argumentos presentados.

Tal como en Pennsylvania, los votantes tanto en Georgia como en Michigan próximamente verán cómo sus congresistas examinarán la situación. Otros estados seguramente les seguirán; de otro modo, sus propios políticos quedarán expuestos como culpables por asociación con un grupo de medios de comunicación silenciosos y corruptos.

Poco de esto, sin embargo, observaba -hasta ahora- cimientos estricta y puramente constitucionales.

A efectos de comprender la fortaleza constitucional de la demanda civil presentada ante McCullough en PA, un buen ejemplo ya se encuentra en la historia de los comicios de 2020 y proviene, extrañamente, de California.

En la noche de las elecciones del 3 de noviembre, una jueza de California resolvió que el gobiernador Gavin Newsom (Demócrata) abusó de su autoridad al emitir una orden ejecutiva que interpuso enmiendas a la ley electoral estatal y que, por lo tanto, exigió que se enviaran papeletas a todo votante registrado, en razón de la pandemia de COVID-19.

En su resolución, la Juez del Tribunal Superior del Condado Sutter, Sarah Heckman, dijo que la orden de Newsom era 'un ejercicio inconstitucional del poder legislativo'.

En marzo, Newsom, al igual que muchos funcionarios en otros estados, declaró el estado de emergencia en California, a raíz de la supuesta diseminación del COVID-19. Tres meses después, en junio, Newsom emitió una orden ejecutiva a partir de la cual se resolvía enviar papeletas a todos los votantes registrados del estado de California. Por sobre todo, Newsom emitió más de cincuenta órdenes, las cuales modificaron una serie de leyes estatales, bajo auspicios del Acta de Servicios de Emergencia de California (CESA). Esa ley le da al gobernador autoridad para emitir órdenes y reglas, al tiempo que puede suspender otras en tiempos de una emergencia estatal declarada.

Pero James Gallagher, miembro de la Asamblea del GOP en California junto a Kevin Kiley, presentaron una denuncia judicial contra Newsom, afirmando que su orden sobre los votos por correo era un grosero abuso de poder. En mayo, Darrell Issa, ex Representante por el GOP, también realizó idéntica presentación, junto con el órgano Judicial Watch. En ella, ambos subrayaron de igual modo que la orden del gobernador era 'inconstitucional'.

Heckman no rechazó el estado de emergencia declarado por Newsom, pero reglamentó que CESA,

'no autoriza ni le otorga poder al gobernador del estado de California para que interponga enmiendas sobre la ley estatutaria, como tampoco puede diseñar una nueva, por cuanto ello es una responsabilidad exclusiva del legislativo, nunca delegada a gobernador alguno bajo los alcances de CESA'.

Heckman, al sumarizar las violaciones de Newsom, y aquellas registradas en Pennsylvania y otros estados, escribió: 

'…la Constitución le da a la rama legislativa la autoridad exclusiva para hacer las leyes y, a la rama ejecutiva, el podeer, para verificar que la ley es fielmente ejecutada'.

Las palabras de Heckman bien podrían ser reescritas próximamente, pero con mayor fuerza, por parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos, corte que, el 6 de noviembre, ya se había mostrado de acuerdo con Heckman. Ambos dotaron a sus palabras de una singular prerrogativa constitucional:

Artículo II, Sección 1, Cláusula Dos de la Constitución de los Estados Unidos de América.

Volviendo a Pennsylvania y a la jueza McCullough, las violaciones unilaterales de las provisiones constitucionales del estado y de los procedimientos de la legislatura, son el aspecto fundante de la materia bajo discusión.

Tal como se referenciara en el segundo capítulo de esta serie, tres semanas antes, Samuel Alito -juez de la Suprema Corte de los EE.UU.- ordenó, el 6 de noviembre, y de manera muy pública, a la Corte Suprema de Pennsylvania y los funcionarios electivos del estado que separaran y contabilizaran por separado los votos emitidos por correo que llegaran después de las 800pm del día de la elección. Numerosos condados de Pennsylvania hicieron caso omiso de la resolución de Alito.

La misma sobrevino como resultado directo de la interpretación veloz y discrecional que hiciera la Corte Suprema de Pennsylvania del Artículo II, Sección 1, Cláusula Segunda, y de la constitución de Pennsylvania en simultáneo.

Para comprender la desaprensiva decisión de la Corte de Pennsylvania, ha de evaluarse que es una corte que descartó todo instrumento legal existente.

