Argentina: tras el 14 de noviembre, ¿llegará un ministro al estilo de Celestino Rodrigo, o de Remes Lenicov?

En 1975, fue el ministro Celestino Rodrigo quien debió corregir el lío que había dejado José Ber Gelbard. En 1981, arreglar el atraso cambiario de la tablita de José Alfredo Martínez de Hoz fue faena de Lorenzo Sigaut, quien, encima, lo ejecutó ingenuamente. Tiempo después, Juan Vital Sourrouille simuló arreglar el lío que había dejado Bernardo Grinspun, y el plan Austral derivó en el plan Primavera, que terminó devorándose en el Ministerio de Economía a Juan Carlos Pugliese y, acto seguido, a Jesús Rodríguez.

Previo a solucionar el problema de la hiperinflación, fue Erman González el que pagó el costo de “arreglar” el desastre de los depósitos no disponibles vía el Plan Bonex y, aún así, se equipo no logró dominar las expectativas negativas.

Jorge Remes Lenicov se encargó, finalmente, de devaluar; tras meterle la mano en el bolsillo a los depositantes con la pesificación asimétrica de los depósitos y los préstamos.

Néstor Kirchner tuvo la suerte de arribar con el trabajo sucio ya consolidado por Remes, licuando el gasto público a través de la inflación, confiscando depósitos, aunque también se vio beneficiado con la ola de suba de los precios internacionales de las materias primas.

Mauricio Macri pagó el costo de limitarse a aplicar un “Rodrigazo” en cuotas, como fue el ajuste de las tarifas de los servicios públicos a partir del feroz atraso que había ccompartido Cristina Fernández Fernández de Kirhcner.

Alberto Fernández paga hoy el costo, agravando la situación que CFK le legara a Macri, y que éste no arregló.

En definitiva, todos los presidentes y sus ministros van acumulando problemas heredados de sus antecesores; ninguno es capaz de solucionarlos y, lejos de ello, agravan la problemática. En consecuencia, las medidas a adoptar terminan siendo duras, quitándole la cola a la jeringa.

Como se ha señalado en otras oportunidades desde este espacio, ahora confluyen, hacia el futuro, dos desajustes macroeconómicos que hacen recordar al Rodrigazo y al fin del Plan Primavera en febrero de 1989. El primer trema tiene que ver con los controles de precios, el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos y el atraso del tipo de cambio oficial; el segundo, con el stock de Leliq y Pases que hacen recordar a los depósitos indisponibles de los años ochenta. La pregunta es si acaso existe margen para una estrategia de salida suave de estos dos problemas.

La realidad es que uno de los rubros que más crece en el gasto público son los subsidios económicos, donde el acumulado de los primeros nueve meses del año exhibe un aumento del 85,5% frente al mismo período de 2020. Desactivar este atraso cambiario sin que se genere una caída del ingreso real y malhumor social, se percibe como una faena bastante difícil.

Finalmente, el gradualismo que aplicó Mauricio Macri terminó por desgastar sus expectativas políticas, porque todos los meses el ex presidente se veía forzado a compartir malas noticias en materia de aumento de tarifas de servicios públicos. Si un mes no subía la luz, subían el agua, el gas, etcétera. Recordemos el conflicto interno dentro de la coalición gobernante en su oportunidad, a raíz del aumento de las tarifas de los servicios públicos y la posterior renuncia de Juan José Aranguren.

En octubre pasado, hubo financiamiento récord de emisión monetaria, lo cual está exteriorizando un agravamiento del déficit fiscal, déficit que será mayor cuando ya no estén los ingresos del impuesto a las grandes fortunas y los ingresos especiales por los DEG que distribuyó el Fondo Monetario Internacional aunque, en rigor, se transformaron en emisión monetaria.

En efecto, con la emisión el Gobierno cobra el impuesto inflacionario para ir licuando el gasto público, en particular al ir licuando las jubilaciones -que aumentaron el 37% en los primeros nueve meses del año versus igual período 2020-, los salarios del sector público, el 46%, y el conjunto de las llamadas prestaciones sociales -las cuales se incrementaron en un 22,6%. En otras palabras, se pretende licuar el gasto público con inflación al estilo Eduardo Duhalde, pero choca con Roberto Feletti, quien no quiere cobrar el impuesto inflacionario, al congelar los precios. Hay contradicciones internas en el gobierno, en materia de política económica.

Además, el gasto cuasifiscal -que requiere pagar intereses por una deuda del BCRA que ya está en los AR$4,4 billones- se financia con más deuda del BCRA, o con las dos opciones de ingresos que tiene el BCRA: el impuesto inflacionario y la devaluación de la moneda frente al dólar.

Si devalúan, acentúan la fuga de divisas, y deben aplicar una tasa de impuesto inflacionario creciente, creando más inflación hasta niveles insospechados. Si el Gobierno no devalúa, se encontrará con el problema del sector externo, que hará escasear dólares artificialmente baratos; en consecuencia, no podrán importarse los insumos necesarios para producir bienes, muchos de posterior exportación. Pretender hacer sintonía fina con la devaluación sin tener moneda, como es característico de la Argentina, es un verdadero delirio.

Más aún, el argentino de a pie ya no quiere el peso y, por lo tanto, para poder recaudar el mismo impuesto inflacionario en el tiempo, el BCRA debe cobrar una tasa cada vez más alta (emisión monetaria), en razón de que la fuga de divisas achica la base de imposición -coincidente con los saldos monetarios en términos reales que la gente quiere tener en el bolsillo.

Dicho más sencillo: a mayor huída del dinero, menor será la base imponible para recaudar el impuesto inflacionario, y mayor la tasa de emisión, alimentando el círculo vicioso.

Solo si se lograra un gobierno que generase confianza y aumentare la demanda de moneda junto con el ingreso de capitales, se podría pensar en una salida no traumática, pero la realidad es que no existe ese escenario, que es el que pretende inventar Sergio Massa con un supuesto acuerdo. Massa entiende que, de repetirse o agravarse el resultado de las PASO para la coalición gobernante, la economía podría ingresar en un sendero de descontrol a raíz de las internas en el oficialismo, y en virtud de la falta de credibilidad que sus integrantes generan.

Conforme no están dadas las condiciones de credibilidad, la salida más probable tras el 14 de noviembre, es la elección de un Celestino Rodrigo, o bien de un Jorge Remes Lenicov que intente “resolver” los dos graves problemas mencionados. Y falta saber quién será el político que asumirá el costo de semejante zafarrancho, dada la acumulación de desequilibrios macro de magnitud, que hoy lucen infinanciables.

Imaginar un aterrizaje suave entre tanta turbulencia económica y política no luce muy probable. El presente modelo, si es que puede calificárselo de tal, es inviable. Solo falta saber el cuándo y el quién.