La guerra contra la libertad de expresión arrecia en los Estados Unidos

Los esfuerzos de la Administración Biden en pos de retirar las tropas estadounidenses de Afganistán e Irak previo a fin de año es loable, is commendable and it is hoped thay se espera que, luego de ello, le llegue el turno a la partida de las tropas presentes en Siria. Sin embargo, uno debe compartir su preocupación frente al hecho de que las maniobras en el concierto exterior hayan sido planteadas para concentrar recursos gubernamentales en la guerra que se desarrolla en el frente interno, y que ya ha comenzado. Por cierto, quien esto escribe se refiere al esfuerzo recurrente para extirpar a los 'extremistas' del resto del pueblo estadounidense, toda vez que a los primeros se los ha identificado mayormente como 'supremacistas blancos'.

Como parte de esa novedosa guerra, el gobierno pone en la mira a ideas y también a hechos comprobables que entiende son indeseables, y particularmente cuando aquéllos hechos sinergizan con recursos del Internet, en especial las redes sociales -tras lo cual el gobierno se empeña en atacar a los críticos. Se ha dicho que la pretendida oferta de 'desinformación' le hace daño al país y al pueblo de los Estados Unidos. Recientemente, gran parte del foco ha sido el virus del COVID, en respaldo a las intenciones de la Casa Blanca de vacunar a todos los ciudadanos y, cada vez más, obligándolos a portar tapabocas al entontrarse aquéllos en el interior de espacios cerrados que son accesibles al público. Estos esfuerzos están siendo respaldados por las redes sociales -incluyendo Facebook, espacio que exhibe anuncios redirigiendo a los usuarios hacia 'sitios seguros' toda vez que aparece alguna pieza que amenaza la ortodoxia gubernamental que versa sobre la diseminación del virus de referencia.

Razonablemente, uno podría argumentar que en efecto existe una crisis de salud pública, y que ésta es parte de un problema global que requiere de una intervención oficial coordinada. Sin embargo, las estadísticas actuales revelan que existen bajos niveles de infección y muertes, y que una gran mayoría de estados no acompañarían semejante medida de contención. Y también podría apuntarse que el creciente problema, vinculado a la regulación del discurso y de las ideas por parte del gobierno, que trabaja en consonancia con grandes corporaciones, es potencialmente más serio que el COVID o que cualquier otro virus.

Si el gobierno de los Estados Unidos y sus socios corporativos intentaran, honestamente, proteger al pueblo, uno al menos podría simpatizar con los esfuerzos presentados, pero lo cierto es que tanto el gobierno como las empresas han falseado la realidad, para aferrare a sus propias agendas. Recientemente, Jen Psaki -vocera de la Casa Blanca- sugirió que aquellas personas que diseminen información falsa sobre las vacunas anti-COVID podrían ser impedidos de hacerlo en las redes sociales. La funcionaria implicó que el gobierno podría compilar listados de 'extremistas', y utilizar su autoridad regulatoria para que las firmas del Internet censuren a ciudadanos y grupos específicos, cumpliendo con órdenes gubernamentales. La justificación plantearía que, en este caso, la Casa Blanca podría tener carta blanca para censurar la libertad de expresión, en razón de una crisis sanitaria.

Sin lugar a dudas, Psaki ha descubierto cierta benevolencia de parte del Estado presente, la cual pocos ciudadanos de este país habían notado antes. Los extranjeros, sin embargo, estando del lado de quienes reciben la peor parte de las guerras fundadas en las mentiras de Washington, bien podrían mostrarse en desacuerdo. El ex presidente Bill Clinton se abrazó a una falsa narrativa para justificar la guerra en los Balcanes, y luego se respaldó en ataques no provocados en Sudán y Afganistán para alejar la atención de sus amoríos con una interna. George W. Bush y su pandilla de neoconservadores, una mayoría de los cuales mantienen hoy posiciones de privilegio, recurrieron a lo que hoy se denomina fake news para justificar la destrucción de Afganistán e Irak. Barack Obama mintió a efectos de derrocar los gobiernos de Libia y Ucrania, mientras que también intentó hacer lo propio en Siria.