En 2019, la legislatura de ese estado aprobó una ley denominada Acta 77, la cual -entre otras provisiones- permitió que todos los votantes emitieran sus votos por correo pero, en palabras de Alito,

'sin matices, se exigió que todos los votos por correo se recibieran hasta las 8 p.m. del día de la elección'.

En efecto, el texto preciso del Acta 77 de 2019 reza,

'Ningún voto no presencial bajo esta subsección deberá ser contabilizado, de ser recibido más tarde de las 8 en punto de la noche del día de la primaria, o del día de la elección'.

Más taxativamente todavía, el Acta 77 cifró que, si alguna porción de la misma fuera alguna vez invalidada, la totalidad del Acta 77, incluyendo su interpretación discrecional sobre el voto no presencial o por correo, también sería nulo en todo su alcance.

Hasta aquí, todo muy claro -salvo que Usted se desempeñe en la Corte Suprema de Pennsylvania.

Como los edictos impuestos por Brylcrèem, ex gobernador de California, y tan discrecionalmente como la Corte Suprema de PA intentó utilizar los Poderes de Emergencia creados de cara al mítico coronavirus, para justificar decisiones de emergencia. La corte dictaminó que los votos recibidos por correo no necesitarían ser recibidos hasta las 8 pm del día de la elección. Más aún, esas papeletas podían ser aceptadas, si portaban la fecha del día de la elección, o si eran recibidas dentro de los tres días subsiguientes. Acto seguido, la corte permitió que un voto de correo sin sello, o con sello ilegible, sea computado como correcto, de ser recepcionado en la franja temporal determinada.

El planteo de la Corte Suprema de Justica de los EE.UU. el 6 de noviembre le puso un stop perentorio a todo aquéllo. Sin embargo, cuando los letrados de Trump intentaron cerciorarse, recurriendo a sus alegatos de fraude, la Corte Suprema del país se mostró reticente. Una votación de 4-4 envió a las fuerzas de Trump a las cortes de circuito inferior, para buscar allí futuro alivio.

Por cierto, los medios llamaron a esto una 'derrota' para Trump. En rigor, se trató de un intento planteado en la jurisdicción incorrecta. La Corte Suprema replicó con una sentencia al estilo de, como quien dice: 'Buen intento'.

No debe haber sitio para el error. La Corte Suprema del país puede permitirse ser paciente, y es conocida su trayectoria y costumbre de asistir como mudo testigo al despliegue de casos dramáticos frente a sus ojos, mientras el tema se desarrolla en tribunales inferiores.

De tal suerte que el tema llegó a un tribunal inferior. Una corte y un tribunal que ya tenían presentes los sabios conceptos de la Jueza Heckman de California, y las advertencias de Alito, quien de igual modo tomó nota del 'Buen intento' con que respondió la Corte Suprema de los EE.UU.: 

'Las provisiones de la Constitución Federal confieren a las legislaturas estatales, y no a los tribunales de los estados, la autoridad para hacer reglas que gobiernen las elecciones federales, las cuales serían insignificantes si una corte estatal pudiera hacerlas a un lado, simplemente por afirmar que una provisión constitucional estatal dio a las cortes la autoridad para confeccionar cualesquiera reglas considere apropiadas para la conducta de una elección justa'.

Con estas palabras, Alito se refirió directamente a la ley establecida para la tierra en los Estados Unidos: el Artículo II, Sección 1, Cláusula Segunda de la Constitución de los Estados Unidos.

De forma tal que, en las audiencias de presentación de evidencias, este pasado viernes, la Juez McCullough probablemente se aferró de modo firme a esas palabras de sabiduría. Acaso también tomó en consideración los gritos del público agolpado frente al edificio de los tribunales.

Sin embargo, lo que la Juez McCullough tuvo primeramente en consideración fueron la Constitución de Pennsylvania y sus provisiones legales requeridas bajo el Artículo VII, Sección 14a.

En lo que consignó un cambio político y una ironía judicial llamada a ampliarse, los Demócratas han presentado una petición de emergencia en la corte para, de inmediato, bloquear lo resuelto por McCullough. La corte elegida fue:

La Suprema Corte del Estado de Pennsylvania.

Nada mejor que esto, que para cualquier aficionado a la política. 

 

Datos concretos
 

El Artículo VII de la Constitución de Pennsylvania habilita dos tipos de votos a ser considerados. Uno: el voto presencial. El segundo: el ausente, o emitido por correo.

