De Kyle Rittenhouse a Cali, Colombia

El Caso Rittenhouse en los Estados Unidos es emblemático frente a lo que está sucediendo, no solamente allí, sino en América Latina.

Se asiste a una guerra no declarada en las calles y contra el establecimiento, contra la cultura occidental de familia, religión, propiedad privada, empresarismo, libertades y tolerancia. Un sometimiento de la ciudadanía pacífica a la violencia de unos pocos armados.

 

Marxismo-leninismo en los Estados Unidos de América
 

Kyle Rittenhouse formaba parte de un grupo de seguridad vecinal, activado a raíz del vandalismo que siguió a la muerte de George Floyd a manos de un policía blanco en mayo de 2020.

Las protestas convocadas por Black Lives Matter (BLM), cuyas fundadoras y cabecillas (Garza, Cullors y Tometi) se declaran marxistas-leninistas, seguidoras de Assata Shakur, una terrorista ex Pantera Negra asilada política en Cuba, en donde también están protegidos los cabecillas del ELN, todos ellos con circular roja de la Interpol. Una turba atacó y derribó a Kyle, quien, haciendo uso de la Segunda Enmienda, portaba un arma larga. Desde el piso, abrió fuego y mató a dos de sus agresores: uno había pasado 14 años en prisión en el 2002, por abuso sexual contra menores y el otro también había cumplido condena por violencia intrafamiliar y escándalo público, en 2012. Un tercer agresor resultó herido, y admitió que había apuntado su arma contra Rittenhouse previo a que éste abriera fuego.

Numerosos políticos estadounidenses calificaron al joven de supremacista blanco (entre ellos, el propio presidente Joe Biden), como un hombre violento y peligroso (en este caso, fue Di Blassio, alcalde de Nueva York, admirador de Ernesto Che Guevara) y la prensa adscripta al Partido Demócrata pintó en caso como un incidente racista, a pesar que ambos muertos eran blancos.

Sin embargo, un jurado sensato entendió que Rittenhouse empleó el derecho universal a la legítima defensa, y lo declaró inocente frente a los cargos de homicidio.

Recientemente, también en Colombia, un médico -en ejercicio de la legítima defensa- mató a tres asaltantes en un puente peatonal en Bogotá. El hecho sucedió en enero y, ya en julio de este año, un juez falló a favor del galeno. La opinión pública, que en más de un 70% no cree la justicia neogranadina, hoy abrumada por la inseguridad y que mira con desconfianza que hasta las armas traumáticas sean restringidas, tiene como referencia fresca este caso.

 

Y, en Latinoamérica...
 

Colombia es el único país del mundo en donde no un joven civil como Rittenhouse, sino un soldado de la república, en cumplimiento de una orden de operaciones, uniformado, equipado y con un arma constitucional en sus manos, permitió que un indígena borracho y amenazante le colocara un machete en el cuello y entregara al azar su derecho a la legítima defensa. Entonces, los indígenas caucanos, envalentonados, avanzaron el pasado abril sobre Cali, y la destruyeron -evidente consecuencia de un ejercicio de autoridad claudicante. Ahora, planean volver a la misma ciudad, ante unas autoridades conciliadoras y convencidas que los lobos son vegetarianos. Dudo mucho que esta nueva protesta indígena se realice en paz. Si así sucede, pues será un gran logro. No obstante, la experiencia nos dice que estos deseos pasan casi siempre como ingenuidad o inexperiencia.

La ley del machete, es la que parece estar imperando en las protestas “pacificas” colombianas, con un claro propósito de desestabilización pre-electoral.

El uso de la fuerza letal es válido por parte de militares y policías, ante una grave e inminente amenaza contra su vida. Las condiciones de proporcionalidad, discriminación, advertencia, etcétera, no impiden que una agresión con un machete, dirigida a la humanidad de un uniformado, pueda ser repelida por uno o varios disparos. Un proyecto de Seguridad ciudadana, radicado por el gobierno del presidente Iván Duque, urge ante cifras de homicidios al alza (+18.3%) y de lesiones personales subiendo (+18.7%). En lo relacionado con la Legítima Defensa, el proyecto establece presunciones legales que favorecen a las víctimas.  

COTA: La eventual decisión del gobierno demócrata estadounidense de excluir a las narcoFARC de la lista de organizaciones terroristas, a pesar de sus estrechos vínculos con Hezbolá en Venezuela, demuestra el desinterés de Washington por las dinámicas regionales. En cualquier caso, la injerencia cubana y venezolana a través de las FARC, el ELN, Hezbolá, Rusia, China e Irán en las turbulencias preelectorales colombianas, consigna una amenaza directa contra la seguridad de los propios Estados Unidos.

Tanto como lo es el Caso Rittenhouse.