Abunda la mentira por todas partes y, ahora, ¿se supone que los estadounidenses debemos creer que la Administración Biden se esmera en beneficiarnos? Alguien escribió, en algún post online: 'El partido que cree que los hombres pueden quedar embarazados, ¿ahora se propone controlar la 'desinformación' en el Internet?'. No ha de soslayarse que las políticas públicas que buscan lograr que el público se comporte de determinada manera, sin importar lo inocente de las mismas, pueden siempre ser utilizadas para ser ampliadas posteriormente, transformándose en algo más siniestro.

Y, ¿qué hay de las compañías que regentean las redes sociales? Facebook cuenta, desde hace ya tiempo, con un grupo de censura encabezado por un ex oficial del gobierno israelí. El CEO, Mark Zuckerberg, ha reconocido ante el Congreso que Facebook suprime casi todo aquello que se da en llamar 'discursos de odio' de manera automática, utilizando algoritmos computacionales que se respaldan en asociaciones de palabras, para determinar qué se permite publicar en la red y qué no. Las piezas consideradas extremas son toleradas solo de manera limitada, limitándose automáticamente la distribución de las mismas, y siendo desactivadas las funciones para compartirlas. Google emplea algoritmos similares, para asegurarse de que los sitios web y los individuos cuyas ideas no se aprueben, no aparezcan entre los resultados de búsqueda. Asimismo, Google utiliza software para 'redirigir' a los usuarios, alejándolos de sitios cuyo management no aprueba.

Y, ahora, PayPal, tutelada por el servicio de subastas eBay, y devenido en herramienta esencial para el respaldo financiero de pequeños grupos de interés público, ha anunciado que reforzará los criterios pautados por la Liga Antidifamación (ADL), para combatir 'al odio', cercenando el financiamiento de grupos extremistas. Pero su definición de 'odio', criticada por ser extremadamente subjetiva y reformulada para condenar a grupos que no caen en agrado de la ADL por razones políticas, ha motorizado preocupaciones genuinas en relación a la dirección que el problema está tomando. Con frecuencia, la ADL ha sido criticada por detectar odio en prácticamente cualquier parte, en particular entre los grupos de conservadores blancos. La cadena rusa Russia Today cita un ejemplo reciente de semejante fervor, 'en respuesta al artículo pulicado en el Correo Nacional de Canada, que fuera denunciado por ADL porque su autor mencionó que uno de los 32 legisladores que respaldaba la reforma impositiva pertenecía a una fraternidad universitaria judía'. En pocas palabras, cualquier discusión vinculada a Israel o al comportamiento de sus ciudadanos que no tenga lugar en un ámbito de positividad será considerado 'discurso de odio' por la ADL y por PayPal.

En efecto, PayPal y la ADL emitieron un comunicado conjunto la pasada semana, en el cual afirmaron: 'PayPal y la ADL centrarán sus esfuerzos en desenmascarar y bloquear los canales de financiación que respalden a grupos extremistas y a movimientos de odio', agregando que, poco después, 'irán contra los actores y contra las redes que diseminan mensajes de intolerancia y odio contra cualquier comunidad'.

Ese joint venture también involucrará 'el lanzamiento de un esfuerzo investigativo' para determinar cómo 'los extremistas y movimientos del odio a lo largo de los Estados Unidos buscan hoy apalancarse en redes de financiamiento para financiar actividades criminales'. La información negativa recopilada será compartida luego con la policía, con servicios financieros y con el gobierno, presuntamente, para crear un ambiente en donde tales grupos sean marginados y clausurados por completo, para que no tengan acceso al espacio público, e incluyendo el potencial arresto y acusación de los involucrados.

El recurrente contubernio entre el Estado presente y los servicios que publican opiniones e información online nada tiene de bueno. Permite que aquellas organizaciones mejor financiadas y políticamente vinculadas trabajen en conjunto para limitar aquello que el público no debe conocer. Su prerrogativa que reza 'eliminar la desinformación' es sesgada, reemplazando a las voces disidentes, en tanto se privilegiará a las organizaciones público-privadas que, en esencia, determinarán la publicación de lo que es aceptable y de lo que no lo es. De tolerarse esta continuidad, se consolidará la muerte de la libertad de expresión en los Estados Unidos, ya que todo aquel que presente su desacuerdo con la narrativa vigente será etiquetado de 'extremista' o de 'promotor de odio', incluyendo persecución judicial para los que no estén de acuerdo. 

No será una exageración sugerir que estamos asistiendo a los primeros pasos de la creación de un Estado totalitario con sistema de partido único. Acaso sea esa la intención.