Sin embargo, y aquí hace su aparición la resolución de McCullough: sólo bajo las provisiones y restricciones expresadas en el Artículo VII, Sección 14, puede el Artículo VII ser modificado. Sin excepciones. Más aún, estas provisiones sólo podrán ser enmendadas recurriendo al procedimiento ordenado bajo el Artículo VI, Sección I.

El Artículo VII proclama:

'las provisiones que entienden sobre las circunstancias limitadas en las que un elector es habilitado a sufragar sin estar presente en un sitio de votación: voto en ausencia'.

En el apuro por poner en marcha el Acta 77, Pennsylvania fracasó a la hora de seguir al pie de la letra la metodología que el propio estado impuso y que, al menos, podría finalizarse como legislación completa en las próximas elecciones estatales, pautadas para el 18 de mayo de 2021.

Pareciera ser que las fuerzas de Joe Biden tomaron nota de este error.
 

En un procedimiento inconstitucional, el gobernador Tom Wolf (Demócrata) firmó el Artículo 77 como ley, el 31 de octubre de 2019. Tras lo sucedido con las elecciones de 2020, estos mismos legisladores de Pennyslvania se apresuraron para que la Corte Suprema del estado acudiera en su rescate, utilizando poderes de emergencia del COVID-19 como justificativo para aprobar el arbitrario ecosistema de voto por correo, con sus provisiones añadidas al Acta 77, que Alito rechazó.

La demanda actual cita que, en lo que respecta a todos los cambios a las regulaciones en torno de los votos en ausencia o por correo, Pennsylvania no ha sido desafiada legalmente desde la enmienda de 1967. Más aún, el planteo judicial expresa que, en ese momento, la legislatura de Pennsylvania correctamente siguió los considerandos de la ley y el precedente, al crear y aprobar las enmiendas al estatuto, tiempo atrás.

Asimismo, el planteo alegó que la actual legislatura de Pennsylvania, y su esperpento del Artículo 77, no hicieron lo propio.

La Sección 1 del Artículo VI proporciona la única metodología posible para modificar las reglas sobre los votos en ausencia o por correo -o cualquier otro segmento de la constitución de Pennsylvania- en cualquier forma, y en cualquier momento. Para hacerlo, el estatuto primero exige un voto mayoritario en una sesión conjunta de la Cámara de Representantes y la Cámara del Senado del estado; no una vez, sino dos, y consecutivos.

De ser exitosas, esas votaciones y su pretendida legislación deberán, entonces, ser publicitadas en dos periódicos de cada condado durante tres meses completos, antes de la siguiente Elección General Programada. Al momento de esa elección, el Proyecto deberá ser presentado al votante en la forma de pregunta en la papeleta de voto -en pos de proponer una reforma al estatuto, o no. Bastará con mayoría simple para aprobar esas eventuales reformas.

La legislatura de Pennsylvania es deficiente frente a todos los cargos, con excepción de uno. Colectivamente, votaron en favor del Acta 77, y de modificar las reglas para el voto no presencial, pero votaron a favor solo una vez: el 29 de abril de 2020.

Al violar estas provisiones, las acciones legales presentadas ante la jueza McCullough subrayan que el Acta 77 y que todos los votos registrados de forma no presencial o por correo, son constitucionalmente no válidos.

Y, por cierto, se trata de una importante cantidad de votos: potencialmente, 2.5 millones de ellos.

El Acta 77 vio la luz primero como Proyecto 411, y fue entonces rebautizado como Proyecto 413, el 9 de marzo de 2019. El mismo fue aprobado en el senado, el 22 de octubre de 2019, y salió del comité de la Cámara de Representantes de PA el 6 de abril de 2020. Lo que es interesante, por entonces las palabras 'Voto por correo' habían sido removidas del título del Proyecto, después de ser enviado éste a la Cámara de Representantes estatal.

Entonces, se aprobó el Proyecto 413, solo votado una vez, por la Cámara y por el Senado, el 29 de abril.

Funcionalmente, el Acta 77 tachó prácticamente todo el Artículo VII y su Sección 14, los cuales requerían a cualquier votante apto que, al solicitar una papeleta para voto no presencial, 'proporcionar una razón permitida para ello', previo a que se le enviara la papeleta.

En esos considerandos, no se aprobaba el envío masivo de papeletas no solicitadas a todo el electorado de Pennsylvania.

