EE.UU.: la ciudadanía debe condenar la violencia, en cualesquiera de sus formas

Conforme las fuerzas de policía buscan identificar a las personas responsables por los incidentes del 6 de enero pasado en el edificio del Capitolio de los Estados Unidos, las autoridades han procedido con el arresto y la acusación de individuos vinculados a grupos extremistas tales como los Oath Keepers. Mientras tanto, el pasado día de la transmisión de mando, Antifa y Black Lives Matter continuaron incitando a la violencia, propiciando episodios de ese talante, y destruyendo propiedad pública y privada en ciudades variopintas como Portland, Seattle, y Denver.

Y es menester arrojar claridad al asunto: no hay sitio para la violencia en el espacio público estadounidense, sin importar de dónde provenga. De igual modo, la sociedad habrá de condenar los episodios violentos de manera coherente allí donde tenga lugar -ya se trate del 6 de enero, del día de la transmisión de mando, o del futuro.

Los informes más recientes de los medios de comunicación han revelado que investigadores federales han descubierto evidencias que sugieren que el ataque contra el Capitolio fue planificado previamente, y que no fue motorizado ese día, ni se trató de una reacción espontánea vinculable a la multitud que se reunió para protestar en la Elipse en Washington, D.C. La inserción de artefactos explosivos a base de metales en las oficinas del Comité Nacional del Partido Republicano y en el Comité Nacional del Partido Demócrata en Capitol Hill remite a apenas un indicativo que certifica la existencia de planificación previa.

Los agentes de policía llevaron a cabo 125 arrestos vinculados a la turbulencia en el Capitolio, y aún se espera que se realicen más. Los individuos detenidos incluyen a miembros de grupos extremistas pertenecientes a ambas veredas del espectro político, y a personas no emparentadas con organización alguna.

Numerosos canales informativos han puesto el foco en miembros del núcleo conocido como Proud Boys, agrupación reconocida por haber participado en enfrentamientos violentos con Antifa y con otras organizaciones extremistas. Pocos días antes de los eventos del Capitolio, la policía local arrestó a Henry 'Enrique' Tarrio -oriundo de Miami-, quien se ha identificado públicamente como líder de los Proud Boys, y acusado por cometer numerosos delitos federales.

Un funcionario del FBI en Washington declaró al matutino Miami Herald que las fuerzas de policía 'recopilaron información probando que Tarrio se encontraba entre aquellos que incitaron a la violencia, en el mismo momento en que el Congreso certificaba los resultados de la elección presidencial'.

Más recientemente, las autoridades arrestaron y acusaron a tres miembros del núcleo Oath Keepers, en conexión con los episodios del Capitolio. Un agente del FBI describió a los Oath Keepers como una 'amplia pero poco organizada colección de milicianos que creen que el gobierno federal ha sido cooptado por una conspiración en las sombras, la cual busca privar a los ciudadanos estadounidenses de sus derechos constitucionales'.

Mientras el FBI procede a compilar los más de 70 mil informes anónimos recibidos -entre los que se cuentan fotografías y videos-, es de extrema importancia que la oficina federal de investigaciones identifique públicamente a qué personas está poniendo bajo arresto, y que detalle las acusaciones criminales presentadas contra aquéllas. La ciudadanía estadounidense merece que se le brinde una absoluta transparencia, al hacer referencia a aquellos que planearon y luego perpetraron los actos de violencia en el Capitolio. El asunto comporta una importancia crítica, como para que se cometan errores en el proceso.

Ciertamente, la iniciativa de la Cámara de Representantes, cuya meta es destituir a Donald Trump sin que se conozcan evidencias ni el desarrolllo de investigación alguna, fue un ejemplo en todo irresponsable, en el cual se buscó actuar primero y hacer preguntas después. Previo a extraerse conclusiones, siempre es mejor aguardar hasta que las evidencias sean cristalinas.

En los Estados Unidos, la ciudadanía deberá rechazar de manera firme y coherente a aquellos que recurren a la violencia con el objeto de atacar los cimientos constitucionales de esta excepcional nación -ya se trate de los Oath Keepers, de Antifa, o de cualquier otra organización.

Durante meses, las comunidades en todo el país han sido victimizadas por episodios de violencia política organizada, llegándose al homicidio, al otorgamiento indiscriminado de palizas, incendios, extorsión y destrucción de propiedad gubernamental y privada.

Estos actos de violencia no se han perpetrado con la violencia como principal motor, sino para propiciar confrontación y disrupción con el objeto de convertir al país en ingobernable -ya fuere abrazándose a la promoción de cambios radicales o a un colapso en la forma de anarquía. La situación actual no se distingue mayormente del accionar que grupos violentos como Weather Underground ejecutó en la década de 1970.

Y ese esfuerzo continúa. Antifa y Black Lives Matter planificaron y ejecutaron actos violentos en las ciudades del oeste estadounidense el 20 de enero, fecha pautada para la transmisión de mando -que en los EE.UU. se conoce como Inauguration Day. En esa oportunidad, grupos de individuos rompieron vitrinas de comercios, dieron vuelta un vehículo previamente secuestrado, atacaron físicamente a agentes de policía, y mucho más. Los perpetradores portaban pancartas y carteles que rezaban 'No queremos a Biden; queremos venganza', 'Somos ingobernables', o 'Abolir todo'.

Sin embargo, la condena promocionada por la totalidad de los líderes del arco político del Partido Demócrata frente a los eventos del 6 de enero insisten en evitar se critique a los hechos en donde se vieron involucrados elementos de Antifa y de Black Lives Matter, tal como lo hicieron durante todo 2020. En una presentación del pasado viernes, Jen Psaki, secretaria de prensa de la Casa Blanca, fue consultada al respecto de la violencia y la destrucción provocadas por estos grupos en Portland y en Seattle. Ella se rehusó a condenar a los referidos grupos.

Los Padres Fundadores dieron forma al sistema constitucional de los Estados Unidos de América, con el fin de tolerar el disenso sin recurrir a episodios de violencia desde los cuales se procediera a atacar a nuestros vecinos y conciudadanos. Necesitamos escuchar a los compatriotas que tengan opiniones y perspectivas diferentes, así como también otras ideas, respetando sus derechos y las leyes que nos gobiernan a todos. Ese estándar de respeto y de resguardo de derechos llega a su fin cuando determinados grupos se abrazan a la violencia política.

Las organizaciones de individuos que optan por la violencia política se alejan, por propia cuenta, de la Unión. Aquéllos tienen más cosas en común entre sí, que con el resto de la ciudadanía. Esos núcleos son idénticamente condenables en su conducta, igualmente repugnantes, e igualmente transgresores.

La ciudadanía americana en su conjunto deberá denunciar esos actos violentos y a sus protagonistas, sin distinciones, y exigir se los condene apropiadamente.

Artículo original, en inglés