Joe Biden y una apuesta a doble o nada con miras a modificar el sistema electoral

Pocos días atrás, el presidente Joe Biden declaró que Estados Unidos hace frente hoy a una crisis existencial, comparable a la que se experimentara durante la Guerra Civil, una batalla que dará lugar a una genuinamente democrática forma de gobierno, o que bien resultará en la negación de derechos básicos para no pocos ciudadanos. Y Biden ciertamente se aferra a la cuestión, empleando un máximo de retórica emocional y de diseminación de pánico, tras afirmar el mandatario: 'Hoy, hacemos frente a la prueba más significativa contra nuestra democracia, desde la Guerra Civil. Esto no es una hipérbole. Desde la Guerra Civil -los Confederados jamás habían llegado a tomar el Capitolio, como lo hicieron ciertos insurrectos el 6 de enero pasado. No estoy diciendo esto para alarmarlos. Digo esto, porque Ustedes deberían alarmarse'.

Desde luego, lo que haya sucedido el 6 de enero poco tiene que ver con el tema que hoy está verdaderamente en juego, que tiene que ver con el derecho al voto, aún cuando se trata apenas de un aspecto de lo que, en rigor, es una revolución patrocinada por el Partido Demócrata a efectos de reordenar el sistema político estadounidense de tal manera que garantice la primacía de sus candidatos en las próximas décadas. Otros pasos involucrarán la promoción de una inmigración gigantesca, una guerra contra los denominados 'terroristas' domésticos, y la descriminalización de numerosos delitos cometidos por los referentes del Partido.

La legislación que versa sobre el derecho al voto planteada ante el Congreso incluye el interesante Acta Para el Pueblo, y a su sucesora, el Acta para la Promoción de Votos John Lewis, provisto que ambas buscan restaurar ciertos aspectos inconstitucionales del Acta sobre el Derecho al Voto de 1965. Más importante aún, ambas eliminarían la capacidad de los estados de aprobar leyes que creen condiciones tendientes a registrar a los votantes. El texto del Acta John Lewis se refiere a esos pasos como 'leyes discriminatorias, barreras innecesarias, y trucos sucios partidistas'.

En el centro de ese esfuerzo Demócrata, reposa la creación de un sistema nacional electoral uniforme que, en esencia, volverá el acto de votar más sencillo para las personas, tolerará el bloqueo de votos, alentará la recolección de papeletas -en este caso, tanto a nivel presencial como por correo. De ser aprobada, la nueva legislación obligará a cada estado a adoptar, 'de manera sistemática, el derecho a votar para criminales, el voto de ausentes, la obligación de votar antes de la apertura de locales de votación, y el financiamiento de campañas políticas a través de impuestos'.

Las objeciones centrales al nuevo procedimiento promocionado por Biden son numerosas, mayormente emparentadas a la falta de exigencia de requisitos para que los potenciales votantes exhiban información personal o documentación que confirmen su ciudadanía o residencia. Los Demócratas están denunciando ahora que sus rivales Republicanos se abrazan a esas objeciones, en la forma de 'supresión de votos'. Si los Demócratas se impusieran en ese debate, será posible para cualquiera votar en los comicios sin tener el menor contacto humano, recurriendo a un sistema potencialmente susceptible de orquestar un fraude masivo.

Otro problema que exhibe el programa de Biden a la hora de nacionalizar los procedimientos de votación es que existen cuatro enmiendas en la Constitución de los Estados Unidos que dejan bien claro que son los estados quienes determinarán la modalidad del sufragio. Esto significa que, aún cuando se aprobare la nueva ley a través del Congreso, y aún cuando ella sea firmada por el presidente, ciertamente habrá desafíos con base en su inconstitucionalidad. Mientras que los estados Demócratas presuntamente avanzarán con la guía impuesta por Washington, aquellos estados en donde aún se imponen los Republicanos, sin lugar a dudas resistirán cualquier nacionalización del sistema electoral.

Esto no significa que el actual sistema de votación sea invulnerable ante el fraude. Con frecuencia, no lo es, razón por la cual legislaturas estatales como las de Georgia, Texas y las de otros estados bajo control Republicano han aprobado nuevas leyes que, en muchos casos, exigen la presencialidad para votar, así como también la exhibición de documentación que confirme ciudadanía y residencia. Asimismo, se incluye en tales ejemplos la purga de votos producidos por personas que han muerto o que se han radicado en otros estados. Las nuevas leyes propician que sea razonablemente posible crear un sistema en el que la seguridad en la votación y su integridad sean optimizadas, pero el hecho es que los Demócratas no están genuinamente interesados en reducir los votos ilegales. Antes, bien, su interés coincide con el de crear un ambiente permisivo en donde todos sus presuntos simpatizantes estén capacitados para sufragar, sin tener que hacer el menor esfuerzo para ello, y sin que se les exija certificar quiénes son y que en realidad son ciudadanos.