El mandato estatal que obliga al votante a solicitar papeletas individualmente y en persona para elecciones futuras es un requisito significativo, y también es una protección. Esto permite sustanciar la legitimidad del futuro voto no presencial, cuando sea recibido por el estado. De igual manera, elimina significativamente la tentación de confeccionar un fraude masivo a través del envío de papeletas.

La Sección 5 del Artículo VII en la constitución del estado permite la posibilidad de otros métodos de voto no presencial, pero sólo 'cuando sea determinado por la ley'.

Al respecto de la posibilidad de una enmienda, el Artículo VII en su Sección 14, habilitará cambios, sólo si 'la legislatura, por ley general, especifica ese formato'. Ley general significa, Artículo VII, Sección 5, y Artículo VI, Sección 1a.

En nuestro idioma, esto se traduce como: Hillary, tiene Usted un problema.

 

 

Hacia la noche del viernes, al tenerse en cuenta las palabras de Alito y la decisión previa de la jueza Heckman de California, ha de consignarse que el fallo de McCullough conlleva dramáticas implicancias para el orden nacional.

A lo largo de los Estados Unidos, muchos otros gobernadores estatales y Secretarios de Estado de esos estados, también han ignorado los procedimientos estatales constitucionales, pensando que un virus clínico les permitiría construir uno de proyección política.

Los votantes de, al menos, los estados de Arizona, Georgia, Michigan, Montana, Nevada, Indiana, Vermont y Wisconsin vieron cómo sus respectivos Secretarios de Estado exigieron papeletas de votación para ser enviadas masivamente, citándose al virus como argumento. Al considerarse el ejemplo de Pennsylvania, es muy probable que esas decisiones unilaterales se encuentren en franca violación de la ley constitucional estatal. En Nevada, una corte estatal también ayudó en la maniobra, al tiempo que rechazó planteos judiciales realizados por ciudadanos particulares.

Ciertamente, estas violaciones, en relación al resultado de la elección americana, importan poco -en muchos de esos estados. De todas maneras, los votantes de cada distrito deberían mostrarse furiosos como sus pares en Pennsylvania, dado que la racionalidad empleada para el virus llevó a inundar todos los estados con papeletas para voto no presencial, al tiempo que se eliminaba toda restricción para otros tipos de metodologías de sufragio; a estas alturas, y en virtud de la letanía de reclamos en varios estados, ya debería resultar obvio que todo fue parte de una maniobra prediseñada.

En Georgia, Wisconsin y Michigan, sin embargo, lo cierto es que estos estados sí importan en sus efectos sobre los totales de voto para presidente en el Colegio Electoral. En este momento, los tres distritos transitan acciones legales y peticiones para que se interrumpan los cómputos, y se proceda a rectificar frente a iniciativas políticas unilaterales.

Los medios masivos de comunicación buscan hacer creer a sus audiencias que, dado que algunos estados han certificado los resultados bajo dudosas circunstancias, el tema ya ha sido zanjado o resuelto. Al atenderse al caso de Pennsylvania, lo cierto es que nada está dicho hasta tanto el Colegio Electoral en cada estado certifique su cuota de electores, el 14 de diciembre.

Y eso tendrá lugar dentro de dos semanas más.

Tal como se consignara en un trabajo previo, Trump y sus referentes no tenían otro camino que ser pacientes, y permitir que tuvieran lugar esas certificaciones, previo a dar inicio a planteos legales serios que podrían dirimirse en tribunales estatales y distritales y, acto seguido, seguir su camino hacia la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos.

Llegado el Día de Acción de Gracias, si los letrados de Trump son tan inteligentes como los de Pennsylvania, próximamente tres nuevos jueces deberán decidir sobre cuestiones constitucionales, tal como lo hicieron McCullough, Heckman y Alito. Como los tribunales inferiores en Pennsylvania, en los otros tres estados en pugna, los políticos ya intentaron ignorar las constituciones de sus propios estados, se han rehusado a examinar las evidencias, y tampoco consideraron los méritos de las demandas presentadas por los votantes.

Hace pocos días, Sidney Powell -ex Fiscal Asistente de los Estados Unidos- finalmente liberó su promocionado 'Kraken' a las cortes, tanto en Michigan como en Georgia. Previamente en Georgia, el respetado abogado Lin Wood planteó su propia presentación judicial en relación a votos no presenciales o por correo, afirmando que no pueden ser aceptados constitucionalmente. Wood y su demanda chocaron con Steven Grimberg, Juez de Distrito de los EE.UU., quien rechazó lo planteado por Wood y, por lo tanto, impidiendo cualquier examen judicial de la evidencia -y evitando también atender al reclamo de índole constitucional.

