España: 'pinchazo' recaudatorio

A comienzos de este año, entraron en vigor dos nuevos impuestos, que castigaban actividades centrales en la economía de España: la Tasa Google y la Tasa Tobin.

 

La primera gravaba con un 3% determinados servicios digitales provistos por las grandes firmas tecnológicas; en particular, sus ingresos derivados de servicios de publicidad en línea, intermediación en línea y transmisión de datos: es decir, en un momento en el que la economía estaba virando, debido al contexto pandémico y postpandémico, hacia la digitalización, el Ejecutivo apostaba por penalizar algunas de las actividades críticas dentro de ese proceso de digitalización.

 

La segunda gravaba con un 0,2% las operaciones de compraventa de acciones societarias españolas, siempre que fueran compañías cotizadas y con una capitalización superior a los 1.000 millones de euros: es decir, en un momento en el que la economía española necesitaba captar mucho más ahorro para recapitalizarse después del shock pandémico, el Ejecutivo apostaba por penalizar la captación de capital por parte de nuestro tejido productivo.

 

Un doble dislate que, sin embargo, nos vendieron necesario y conveniente por su potencial recaudatorio: con la Tasa Google, nos prometían obtener 985 millones de euros en 2021; con la Tasa Tobin, €850 millones. Entre ambas, pues, estábamos hablando de más de 1.800 millones de euros: cuantía que, aun cuando no daría ni siquiera para cubrir la adeudada revalorización inflacionaria de las pensiones de este año, era una cifra para nada desdeñable.

 

O, dicho de otra manera: el Gobierno trataba de persuadir a los ciudadanos de que sus rejonazos fiscales contra la economía productiva eran muy saludables porque, gracias a ellos, sería capaz de obtener amplias sumas de dinero, las cuales podría destinar a impulsar decisivas mejoras de la calidad de vida de los españoles.

 

Acaso el cebo que nos tendió el Ejecutivo conseguiría arrastrar a algunos ciudadanos a que aplaudieran la extemporánea subida de impuestos de PSOE-Podemos, pero a la luz de los datos de recaudación tributaria que estamos conociendo, convendría que se replantearan su posición. Y es que ya disponemos de los datos de recaudación para ambos tributos correspondientes a la primera mitad de 2021 y los resultados han sido deplorables.

 

Por un lado, la recaudación de la Tasa Tobin durante los primeros seis meses del año apenas ha alcanzado los 160 millones de euros, esto es, un 65% menos de lo que deberíamos haber obtenido durante ese mismo período; por otro lado, la recaudación de la Tasa Google durante la primera mitad de 2021 tan sólo asciende a 92 millones de euros, es decir, un 80% menos de que se esperaba durante esos meses. Claramente, pues, las previsiones del Ejecutivo estaban enormemente infladas: de reproducirse estos mismos resultados durante el segundo semestre de 2021, la recaudación conjunto de ambos impuestos apenas alcanzaría los 500 millones de euros… frente a los más de 1.800 millones que prometieron.

 

Lo cual, claro, debería llevarnos a formular dos preguntas. Primero, si el Ejecutivo aceptó los adversos efectos que sobre la economía conllevarían estos dos tributos por el empujón recaudatorio que también acarrearían, ¿siguen siendo a día de hoy esos impuestos justificables habida cuenta del pinchazo recaudatorio al que estamos asistiendo? Segundo, si el Ejecutivo determinó un volumen de gasto público acorde a la recaudación esperada por esos impuestos, ¿corregirá en sucesivos presupuestos ese sobregasto no financiable mediante estos dos impuestos? Pues no esperen ni reflexión ni rectificación. Recaudaremos entre un 60% y un 80% menos por la Tasa Tobin y la Tasa Google pero soportaremos el 100% de sus distorsiones y ejecutaremos el 100% de los gastos.