Joe Biden critica a Nicaragua, pero termina cediendo ante el régimen centroamericano

En los últimos meses, la brutal y extendida dictadura de Daniel Ortega y su esposa -a la sazón, vicepresidente- Rosario Murillo, han depositado a Nicaragua en una crisis política sin precedentes y a un ecosistema de violaciones de derechos humanos. Hasta el momento, la réplica de la Administración del presidente estadounidense Joe Biden frente a ese régimen ha sido débil.

Elegidos con apenas el 38% de los votos en 2006, Ortega y su esposa han reconvertido sistemáticamente a la democracia nicaragüense, con la asistencia del ya desaparecido presidente venezolano Hugo Chávez, y luego con la de Nicolás Maduro. Los Ortega se hicieron del control de todos los espectros del gobierno, establecieron un Estado policial, llevaron adelante comicios fraudulentos y, eventualmente, modificaron la constitución del país para que su letra permitiera que Ortega permanezca en el poder, de por vida.

Puesto en palabras más sencillas, en su búsqueda del poder absoluto, el régimen 'Or-Mu' -como suele califcárselo en Nicaragua- le declaró la guerra a su propio pueblo.

En instancias previas a la fraudulenta reelección escenficiada en noviembre pasado, el régimen arrestó a 36 referentes de la oposición política y a líderes de la sociedad civil, bajo cargos falseados -ello sucedió en mayo del año en curso. 

Entre las personas enviadas a prisión, están cinco de siete ex candidatos a la presidencia (los otros dos se encuentran bajo arresto domiciliario), junto a estudiantes, periodistas, referentes de la industria, líderes religiosos, y activistas.

En oportunidad de celebrarse recientemente una charla en la sede del think tank estadounidense The Heritage Foundation en Washington, D.C., las viudas de dos de los candidatos detenidos declararon que sus respectivos cónyuges habían sido sometidos a tortura psicológica y física, privándoselos de tratamiento humanitario.

Desde 2018, el régimen de los Ortega ha privado de su libertad -de manera ilegal- a más de ciento cincuenta prisioneros políticos.

Lo que es más perturbador, entre los citados prisioneros se encontraban un ciudadano estadounidense y Eddy Montes, veterano de la Armada de los EE.UU., quien fuera asesinado en una prisión de Managua, en el curso de 2019.

Mientras tanto, ¿cuál ha sido la réplica de la Administración del presidente estadounidense Joe Biden? Ha criticado al régimen de Nicaragua, apenas en un puñado de comunicados de prensa, y desde algunos tweets.

En lo que consignó una iniciativa más proactiva, los departamentos del Tesoro y de Estado americanos tomaron medidas, a efectos de sumar a personas físicas al listado de sanciones elaborado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), en tanto también se han anulado los visados de otros cien funcionarios del régimen y de miembros de su familia, tras conocerse el arresto de los candidatos de la oposición en junio pasado.

Sin embargo, lo cierto es que la Administración Biden ha compartido mensajes contraproducentes, conforme lo prueba el sorprendente anuncio -dado a conocer por el Departamento de Comercio, que promocionó un evento para enero de 2022, en el que se enumerarán oportunidades de inversiones y negocios en Nicaragua.

Más significativo aún, el matutino estadounidense The Wall Street Journal ha referido que, sin anunciarse ello masivamente, la Administración ha destinado un bono multimillonario en dólares de los Estados Unidos para el criminal régimen nicaragüense.

Luego de producirse un cambio en la política global del gobierno estadounidense, próximamente, el régimen Or-Mu pronto tendrá el derecho de acceder a cientos de millones de dólares en derechos especiales de giro de parte del Fondo Monetario Internacional -como parte de un esquema de asistencia incondicional que no exigirá repago, para miembros del citado fondo.

Los derechos especiales de giro son activos sobre reservas, asignados por el Fondo Monetario Internacional, a los Estados-miembro firmantes. Estos aportes se basan en cuotas, y pueden ser convertidos a moneda dura. Tal como se informara en su oportunidad desde Heritage Foundation, el grueso de esos aportes serán convertidos en dólares, cuya carga finalmente recaerá en serios costos para los contribuyentes en los propios Estados Unidos.

En agosto pasado, el FMI aprobó la colocación de US$456 mil millones en derechos especiales de giro, para ser destinados en cuotas a los 190 miembros del organismo. La cifra equivale a US$ 650 mil millones, con base en la actual tasa de cambio utilizada por el Fondo Monetario.

Al ser consultada sobre este particular, la Administración Biden replicó que se opondría al nuevo crédito para el régimen Or-Mu. No obstante, la colocación de los DEGs hacia los miembros del FMI -entre los que se cuenta a Nicaragua- fue garantizada estrictamente con el respaldo de Janet Yellen, Secretaria del Tesoro de los Estados Unidos. Esta decisión revirtió, en los hechos, la oposición planteada por la anterior Administración americana, cuyos funcionarios citaron que los fondos serían bloqueados para que no recayeran en regímenes tale como China, Irán y Nicaragua.

El monto con que Managua se beneficiaría asciende a US$ 249 millones en DEGs aunque, en rigor, The Wall Street Journal informa que la cifra real ascenderá a los US$ 354 millones. El Fondo Monetario Internacional no reconoce al régimen socialista de Nicolás Maduro en Venezuela y, por lo tanto, a Venezuela le ha sido impedido beneficiarse con los novedosos DEGs. Nicaragua, sin embargo, aún es reconocida como miembro del FMI, de tal suerte que el régimen de Ortega y Murillo terminará recibiendo los fondos de referencia.

Adicionalmente, y desde que los Ortega retomaron el poder en 2007, la nación centroamericana ha registrado un marcado declive en materia de libertad económica, conforme cada año lo cita el Indice de Libertad Económica, elaborado por The Heritage Foundationx. En particular, la economía nicaragüense ha venido contrayéndose consecutivamente, desde 2017.

Más aún, el inmerecido financiamiento otorgado por el FMI será entregado, a pesar de los numerosos informes que el régimen de Ortega y Murillo ha compartido; éstos han reducido artificialmente las cifras de infecciones por COVID-19, y ha acosado a médicos del país bajo acusaciones de 'terrorismo sanitario', tras advertir los galenos que los guarismos reales eran mucho peores que los reportados por las estadísticas oficiales.

Previo a la celebración por el Día Nacional de la Independencia en Nicaragua el 15 de septiembre, Antony Blinken -Secretario de Estado americano- dio a conocer un comunicado que condenaba la represión contra las libertades políticas y contra la sociedad civil en Nicaragua, reafirmando que 'Los Estados Unidos de América defienden a todos aquellos que hablan con la verdad frente a los poderes de turno, defendiendo los derechos humanos, y fortaleciendo a las instituciones democráticas'.

Pero, si la Administración Biden pretende ser tomada con la debida seriedad frente a sus propias declaraciones, su política de Estado habrá de formular más duras medidas, de la magnitud que generen onerosos costos para el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Artículo original, en inglés


* Desarrollado con la colaboración de Mateo Haydar, periodista en el medio estadounidense The Daily Signal.