Previo a los últimos comicios nacionales, examiné personalmente los procedimientos para registrarse y votar en mi estado local de Virginia, y llegué a la conclusión de que uno perfectamente puede registrarse y votar sin contacto humano alguno. El proceso de registración puede acompañarse del simple rellenado de un formulario online, el cual puede verse aquí. Obsérvese, particularmente, lo siguiente: el formulario exige que uno indique con un check que cuenta con la ciudadanía estadounidense. Cuando luego consulta por el nombre del aplicante y por su domicilio -así como también su seguro social, fecha de nacimiento y si uno cuenta con antecedentes criminales, o si no está capacitado para votar. Luego, el interesado deberá firmar y fechar el documento, para luego hacer click en 'Send'. Dentro de los diez días, quien aplicó debería recibir una tarjeta de registración para votar en Virginia, la cual puede presentarse si uno vota en persona -aún cuando no le es requerido hacerlo.

Es importante apuntar que no deben presentarse documentos para respaldar la aplicación rellenada, lo que significa que toda la información aportada podría ser apócrifa. Uno incluso puede evitar proporcionar un número de seguro social, chequeando en el box que indica que jamás se le ha proporcionado uno, aún cuando el formulario explicita que el interesado deberá contar con un número para poder ser registrado. Incluso es posible ingresar un domicilio temporal, afirmando que es una 'persona sin hogar' o homeless. Incluso la información relativa a la fecha de nacimiento es inútil, conforme el formulario no consulta dónde la persona ha nacido, que es la manera en que los registros son archivados por los gobiernos estatales y locales. A la postre, sólo el número de seguro social valida el documento, y es lo que figura en la tarjeta de votación, pero incluso ese dato puede ser falseado o bien inventado -tal como ya lo han descubierto numerosos trabajadores indocumentados que se encuentran hoy en los Estados Unidos.

Previo a la elección de noviembre pasado, tanto mi esposa como yo recibimos cuatro papeletas no solicitadas en nuestro correo, todas las cuales fueron enviadas a nuestro domicilio con remitente anónimo. Examiné esas papeletas cuidadosamente, y noté que no contenían números de serie ni otras formas de validación que podrían ser utilizados para limitar el potencial para un fraude. En un estado como Virginia, el voto por correo exige la propia firma y un testigo, que bien podría ser cualquiera. Esto también se da en otros seis estados. Treinta y ún estados sólo exigen la propia firma en la papeleta, mientras que otros tres exigen que el documento sea notariado -una valiosa salvaguarda, conforme el votante habrá de producir alguna documentación para identificarse. Siete estados piden una firma adicional en el sobre de la papeleta, y dos estados eigen que el votante acompañe el voto con una fotografía propia. Algunos de estos procedimientos han sido modificados desde los argumentos de noviembre, aunque pareciera ser que sólo un puñado de estados Republicanos que buscan aprobar nuevas leyes le otorgan seriedad al problema. En otras palabras, las salvaguardas electorales varían de un estado a otro pero, en la mayoría de los casos, el fraude puede ejecutarse de modo relativamente fácil si uno recurre al voto por correo. En rigor, el ex presidente Jimmy Carter encabezó una comisión de conformación bipartidista en 2005, que concluyó que los votos emitidos por correo consignaban 'la principal fuente para un eventual fraude electoral' en cualquier sistema de votación.

Desde luego, Joe Biden tiene la razón cuando se refiere a una crisis en desarrollo, comparable a la de la Guerra Civil. Pero aquello que elige ignorar es que la Casa Blanca se dedica a, cautelosamente, alimentar lo que se ha convertido en un creciente coro de disensos. El y sus colegas en el Congreso promocionan -deliberadamente y con malicia- una agenda que, de resultar exitosa, conducirá a algo parecido a un sistema de partido único en los Estados Unidos. Combínese esto con los intentos por aprobar una nueva legislación y acciones ejecutivas con miras a perseguir a 'extremistas de orden doméstico' -que la presente Administración ha definido como 'supremacistas blancos'-, y no será nada difícil imaginar qué tipo de problemas se están cocinando.


Artículo original, en inglés