Argentina: crónicas de una muerte anunciada

En 2020, la Argentina -abundante en recursos naturales, y con un extraordinario potencial de capital humano- verá su economía precipitarse en más de un 10%, con un índice de desempleo cercano a los niveles del 2004. No obstante, no es nueva la historia; sólo se trata de una nueva temporada de un relato de naturaleza alarmante, desde hace diez años. 

 

Hace una década ya que el país no crece, y que el sector privado no crea empleo. La raíz del problema es el déficit fiscal, cuyas políticas para financiarlo provocaron distorsiones en toda la economía. 

 

Este problema se profundizó durante el kirchnerismo, en tanto tampoco fue resuelto por la gestión Cambiemos. Es más, al analizarse lo que fuera el inicio de la gestión de Mauricio Macri, se observa que, con un déficit fiscal cercano al 4% del PBI, esa administración decidió incrementar la cantidad de ministerios de 15 a 21. Cuando, en 2018, comenzaron los primeros destellos de implosión, pareció que iban a cambiar de rumbo hacia una mayor austeridad fiscal, y es ahí cuando se redujo la cantidad de ministerios de 21 a 10. No obstante, el cambio fue magro; si bien la cantidad de reparticiones se redujo, las unidades administrativas dentro de ellos no lo hicieron. Fue el ejemplo claro de que la gestión jamás tomó consciencia sobre la gravedad de un problema heredado de la anterior.

 

Desde 2003, el gasto público consolidado en relación al PBI pasó del 25,6% al 39% en 2009. Luego, al 41,3% en 2013, y al 45,6% en 2016. En 2019, se redujo al 41,4%, pero seguía representando casi 15 puntos porcentuales por encima de las cifras de 2003. 

 

Dicho crecimiento deficitario se explicó a partir de cuatro factores: i) más empleo público; ii) más jubilados y pensionados; iii) más planes sociales; y, iv) más subsidios a servicios de energía y transporte.

 

Entre el 2003 y el 2015, la cifra de empleados públicos se incrementó en dos millones de personas, mateniéndose hasta la actualidad. Al compararse 2003 contra 2018, se observa que la cantidad de empleados públicos se incrementó en un 55% a nivel nacional, en un 117% a nivel municipal, y en un 77% a nivel provincial.

 

Adicionalmente, hubo 3 millones de personas que no habían aportado y se jubilaron por la moratoria previsional, factor que profundizó la magnitud del déficit dentro del sistema previsional. Tras ello, habrá también que agregar el aumento en los haberes mínimos jubilatorios.

 

Finalmente, se evidenció un marcado incremento de los planes sociales, transformados en instrumento de captación política. Por último, cuando en 2002 se gestó la devaluación, se congelaron las tarifas y éstas comenzaron a evidenciar retrasos.

 

Como es lógico, éste déficit que pasó del 1,4% del PBI en 2011 al 3,8% en 2015, debía ser financiado de algún modo. El único camino de consecuencias no recesivas hubiese coincidido con una reducción del gasto público. Sin embargo, la decisión impuso incrementos de impuestos, con emisión y captación de deuda.

 

Por estas horas, las empresas privadas se ven forzadas a lidiar con una crisis de liquidez y de solvencia, luego de nueve meses en los que vieron sus actividades restringidas. A esto, se le agregan problemas recurrentes, en el formato estrafalarias regulaciones laborales y una elevada voracidad impositiva.

 

La legislación laboral y el marco regulatorio argentino son también factores que explican la falta de inversión y baja competitividad. Altas regulaciones son sinónimos de bajo salarios reales, de mayor desempleo e informalidad. Los onerosos impuestos son trabas adicionales con las que debe lidiar el sector privado argentino. Impuestos y contribuciones en el país son las más elevadas en el mundo: hoy, una PYME de sesenta empleados tributa un 106% por encima de su ganancia neta. La presión impositiva supera el 35% del PBI. Se asiste a cifras que no tienen correlato en ninguna otra nación del globo. En la práctica, concebir formatos para el crecimiento económico es una tarea imposible, en tales condiciones.

 

A efectos de que la República Argentina salga de la actual crisis y retome la senda del crecimiento, habrán de implementarse una serie de reformas estructurales, como ser una significativa baja del gasto público, una reducción del tamaño del Estado, una reforma del sistema previsional, una reducción de impuestos, una modernización del mercado laboral, una apertura comercial, y una reforma educativa.

De otro modo, el camino no dejará de ser tumultuoso durante los años por venir.