PfizerGate, necesaria disección
El Presidente Alberto Angel Fernández transita una coyuntura política poco envidiable.
El Presidente Alberto Angel Fernández transita una coyuntura poco envidiable. Al inédito proceso de destrucción económica propiciado por un modelo de confinamiento con restricciones interminables -variables sobre las que la Casa Rosada ha perdido ya todo control-, se suma una colección de funestas consecuencias políticas, motorizadas inicialmente por el otrora muy comentado 'Vacunatorio VIP'. El detonador de aquel explosivo fue activado por el pánico del periodista-operador Horacio Verbitsky frente a la posibilidad de contraer COVID, concierto que lo llevó a gestionar ante el eyectado Ginés González García la aplicación 'de emergencia' de la vacuna pretendidamente salvadora. En el epílogo, el ex Ministro de Salud la emprendió contra el beneficiario -y lo hizo ante los medios de comunicación, maniobra que blanquea una ruptura de códigos entre socios que a priori convinieron resguardarse en un silencio tan cómplice como efímero.
Sin embargo, tanto el Presidente como su amigo Ginés hicieron a un lado un factor de peso, a saber, que el conocido costumbrismo dirigencial de salvarse a cualquier precio en desmedro de sus mandantes, eventualmente se haría presente en medio de la crisis del coronavirus. Transitivamente, esa omisión puede achacársele también a Carla Vizzotti, infortunada heredera de la Gestión González García en Salud. A la postre -y casi siguiendo a pies juntillas los postulados de la Segunda Ley de la Termodinámica-, el PfizerGate hoy acecha cual mitológico golem, amenazando con apropiarse de la atención de la opinión pública y privada.
Si el propósito es deconstruír con algún atisbo de presteza el episodio, los informantes de rigor invitarán a sopesar con reflexiva atención los prolegómenos que involucran al Hospital Militar Central, vórtice seleccionado por el conglomerado germano-estadounidense para dar el puntapié inicial de los testeos con la vacuna que jamás llegó -a instancias del benemérito Doctor Fernando Pollack (o Polak, en razón de que no existe consenso entre los matutinos y cableras a la hora de tipear correctamente su apellido). Antes feliz y poco taciturno protagonista estelar en los medios dedicados al combate contra el n-COVID-19, hoy, el prestigioso galeno ha mutado en célebre desaparecido en acción. Incidentalmente, se observará que la notoria ausencia de Pollack acusa una proporcionalidad directa con los problemas que la farmacéutica multinacional comenzaba a exhibir en su trato diario con agentes gubernamentales o paragubernamentales. Así, pues, los titulares de la prensa hoy presentan detalles en torno a sospechosos pactos de injustificable intermediación para que Pfizer se fusionara en una asociación comercial que, pautada en un 50%, impulsaría la producción en serie del elíxir de la salvación político-sanitaria para un consorcio oficialista en proceso de implosión.
Declaró el atribulado Presidente Alberto Fernández que Pfizer exigió condiciones de cumplimiento 'desmedidas', lo cual llevó a ciertas voces a preguntarse si ese intolerable requisito podría acaso emparentarse con el reclamo de la farmacéutica en pos de insertar dispositivos GPS en las cajas que llevarían las vacunas -lo cual, naturalmente, entorpecería cualquier maniobra de explotación política en la distribución de compuestos para públicos cuidadosamente preseleccionados. En cualquier caso, la pista del Hospital Militar cobra particular importancia, en virtud de lo que podría conocer (con objetiva profundidad) el ya mencionado médico Pollack (¿futuro testigo protegido?).
Como en toda novela de intrigas, siempre habrá margen para preguntas con potencial para arrojar algo de luz sobre la oscuridad. Previo al furtivo ingreso en escena de funcionarios del Ministerio de Salud, ¿no se apersonaron ante ejecutivos de Pfizer funcionarios militares bien identificados, acaso con el fin de negociar tratos irregulares por debajo de la mesa? ¿Se esmeró González García en 'no quedar afuera', y qué tanto conocía Vizzotti sobre el asunto, como segunda de Ginés? Tiempo después, ¿por qué razón terminaría Alberto Fernández dando cuenta del ex ministro? En la caída del telón, ¿en qué ha quedado la propuesta de la multinacional?
La inesperada vuelta de tuerca -apuntarán ciertos connoisseurs de pasillo- podría rematar con la comparecencia de informantes de oportunidad y -por qué no- con un probable planteo del novedoso enigma en la justicia federal estadounidense. Esas voces interesadas rememoran que el PfizerGate observa profusas similaridades con el Caso Siemens, con los dignatarios de la firma germana teniendo que abonar sobornos a dos gobiernos argentinos distintos y, al cierre, debiendo pagar onerosas multas a autoridades estadounidenses para evitar la suspensión de sus acciones en Wall Street. Una vez más, la trama legal del rompecabezas concierne a los considerandos tipificados en el Acta sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) de 1977, que consigna -para firmas de los Estados Unidos- la obligación de denunciar propuestas de cohecho que tuvieren lugar en terceros países. Adicionalmente, la Ley Dodd-Frank (2009-2010) contempla escenarios en los que ciudadanos corrientes (no necesariamente estadounidenses) puedan denunciar ante el Departamento de Justicia de ese país actuaciones vinculadas a sobornos por parte de compañías privadas y, según la resolución del interdicto, acceder a una compensación.
Conforme sobran antecedentes para certificarlo, la corrupción argentina es demasiado importante como para que su delación quede en manos de políticos domésticos. Las propuestas que arengan a la creación de comisiones sólo portan, por única finalidad, el ocultamiento.
Es Analista en Medios de Comunicación Social y Licenciado en Publicidad. Es Editor y Director de El Ojo Digital desde 2005.