Haití: crecientes niveles de violencia plantean la necesidad de una réplica de seguridad

El reciente secuestro de diecisiete misioneros -dieciséis estadounidenses y un canadiense, siendo cinco de ellos niños- y de un chófer local en Haití ha atraído la atención internacional, a partir de la epidemia de violencia y la falta de aplicación de la ley que, durante años, el pueblo haitiano ha venido padeciendo durante años.

De la mano del asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio pasado, la recurrente actividad criminal está poniendo en jaque a la poca autoridad que el gobierno en Puerto Príncipe está en capacidad de ofrecer. La policía haitiana, o bien es incapaz de hacer frente al problema o, acaso con demasiada frecuencia, es cómplice de las pandillas criminales perpetradoras de los delitos.

El 19 de octubre pasado, el matutino estadounidense The New York Times informó que los secuestradores exigieron el pago de un rescate de US$ 17 millones, totalizando un millón de dólares por la vida de cada ciudadano norteamericano. En un video publicado el 22 del mes pasado, públicamente, el jefe de la pandilla amenazó con ejecutar a los rehenes estadounidenses, si no se hacía frente al pago de la suma.

Se trata de la misma pandilla, denominada 'Mawozo 400' que secuestrara a cinco sacerdotes y a dos monjas, incluyendo a ciudadanos franceses, en abril pasado. Esas personas fueron, eventualmente, liberadas.

El núcleo 'Mawozo 400' -que rápidamente se traduce en lenguaje criollo como '400 campesinos'- es una de las bandas criminales más grandes del país. Con base operative en la comuna de Ganthier, en la ruta principal que conduce hacia República Dominicana, se ha informado que la pandilla asciende aproximadamente a mil miembros, factor que les garantiza una significativa cuota de poder en los suburbios de Puerto Príncipe, incluyendo a la comuna de Croix-des-Bouquets, donde los misioneros fueron secuestrados en esta oportunidad.

Toda vez que los secuestradores se han dedicado históricamente a poner la mira en ciudadanos haitianos de clases medias, la operación ha evolucionado en los últimos años, para terminar incluyendo a ciudadanos extranjeros, miembros del clero, e incluso a vendedores callejeros pobres -quienes en general son forzados a pagar con electrodomésticos. 

Haití se ha anotado la cifra de 782 personas secuestradas desde enero pasado, incluyéndose en ese guarismo a 53 extranjeros, de acuerdo al Centro para el Análisis e Investigación sobre Derechos Humanos, una ONG con base en éste país. El total de secuestrados durante 2020 asciende a 796 personas. El sitio web Vice News informó sobre un perturbador incremento del 400% en secuestros, entre 2019 y 2020.

El frágil e ineficiente Estado de derecho en Haití ha sido un factor de peso en los extremadamente bajos puntajes que esta nación ha cosechado en el Indice de Libertad Económica, desarrollado por el think tank estadounidense The Heritage Foundation, en Washington, D.C. Sin embargo, el problema ha adquirido una nueva dimensión.

Sumándose a los padecimientos económicos surgidos de la pandemia de COVID-19, y a la reconocida incapacidad gubernamental a la hora de lidiar con el problema de las pandillas -el cual suele vincularse al Estado o a grupos políticos de oposición-, Haití se ve hoy conmovido por una crisis política que ha amplificado un incremento exponencial en la violencia a manos de pandillas organizadas y los secuestros.

Las elecciones en Haití se han convertido en un negocio para las bandas criminales, según lo ha revelado el sitio web especializado InSight Crime recientemente. Los políticos han cerrado tratos con pandillas durante años, por lo general empléandolas como instrumento para movilizar a los votantes, para atacar a sus rivales, y para intimidar a votantes de la oposición cuando se aproxima la fecha de comicios.

No obstante, desde que Moïse pospuso la fecha de los comicios parlamentarios programados para 2019, que aún deben realizarse, las pandillas se han quedado sin ese ingreso clandestino que solía ser estable.