Powell esperó hasta que el voto en Georgia fuera certificado. Si las duras acusaciones por ella planteadas la pasada semana son precisas, pues entonces la letrada proporcionará evidencias sobre fraude electoral, junto a declaraciones de violaciones constitucionales de cara a los estatutos de votación y lo tipificado para votos por papeletas -en un modo muy similar a lo que sucedió en Pennsylvania.

Previamente, Eleanor Ross, Jueza de Distrito de los EE.UU. -una letrada designada por Barack Obama- determinó que los votantes debían ser protegidos durante la pandemia de coronavirus, cuando se esperaba que cifras récord de nativos de Georgia emitieran votos por correo, y luego extendió la frontera de calendario para recibir votos en el estado, determinando que todos esos sufragios debían ser contabilizados si portaban la fecha del día de la elección, y se entregaban incluso hasta tres días después.

Esta resolución, igual que en el caso de abuso de poder por parte de la Corte Suprema de Pennsylvania, es a todas luces inconstitucional, en razón de los considerandos del Artículo II, Sección Primera, Cláusula Dos, como ya se apuntara renglones más arriba.

El hecho de que la decisión de una jueza de Georgia derivara en el cómputo adicional de decenas de miles de votos llegados después del 3 de noviembre, votos que de otro modo hubiesen sido rechazados -y que son suficientes como para torcer el resultado de una elección- invalidó el requisito de Georgia, en el sentido de que los votos no presenciales solo podían ser recibidos hasta las 7 pm del día de la elección.

En Michigan, idénticas violaciones habilitaron a Powell para, virtualmente, hacer copy-paste de su presentación de Georgia, al ser llevada a los tribunales locales.

Jocelyn Benson (Demócrata), Secretaria de Estado de Michigan, anuló de manera unilateral el requisito legal de que los votantes debían proporcionar su firma al solicitar una papeleta para voto no presencial, estableciendo -en lugar de ello- que se completara un formulario en línea. Acto seguido, ella fue aún más lejos, anunciando que 'toleraría que grupos cívicos y otras organizaciones colaboraran para registrar votantes a través del sitio web online del estado', habilitando a grupos partidistas y activistas como Rock The Vote tuvieran acceso directo a las listas de votantes de Michigan.

Dado que la legislatura de Michigan no había creado esta nueva ley, Ross lo hizo, mediando el golpe de una lapicera. Al hacerlo, ella se convirtió en co-conspiradora, en la creciente acusación del fraude electoral en Michigan.

Arriba en Wisconsin, la elección no ha sido certificada aún. Para Trump, el caso a la vista podría aferrarse a informes que versan que la Comisión Electoral de Wisconsin (WEC) ordenó a los trabajadores del comicio 'agregar el domicilio faltante de los testigos' a cualquier papeleta deficiente y, según se informó, algunos de ellos fueron un paso más allá, firmando en lugar de los testigos no existentes.

De probarse esto en la corte, esos trabajadores -que testificaron sobre esas instrucciones ilegales- podrían haber invalidado miles de otros votos, cometido un delito, y rematando ello en una nueva intervención de la Corte Suprema de los Estados Unidos.

El Estatuto 6.86 de Wisconsin consigna: 

'una papeleta para voto no presencial deberá ser firmada por un testigo, a quien también se le exigirá definir su domicilio. Si el domicilio de un testigo no es listado, entonces el voto será considerado no válido, debiendo ser devuelto al votante para que registre los datos correctos del testigo'. 

'El estatuto es muy, muy claro', dijo en su oportunidad Michael Gableman, juez retirado de la Corte Suprema de Wisconsin, a un observador electoral de Milwaukee, el día de la elección. 'Si un voto no presencial no informa el domicilio de un testigo en la papeleta, no será válido'.

Es seguro que los referentes de Trump procederán de igual manera ante los tribunales, apenas transcurran horas después de la certificación.

La única vacuna efectiva

A esta altura del relato, y con el interés de cada votante in crescendo, si cualquier tribunal se rehusare a aportar algún grado de investigación, ello alentará una revuelta de votantes en las calles y, probablemente, frente a los domicilios de esos magistrados. De proceder estos jueces con la tarea que les corresponde -y no el Comité Nacional Demócrata- cuando comiencen estos procedimientos, esos magistrados se enfrentarán a decisiones críticas en donde primará la variable constitucional.

