Por qué no es aconsejable militarizar los centros urbanos en Colombia

En los últimos tiempos, se percibe que la dirigencia política no sabe ya qué inventar, a efectos de convencer a la ciudadanía de que los esfuerzos de seguridad están en ascenso y que, en consecuencia, no hay motivos para preocuparse -en virtud de que los índices de criminalidad descienden.

Ante la evidente realidad a la que está expuesta la población, se recurre a tomar determinaciones -desde el ámbito político- desde las que se violenta el mandato constitucional, a fin de ofrecer a la ciudadanía una sensación de seguridad, antes que resultados concretos. La experiencia consigna que la delincuencia se dispara cuando se evidencia fragilidad institucional, esto es, cuando el Estado se exhibe incapaz de prever, anticipar y contrarrestar a la criminalidad.

En Colombia, por ejemplo, se han naturalizado escenarios como el homicidio de fuerzas de seguridad, la puja violenta por el control del microtráfico a efectos de consolidar control territorial, que grupos armados organizados trafiquen coca usando rutas en la frontera con Venezuela -y controlando también el contrabando limítrofe; el accionar de milicias urbanas infiltradas en universidades, barrios y comunas; y demás etcéteras. En tal contexto, grupos de criminales organizados como guerrillas y cárteles han edificado un oscuro panorama en las las principales ciudades del país. Se asiste, entonces, a un conflicto irregular de la variante asimétrica, en el seno de la población civil. El terrorismo también se afianza, como formato más corriente de violencia.

La política de turno, devaluados en su credibilidad en virtud de los paupérrimos resultados obtenidos -en razón, por lo general, de la corrupción y el clientelismo- deciden, finalmente, militarizar barrios y comunas para generar aquélla sensación de seguridad, contando para esta faena con el sospechoso beneplácito de los mandos militares. No obstante ello, la dirigencia soslaya que esta clase de decisiones lejos está de anteponer soluciones a las amenazas preexistentes, recurriéndose luego a propuestas utópicas alejadas de la realidad.

De cara a este escenario de incertidumbre, es menester plantear argumentos necesarios en torno de la inconveniencia de respaldarse en el Ejército y la Armada Nacional en los cascos urbanos de la República de Colombia.

En principio, ha de ponderarse el marco legal y constitucional que entiende sobre las responsabilidades y obligaciones de las fuerzas militares y la Policía Nacional. En la constitución política de Colombia, más precisamente en su Artículo 217, puede leerse: 'La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional'. En igual sentido, el Artículo 218 manifiesta: 'La ley organizará el cuerpo de Policía. La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz'.

En consecuencia, fuerzas militares y policía portan consign funciones fundamentalmente diferentes, en donde la naturaleza civil de la policía compele a sus agentes a actuar en el seno de la población para que, a su través, el Estado pueda llegar a proporcionar la seguridad que los ciudadanos requieren para la sana convivencia en comunidad. Por su parte, las fuerzas militares tienen responsabilidad sobre la defensa de la soberanía de todo el territorio, esto es, el control de las fronteras, y la ejecución de estrategias de defensa que garanticen el orden constitucional y la consecución de los objetivos e intereses nacionales. Ergo, las fuerzas militares procuran la 'defensa' de la Nación y la Policía, la 'seguridad' de la misma. Toda vez que el objetivo coincida con la necesidad de optimizar o de reforzar la seguridad urbana, el paso correcto a seguir exigirá dotar de recursos y respaldo político y ciudadano a la Policía Nacional.

Acto seguido, habrá que atender al entrenamiento de la dotación militar. Las fuerzas militares exhiben la responsabilidad de hacer frente -desde un formato regular- a ejércitos extranjeros -cuyo objetivo les imponga traspasar las fronteras de Colombia-, para poder preservar la integridad de la nación. En procura de la defensa de los derechos humanos, los uniformados ejecutarán operaciones  militares con la meta de consolidar objetivos estratégicos respaldados en táctica y técnica. En suma, esas maniobras portarán el objetivo de asegurar un control militar efectivo y certificable de un área determinada, con el norte puesto en el resguardo de los intereses nacionales previamente establecidos en la constitución y en la gran estrategia nacional.

En aras de lidiar con el conflicto y la recurrente amenaza terrorista, Ejército Nacional y Armada Nacional han acusado procesos de adaptación para posicionarse de la mejor manera posible ante la confrontación irregular. Sin embargo, y conforme sus procedimientos han sido moldeados para recurrir al empleo de recursos en una guerra de índole regular, se produce una transgresión lógica de toda normatividad internacional: la ventaja operativa, en tal contexto, correrá siempre por el lado de los grupos armados irregulares; conforme es posible certificar en el ejemplo de las operaciones en campos minados sin demarcación previa.

En el capítulo complementario al presente trabajo, la referencia apuntará a argumentos adicionales, a criterio de certificar la hipótesis de que la actual militarización planteada por la dirigencia política dista de ser una medida idónea; habrá, asimismo, de ponerse el foco en la indefensión jurídica que acusan los activos de las fuerzas militares de la República de Colombia.