A su vez, Moïse se manejó por decreto presidencial durante un lapso de dieciocho meses -hasta ocurrido su homicidio-, intensificando la inestabilidad en el país y exponiendo los groseros fallos del Estado al momento de imponer el orden.

Esto fue seguido de un terremoto de 7.2 grados en la escala de Richter en agosto pasado, evento que puso en jaque a gran parte de la infraestructura del país en el cuadrante sudoeste, con un saldo de más de trescientos muertos y al menos 1.800 heridos.

Ahora, Haití contabiliza más de 167 pandillas, de acuerdo a una estimación de Naciones Unidas. Las mismas se han incrementado en tamaño y, cada vez con mayor frecuencia, se han independizado de sus patrones políticos, como ha sido el caso con la pandilla G9 y Familia en Puerto Príncipe, íntimamente asociada con el gobierno de Moïse y con una de las redes criminales más poderosas del país.

De acuerdo a otra estimación, las pandillas controlan hasta el 40% del territorio en Puerto Príncipe. Peor todavía, aproximadamente el 60% del total del electorado haitiano reside en áreas controladas por pandillas, aspecto que pinta un obscuro cuadro para el Haití rural.

Moïse declaró el estado de emergencia durante sus últimos meses en el poder, determinación que el Consejo de Ministros enmendó, para incluír acciones conjuntas entre la policía y las fuerzas armadas, para que combatan a las pandillas. Ese mismo mes, el presidente pidió a la Organización de Estados Americanos que se le brindara asistencia regional, luego de que cuatro policías fallecieran en un allanamiento.

Mientras que el gobierno de los Estados Unidos de América ha invertido miles de millones de dólares en programas de desarrollo y en asistencia humanitaria durante la última década, un porcentaje muy inferior de esa ayuda ha sido destinada a seguridad. La coordinación regional en torno de la asistencia para seguridad ha brillado por su ausencia, especialmente desde el final de la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), que terminara contaminada por el escándalo.

Cualquier esfuerzo futuro de asistencia para Haití deberá considerar el empleo de instrumentos por fuera de la muy desacreditada opción de mantenimiento de paz ofrecida por Naciones Unidas. La omisión de cualquier énfasis en el problema de la seguridad es perturbadora, particularmente dado el incremento de la violencia y la subsiguiente crisis migratoria regional.

Los haitianos representan casi la mitad de los 30 mil migrantes registrados cruzando hacia el estado americano de Texas a través del puente Del Río sólo en el mes de septiembre; con la mayoría de ellos abriéndose camino desde América Central y Sudamérica, donde muchos han sido beneficiados con el asilo.

A fines de ese mes, 16 mil migrantes haitianos adicionales se hallaban en Colombia, esperando trasladarse a través de las peligrosas junglas del Darién en Panamá, camino hacia la frontera sur de los Estados Unidos. El canciller de relaciones exteriores panameño predijo a inicios de octubre que una segunda ola de migrantes se trasladaría desde Haití hacia el norte, y a muchos otros países, y que totalizarían aproximadamente 60 mil.

La convergencia de tragedias que ha amplificado la reciente ola de violencia exige la inmediata atención del Congreso de los Estados Unidos y de la Administración Biden. Será necesario proveer al despliegue del FBI en Puerto Príncipe, a efectos de asistir en la recuperación de los rehenes estadounidenses y canadienses; decisión correcta bajo todo punto de vista.

Sin embargo, los padecimientos de Haití exigirán una réplica de seguridad acorde de parte de Occidente -una que aprenda sobre los errores de iniciativas pasadas. Estando ahora en juego la seguridad personal de ciudadanos de los Estados Unidos, esa réplica deberá sobrevenir de la mano de un liderazgo adecuado. 

Artículo original, en inglés


* Desarrollado con la colaboración de Mateo Haydar (The Daily Signal)