Más allá de los tecnicismos, de la negación masiva de los testimonios, o de si una corte insiste en hacer lugar a los planteos de ciudadanos particulares, políticos, jueces y legisladores -ahora bajo el escrutinio ciudadano- sólo contarán con un argumento con el cual defenderse:

'El virus me obligó a hacerlo'.

Argumento que de nada sirvió previamente, ni en California con la juez Heckman, ni con el juez Alito, de la Corte Suprema de los EE.UU. De tal suerte que la alternativa se vuelve sencilla, para estos magistrados:

Una: tolerar que un virus -uno de orden político- prevalezca en sus tribunales, y que luego ese virus proceda a infectar a otros magistrados.

O bien,

Dos: que vacunen públicamente, desde sus cortes, a los votantes de sus estados, para resguardarlos frente a una pandemia nacional de corrupción Demócrata.

Con cada día que pasa y con cada nueva presentación judicial, parece más probable que, a la postre, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos resuelva esta importantísima decisión polar. Una que definirá verdaderamente el futuro del país, al siguiente día.

La recurrente historia que versa sobre la conspiración electoral de 2020 ya porta la mayor importancia. Los comicios de este año han revelado muchos factores de magnitud; sin embargo, todos ellos son cubiertos por los medios de comunicación nacionales, que deben ser considerados como co-conspiradores. ¿Por qué no ha podido leer Usted la importante información de la semana pasada, que ha sido histórica? Pues, bien; la pregunta es retórica, ¿no lo es, acaso?

A medida que la saga progresa, la evidencia de fraude electoral en cada estado, la complicidad de las máquinas de la firma Dominion, y la cruenta necesidad de estos estados de invocar al Colegio Electoral para evitar que el virus político destruya el cuerpo dirigencial del país, han sido ofrecidos en estas páginas como argumento para consolidar la acusación colectiva.

En Pennsylvania, la convocatoria del viernes pasado en pos de retomar el poder del Colegio Electoral -en manos de un Secretario de Estado nutrido por motivos cuestionables-, para retornarlo a las manos de un cuerpo de funcionarios elegidos, es un anticipo de que lo propio sucederá en otros estados de la Unión. El público así lo exigirá. Probablemente, antes del 14 de diciembre próximo.

La más poderosa y necesaria vacuna, esto es, los hechos investigativos, deberá ser inoculada no ya en los brazos, sino en la frente de todos los ciudadanos estadounidenses -del partido que fueren-, antes de que su país y su democracia experimenten una muerte violenta, como en las revoluciones en color del pasado.

Como ya se ha sugerido, un virus estrictamente político se ha aprovechado del COVID-19, con un propósito: elegir como presidente a Joe Biden.

Si las cortes federales y estatales fracasaren al momento de llevar a cabo su trabajo, solo quedará una corte en el horizonte.

Esa corte ya le ha fallado al pueblo estadounidense en el pasado, fundamentalmente en la decisión relativa a Citizens United. ¿Le fallará una vez más, en esta suerte de Rubicón de la historia americana?

Cualesquiera de las dos alternativas extremas que 'la más elevada corte de la tierra' decida hacer prevalecer, los estadounidenses cada vez prestan más atención, y se vuelvan al escrutinio cada día.

Pareciera ser lo más probable que la pelota de fútbol de la elección de 2020 exigirá una decisión notable, para ganar la mayor altura posible.

Sin embargo, cuando esa pelota finalmente aterrice, en los dramáticos días que vendrán, lo hará en el terreno de la locación más importante de Washington, D.C.:

El número 1 de First Street.

Acaso existió una muy buena razón para otorgarle a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos ese domicilio.



Trabajos anteriores del autor

- Sobre el color de las revoluciones: ¿extranjera y doméstica? Las primeras setenta y dos horas (23 de noviembre)
- Estados Unidos: ¿el 'Dominio' del fraude electoral? (9 de noviembre)


* El autor, Brett Redmayne-Titley (en Twitter, @WatchRomeBurn) es periodista independiente y fotógrafo. Colaborador, entre otros, en The Unz Review, ZeroHedge, Asia Times, Global Research -todos ellos, de Estados Unidos. Su sitio web personal, WatchingRomeBurn.uk.